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EL JUEZ SACÓ UNA TARJETA ROJA Dijo que los clubes no pueden ejercer "el derecho de admisión" a los estadios, que la cantidad de partidos y los encuentros nocturnos parecen "atender a su televisación" en desmedro de la seguridad y que Interior le informó que la Policía "no cuenta con personal suficiente". AFA apelará.
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Por Daniel Lagares y Carlos Stroker  No habrá fútbol hasta nuevo
aviso. O "hasta que alguien llame al juez y le diga que necesitamos el fútbol",
según se decía anoche en los pasillos del caserón de la calle Viamonte, sede de la AFA.
El juez civil Víctor Perrota ordenó la suspensión provisoria de todos los torneos
organizados por la AFA a causa de los últimos episodios de violencia. Julio Grondona,
titular de la entidad, aceptó la medida del magistrado y anunció que hoy presentará la
apelación, rechazando la puerta abierta que había dejado el magistrado después de dar a
conocer su decisión. "Si la AFA viene y da seguridad de que los partidos pueden
jugarse yo podría rever la medida en pocas horas", admitió Perrota cuando lo rodeó
el enjambre de micrófonos. Sin embargo, hoy se reuniría con Perrota para acortar los
plazos y no recurrir a la apelación. La detención del torneo Clausura se produjo cuando
quedan dos fechas "y media" por disputarse, están decididos los dos descensos
de categoría y el título de campeón sigue incierto entre Vélez, Gimnasia y Lanús. Sin
embargo, esta noche la selección nacional enfrentará a la de Bosnia, en un amistoso en
Córdoba. Con la suspensión del fútbol queda expuesto un juego de intereses que hasta
ahora permanecía más o menos oculto.
En los fundamentos de su fallo, el magistrado hizo una definición política. Dijo que los clubes tienen "imposibilidad de ejercer eficazmente el derecho de admisión" porque "en atención a que sus autoridades no tienen conocimiento de quiénes pueden ser hinchas violentos, conforme resulta de sus respuestas a los respectivos requerimientos". También señaló una de las "causas coadyuvantes" para generar violencia es "la cantidad de eventos que se desarrollan en horario nocturno", sobre los cuales opinó que "parecen atender más a la conveniencia de su televisación que a la propia calificación de riesgo de los partidos". También razonó sobre el poder político cuando señaló que el Ministerio del Interior le informó que la Policía Federal "no cuenta con personal suficiente". Más allá del respaldo formal de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, la decisión de Perrota aparece como la respuesta de alguien acorralado. Recibió el caso, los incidentes continúan y no tiene apoyo político por lo que decidió cuidar su pellejo y dar una respuesta. Sin embargo es un movimiento espasmódico y solitario. Si no hay decisión del gobierno de erradicar a los barrabravas, la violencia continuará. Aquí vale el ejemplo de los ingleses que recién pudieron sacar a los hooligans de las canchas cuando bajó la decisión política que fue aceptada y puesta en marcha por los organismos de seguridad y los clubes. El trámite fue sencillo. Se identificaba a los violentos con antecedentes y se les impedía entrar a los estadios. Aquí, la situación parece muy distinta. Vale el ejemplo: el bloque de diputados del oficialismo repudió el fallo. La Fundación Fair Play, de mínima trayectoria en el fútbol argentino, presentó el 10 de febrero un recurso de amparo ante la jueza Ana Rosa Cusnir para que no comenzara el torneo Clausura por falta de seguridad en los estadios. A los pocos días el expediente cambió de manos y fue al despacho de Perrota quien comenzó a investigar a las barras bravas mientras se disputaban las primeras fechas del certamen que suspendió ayer. Desde entonces hubo varias reuniones entre Perrota, los dirigentes de clubes, del Comité Ejecutivo de AFA, la Secretaría de Seguridad Interior que presidía Adrián Pelacchi y ahora a cargo de Miguel Angel Toma. Sin embargo, la violencia dentro y fuera de los estadios continuó. En este lapso se registraron 25 incidentes con 50 heridos y 392 detenidos, en todo el país. Perrota pidió a los clubes que le informaran sobre los presuntos barrabravas de cada entidad. Trataba de reunir datos para hacer un cuadro de situación y pensaba que podía tener la colaboración de los dirigentes. Sin embargo, según afirmó en reiteradas oportunidades, los informes estaban "lavados" y "no sirven para nada". En los papeles que llegaron a su despacho no había nombres ni referencias puntuales. Tampoco le acercaron el "Acta de Compromiso" acordado con la AFA por la cual los clubes dejarían de dar entradas de favor. La sensación de que el juez pretendía una solución definitiva a la violencia en el fútbol era tan evidente como que carecía de apoyo político y de los dirigentes de los clubes. Los que están cerca de su despacho aseguran que los últimos hechos e informaciones que aparecieron esta semana en los medios colmaron su paciencia y lo impulsaron a decidir la suspensión. Los dos hinchas de River baleados desde un auto por hinchas de Independiente antes del clásico del domingo y la batalla campal en la platea de Estudiantes cuando terminaba el partido con Lanús lo pusieron en alerta. El dato de que 121 barrabravas de varios equipos consiguieron los medios y están en condiciones de viajar al Mundial de Francia y que uno de los reconocidos líderes de la barra de River figura como socio del club lo terminaron de decidir. Por fin, alguien, intentaba hacer algo seriamente. En AFA no creen en esta hipótesis y también tienen sus argumentos. El martes a la noche, en conversaciones telefónicas con varios medios, Perrota aseguraba que no iba a decretar la suspensión del fútbol. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? En la calle Viamonte dicen que se necesitaba una noticia lo suficientemente fuerte como para desviar la atención. El escándalo del "caso Oyarbide" y la amenaza al juez Martín Silva Garretón después de que éste impidiera la entrega de los aeropuertos privatizados por dercreto, son noticias demasiado fuertes como para permanecer mucho tiempo en el candelero. La detención de Diego Maradona en un departamento de la calle Franklin cuando el "Yomagate" explotaba en la tapa de los diarios es un recuerdo imborrable en la AFA. Aunque Perrota le abrió una puerta a la AFA, Grondona prefirió seguir de largo. El juez invitó a la entidad a que le diera garantías para continuar la disputa del torneo. Era muy fácil para Grondona sentarse a conversar con el magistrado y llegar a un acuerdo. Pero el dirigente dobló la apuesta y anunció que la casa acataba la medida y presentará la apelación. Los dirigentes del fútbol, con Grondona a la cabeza, afirman que suspendiendo los partidos no se erradica la violencia y que la seguridad no depende de los clubes sino de la Policía. Se trata de una verdad a medias. En una sociedad violenta, donde se asalta y se mata en pleno centro al mediodía, pretender que no existan incidentes entre hinchadas es una utopía. Pero es hipócrita señalar que la seguridad sólo es resorte de las fuerzas policiales. El fútbol argentino tiene una larga historia de sociedades ocultas entre dirigentes y barras bravas como para escandalizarse por la suspensión.
DIEZ RAZONES PARA ENTENDER LA SUSPENSION POR QUÉ SE PARA EL FÚTBOL 1) El puntapié inicial lo dio la ignota Fundación Fair Play cuando presentó el recurso de amparo el 10 de febrero. La preside el abogado Rubén Sergio Ramírez Chagra y su apoderado es el abogado Gustavo Romano Duffau, asesor de Francisco Ríos Seoane en alguno de los múltiples juicios en los que se acusó al ex presidente de Español. 2) El juez Víctor Perrota tiene 57 años. Egresó de la UBA en 1963. Es juez civil y está a cargo del Juzgado 61. Es hincha de Boca. Peleó solo. No encontró apoyo en el Ministerio del Interior ni colaboración en la dirigencia de AFA. Cuando pidió informes sobre barrabravas recibió papeles vergonzosos. Con el riesgo de pasar a ser el acusado porque tiene la causa en sus manos y los episodios de violencia continúan, cortó por lo sano y decretó la suspensión del fútbol. 3) El Gobierno sólo hizo declaraciones formales. Nunca tomó ninguna medida efectiva para erradicar la violencia. El poder político debió presionar a los clubes para que cortaran la relación con los barrabravas. Su inacción es un mal ejemplo. 4) La primera vez que los dirigentes se reunieron espontáneamente en AFA fue ayer, cuando la suspensión del fútbol ya era un hecho. Desde el amparo presentado por Fair Play el 10 de febrero hasta ayer pasaron 3 meses y 3 días. Nunca hicieron algo efectivo. 5) Hay contradicciones entre los propios dirigentes. Los de River decidieron cortar la entrega de entradas de favor a la barra brava pero mantienen como socio a uno de sus jefes. Daniel Lalín, titular de Racing, implementó un sistema opuesto: regala 100 entradas y fleta micros gratis. Otros clubes tienen la misma actitud pero no lo oficializan. Sobre este punto, nunca hubo debate en AFA. 6) Si los dirigentes tomaran una decisión firme se encontrarían ante amenazas como las sufridas por David Pintado, titular de River. Sin apoyo político, esta actitud es ofrecerse en bandeja a las barras bravas. 7) La Policía Federal disimula sutilmente lo que puede considerarse una extorsión a los clubes. Califica como de "alto riesgo" a algunos partidos que en verdad lo son, pero a cambio sólo ofrece destinar más personal. Eso es más dinero para la fuerza y más erogación para los clubes. 8) Algunos jugadores y cuerpos técnicos de los equipos también tienen responsabilidades. Dan dinero a las barras bravas. Si no lo hacen sufren las mismas represalias que los directivos que no dan entradas. 9) Si no se cambia el exitismo del fútbol, la urgencia por triunfos también genera "apretadas" a directivos, jugadores y técnicos. 10) Hay violencia en el fútbol. Es innegable. Pero el fútbol es una actividad que se desarrolla en esta sociedad. Y nadie podrá decir que se trata de una sociedad pacífica o que las condiciones políticas y sociales del país ayudan a tener un espectáculo futbolístico en paz.
Es que la Justicia no puede --por definición-- resolver la violencia en el fútbol o las consecuencias políticas o sociales de perdonar genocidas. Simplificando, a los jueces les competen los efectos de los problemas y no sus causas. Los jueces son conservadores por variados motivos, entre ellos uno ineludible: su función es, conceptualmente, conservadora. No pueden ni deben cambiar el orden vigente --tarea que siempre hasta algún punto tienen el deber de acometer el Poder Ejecutivo y los legisladores-- sino velar para que se cumplan las leyes preestablecidas. El fallo del juez Perrota sólo puede suspender la violencia en el fútbol transitoriamente, pero no rozar sus causas. Puede tener, de hecho tiene, fundamentos interesantes y un valor simbólico nada menor --el de poner de manifiesto la gravedad del problema--, pero está condenado a la ineficacia. Los tribunales pueden y deben investigar los delitos vinculados con el deporte, pero sus causas conciernen a las autoridades del gobierno y de la AFA, aun a las de Torneos y Competencias. Perrota funciona en este caso como un denunciante. No podrá resolver lo que no resuelven Carlos Corach, Julio Grondona, Pablo Baltasar García, acaso Carlos Avila, los dirigentes o funcionarios que deben precaver, limitar o extirpar la violencia en el fútbol, tema arduo, tal vez irresoluble pero, en todo caso, sólo pasible de ser resuelto si se acometen sus causas. "Esta es la época del descrédito de las causas y la dictadura de los efectos", dice un personaje de Manuel Vázquez Montalbán y sabe lo que dice. Suspender el fútbol porque hay violencia es meterse con lo más periférico de los efectos, expresando una indeseable tendencia de la democracia post '83: la judicialización de la política. La penosa, por ineficaz, presencia de los jueces en temas que los dirigentes o funcionarios realmente competentes no quieren, no pueden o no saben resolver. |
