EL JUEZ MANDO PINCHAR LOS TELEFONOS DE HECTOR D'AMICO

LOS OTROS TRABAJOS DE OYARBIDE

El poder político encontró una nueva forma de espiar "en forma legal" a prestigiosos periodistas que no son de su agrado. Utilizando como excusa absurdas denuncias anónimas en las que se los acusa de ser peligrosos narcotraficantes, algunos jueces, como el caso del cuestionado Norberto Oyarbide, le ordenan a la SIDE que intervenga sus teléfonos y monitoree cada uno de sus diálogos. El hecho quedó al descubierto el miércoles último. Ese día, el director de la revista Noticias, Héctor D'Amico, y el jefe de la sección política, Gustavo González, intentaron entrevistar al magistrado. Oyarbide les prometió que se sometería a sus preguntas al otro día, a las 10. Cuando los periodistas se retiraban del despacho, el juez, con voz solemne les dijo señalando un grueso expediente: "Todavía no han visto lo más importante". "A usted --por D'Amico-- lo estuve investigando por presunto tráfico de drogas, pero no encontré nada y cerré la causa", le informó. El editor comprendió que durante más de un año muchas de las estrategias, fuentes consultadas y parte de los criterios de edición que se siguieron durante la cobertura del Caso Cabezas eran monitoreados, posiblemente, desde la Casa Rosada.

"Este es el nuevo sistema de terror contra la prensa independiente que se implantó en la Argentina de los jueces amigos del ministro (Carlos) Corach. Esto es algo muy peligroso que quedó en evidencia por una torpeza del juez Oyarbide pero que revela bajo qué débil paraguas la Justicia ordena violar la intimidad de las personas", comentó anoche ante este diario D'Amico.

La causa contra el director de la publicación se abrió en noviembre de 1996, cuando el Caso Coppola ocupaba todas las pantallas de TV y se informaba que los policías bonaerenses adscriptos al juzgado federal de Hernán Bernasconi "plantaban" "éxtasis" durante los operativos antidrogas.

Las denuncias anónimas fueron dejadas en una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Allí se acusaba, en notas separadas pero escritas por la misma mano, a los periodistas Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Héctor D'Amico de traficar pastillas de "éxtasis".

Según las acusaciones, el ex conductor de "Día D" vendía los psicofármacos en el Open Plaza. El ex integrante del programa "Sin Límites" lo hacía desde su oficina ubicada en la calle Maipú y el director de Noticias proveía de "éxtasis" "a los periodistas de Noticias los jueves a la tarde en la redacción de la revista".

Como lo indica el procedimiento, los juzgados federales sobre los que recaerían los anónimos fueron sorteados. Los magistrados que debían investigar a Longobardi y Lanata entendieron, después de discutir el tema con las fiscalías, que "no había elementos" para iniciar una pesquisa.

Pero Oyarbide, con los mismos elementos que sus colegas, no pensó igual y aproximadamente a fines de enero, o sea poco después del asesinato de Cabezas, le pidió al Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) que interviniera los teléfonos de la redacción de Noticias y los privados de D'Amico. Según la confesión del mismo Oyarbide, todos los esfuerzos por descubrir a los integrantes de un "peligroso cartel de narcotraficantes" entre los redactores fue infructuoso.

De los dichos del propio magistrado se desprende, según D'Amico que "el único propósito de esta maniobra absurda era intervenir nuestros teléfonos. Lo lógico era que se allanara la redacción de la revista un jueves a la tarde para verificar si yo les vendía 'éxtasis' a los periodistas en medio del cierre de la revista".

"Las falsas denuncias para que se pinchen los teléfonos de los periodistas en forma legal, legal entre comillas, es una típica operación menemista a través de sus jueces adeptos para espiar nuestra labor", le dijo a Página/12 Longobardi, quien se enteró de que se le había abierto una causa por tráfico de drogas mientras viajaba a Pinamar con su familia.

"El que me avisó fue mi amigo Oscar Gómez Castañón --periodista de Radio Continental--. El se enteró porque la camarista vinculada al presidente Menem y a Corach, Luisa Riva Aramayo llamó a Telefé para avisar que estaban sorteando los juzgados donde recaerían las denuncias contra Jorge (por Lanata), D'Amico y mía. Fue una típica operación en medio del caso Coppola para enchastrarnos y usar posiblemente estas causas para extorsionarnos, cosa que no han hecho o para espiarnos, cosa que hicieron con Noticias".

Longobardi recordó también que, a pesar de que el juez Carlos Daniel Liporace le había asegurado que había cerrado la causa porque "el anónimo es un disparate", cinco meses después de ese hecho, cuando Eduardo Eurnekian dueño del multimedios América le pidió "levantar" el informe que sobre las propiedades de Carlos Menem en Anillaco iban a difundir junto a Román Lejtman, Alfredo Leuco y Luis Majul en el programa "Sin Límites", un funcionario estrechamente ligado al presidente Menem le advirtió a modo de amenaza "acordate que tenés una causa por narcotráfico".

"Esto revela que en lo más alto del poder están preinformados de las denuncias que cursan contra los periodistas. Como se ve en el caso de Longobardi, en la Casa Rosada alguien tenía agendada la causa que nos inventaron", analizó D'Amico.

--¿Se sintió extorsionado cuando Oyarbide le mostró el expediente que le había abierto un día antes de que lo entrevistara?

--No. Me sentí presionado, por eso al otro día no fui a la entrevista. Oyarbide sabía que su caso iba a ser la tapa de Noticias. Creo que quiso una cobertura contemplativa. No lo consiguió. Esto demuestra la forma de actuar de este juez cercano al ministro Corach y a la Policía Federal. Habla a las claras de la intención del Gobierno de enlodar a la prensa que no es contemplativa. Es la forma más perversa de amenazar a los medios y a los periodistas.

LOS DIPUTADOS DEL PJ AL FINAL BAJARON EL PULGAR

El ministro Corach decidió abandonarlo y le pide la renuncia. La bancada oficialista abandonó sus dudas y votó con la oposición por hacer lugar al juicio político. Interior vs. SIDE.

El juez Norberto Oyarbide se quedó solo y sumergido en su propio espanto. Su celular fue bombardeado todo el día de ayer por llamados del Ministerio del Interior en los que se le recomendaba que "era el momento de presentar la renuncia". Concordantemente, los diputados justicialistas le bajaron el pulgar y su juicio político sigue adelante. Ayer por la tarde la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja resolvió por unanimidad iniciar el juzgamiento del magistrado gracias al sorpresivo voto a favor del oficialismo. Hasta primera hora, los diputados oficialistas intentaban evitar la apertura de una investigación parlamentaria sobre la conducta del polémico magistrado. Dudaban acerca de la conveniencia o no de pagar el alto costo político que implicaba salir en defensa de un juez "que no es peronista" en función de intereses políticos del Ejecutivo (en rigor de un sector del Ejecutivo) y para evitar las consecuencias de un proceso que salpicaría a los más altos niveles del gobierno nacional. La oportuna resolución del juez Fernando Rodríguez Lubary que presentó un pedido de juicio político contra su par Oyarbide, por encontrarlo responsable en la causa por amenazas contra el argelino Zinnedine Racher, apresuró los tiempos.

El Gobierno dejó sin protección a Norberto Oyarbide. La reticencia de algunos legisladores justicialistas que se negaban a pagar el costo político que implicaba respaldar al juez, pese a la ausencia de protagonismo de la oposición aliancista, encontró alivio en la resolución del juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary quien consideró que existe semiplena prueba como para procesar a Oyarbide en la causa por amenazas iniciada por su ex amigo íntimo Zinnedine Racher. En consecuencia, Rodríguez Lubary envió una nota de pedido de juicio político a la Cámara de Diputados, que fue recibida por César Arias promediando la sesión sobre tablas en la que se debatía, justamente, el procesamiento parlamentario del magistrado.

"Oyarbide se equivocó cuando intentó defenderse argumentando que era víctima de una interna entre la SIDE y la Policía Federal", señaló a Página/12 un legislador justicialista. "Está quebrado y habilita una investigación hacia arriba; ya no es confiable para el gobierno nacional", aseguró.

Oyarbide está implicado en un escándalo en el que se mezclan amenazas de muerte, extorsiones y un intento de asesinato con operaciones cruzadas entre la Policía Federal y la SIDE. Escándalo que se enrarece por la existencia de un video referido a su vida íntima registrado en el prostíbulo masculino Spartacus.

El ministro del Interior, Carlos Corach, que siempre fue su padrino político, ha dejado de protegerlo. Oyarbide, desprestigiado y amenazando con denunciar internas del propio Gobierno, es una pieza que ya no encaja en el armado judicial.

"Yo creo que todo esto es el preámbulo de la renuncia del juez Oyarbide que, por estas horas, debe estar muy presionado por el Gobierno para que decida el momento en el que anunciará su alejamiento del Poder Judicial", señaló un legislador justicialista que prefiere evitar una investigación parlamentaria sobre las actividades del magistrado. El diputado no hace análisis político, conoce información acerca del riñón del Gobierno.

La diputada frepasista Nilda Garré, por su parte, entiende que la gravedad del caso excede la conducta del propio magistrado y elevó ayer un proyecto de resolución mediante el cual convoca al ministro del Interior, Carlos Corach, al jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y al jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García, para que expliquen ante los diputados las denuncias originadas a raíz del caso Oyarbide. La legisladora quiere saber si Jaime Stiuso, quien habría intentado instalar un circuito cerrado de video en el prostíbulo Spartacus, trabaja para la SIDE. Si el ex comisario Mario Naldi se desempeña part time para esa secretaría. Si la Policía Federal investigó el presunto enriquecimiento ilícito del comisario Roberto Rosa, quien habría brindado protección policial al local regenteado por Luciano Garbelliano.

Según la aliancista Garré, la investigación de los hechos que fueron denunciados a partir del caso Oyarbide supera el marco del juicio político al magistrado, y deberían ser motivo de indagación por parte de la Comisión Bicameral de seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Detrás de la casi segura caída de Oyarbide hay una virtual guerra entre la SIDE y el Ministerio del Interior.

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