El gobierno bonaerense estudia qué tipo de sanción aplicar a una empresa de seguridad por la participación de tres custodios privados en el tiroteo en el local de McDonald's de Castelar, el lunes pasado, en el que resultó gravemente herido un estudiante de 13 años. Pero el empeño de las autoridades no garantiza resultados: el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, León Arslanian, no encuentra a quién sancionar, porque tanto Juncadella como Prosegur, la transportadora de caudales y la empresa de seguridad a la que pertenecerían los custodios involucrados, se amparan en el vacío legal que existe en materia de seguridad y deslindan toda responsabilidad en el hecho. La Secretaría de Seguridad nacional de Miguel Angel Toma y el ministerio de Arslanian, ambos sin herramientas a mano, se cruzan responsabilidades por el control de las empresas, mientras la población asiste, como ante una metástasis, a la creciente injerencia en sus vidas de un ejército privado de cien mil hombres descontrolados.

Después de que el estudiante secundario Rodrigo Romero se desplomara con una bala incrustada en su cabeza, todas las miradas convergieron sobre la actitud de los custodios, quienes según la policía, actuaron con "impericia y barbarie". Los tres hombres, Carlos Villa, Roberto Silva y Carlos Romero, vestían uniforme de Prosegur, según aseguró a Página/12 el comisario Héctor Plaza, jefe del Area Departamental Conurbano Oeste. Prosegur está habilitada en jurisdicción bonaerense, pero la Dirección de Agencias de Seguridad Privada, dependiente de Arslanian, no encontró en sus listados los nombres de los custodios.

La primera deducción fue que los tres trabajaban en negro. Pero ayer, Prosegur desmintió que pertenecieran a su plantilla. En tanto, la transportadora de caudales, que se identifica como Juncadella Prosegur, salió al paso aclarando que los tres pertenecían a su planta y estaban habilitados por el Renar para portación de armas, también debidamente inscriptas.

Pero Juncadella no está registrada como agencia de seguridad porque la habilitación del transporte de caudales corre por otros canales. Para operar sólo requiere de un permiso a nivel nacional y no provincial. Como la empresa de blindados reconoció la pertenencia de Romero, Silva y Villa, en el ministerio de Arslanian no encuentran argumentos legales para sancionar a Prosegur. "Con Juncadella se las tiene que ver la secretaría de Toma --explicó a Página/12 un vocero del ministro de Justicia--, porque está inscripta en jurisdicción nacional". Del lado de Toma respondieron lo mismo, pero descargando responsabilidad hacia la provincia: "Son patrañas lo de la jurisdicción nacional, porque las transportadoras no pueden tener hombres armados, y apenas bajan del camión y pisan el suelo bonaerense deben responder a las autoridades del lugar".

A todo esto, ayer Prosegur S.A. informó que lamentaba que "por un alcance de nombre" hubiera quedado mezclada en los hechos y aclaró que "nada tiene que ver con la empresa Transportadora de Caudales Juncadella". Una verdad a medias. En su solicitada la casa de blindados enaltecía las actividades de Juncadella Prosegur. En realidad, hay una Prosegur española, que en Argentina se asoció a Juncadella con el 50 por ciento de las acciones, según reconoció a este diario Fernando Der, abogado de Juncadella. Según el letrado, "los de Prosegur nada tuvieron que ver, fue personal de Juncadella". En última instancia, la única aplicación clara parece ser el Código Penal, pero sobre tres hombres con permiso para portar armas y no sobre las empresas. Es lo mismo que decir que si el juez considera responsables a los custodios, el ejército de cien mil hombres pasará a tener tres efectivos menos.

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