En la fotocopia, la ficha mide 11,5 por 21 cm. La cabeza dice a la izquierda "Ejército Argentino" y, abajo, ICI 601, es decir, el siniestro Batallón de Inteligencia 601 de la SIDE, ubicado --todavía-- en Callao y Viamonte, Buenos Aires, de donde partían órdenes de detención-desaparición bajo la dictadura militar. A la derecha, el encabezamiento precisa "Entregados a O.C.O.A.S.", léase Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas que funcionaba en el Servicio de Información de Defensa dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe del Uruguay. Sigue la fecha: 28 de septiembre de 1976. La procedencia: Secretaría de Inteligencia de Estado (sic). Institución a la que se informa de la orden de secuestro: Comando 1er. Cuerpo (de Ejército, a cargo de Suárez Mason). El rubro "Origen" designa al grupo que ejecuta el secuestro, en este caso es "Exterior": militares uruguayos que en el marco del Operativo o Red Cóndor -–que coordinaba las actividades terroristas conjuntas de las dictaduras del Cono Sur-- torturaban y/o asesinaban a compatriotas en Automotores Orletti, campo clandestino de detención instalado en pleno barrio de Floresta. "Filiación": consigna donde militaba la persona que se iba a secuestrar. "Objetivo primario": nombre y apellido de la víctima, domicilio, datos de identidad. "Objetivo secundario": señala a quién detener -–en este caso, la esposa-- si no se encontraba al "objetivo primario". Se califica su "Grado de peligrosidad": "mínimo" ("idiotas útiles"); "medio" (militantes, obreros, sindicalistas, estudiantes); "máximo" (persona operativa); "extremo" (combatiente activo). Casillas "Zona/Subzona/Area": para registrar la división militar del territorio en que se procedería al secuestro y el comando que operaría. "Edificio": precisa el domicilio de la operación. "A intervenir", nombre de los grupos encargados, "Azul 1/Azul 2" en este caso. "Chequeo primario": observaciones iniciales respecto del futuro secuestrado. "Chequeo final": realizado 24 horas antes del operativo. "Efectuado por": nombre del responsable directo de los chequeos. "Efectos": para detallar los ocasionados por el operativo militar. Hay dos renglones con "Fecha a realizar" (27/9 en esta ficha) y "Fecha alternativa" (29/9). A continuación, "Resultado". Bajo "Evaluación", los frutos del "interrogatorio", que podían ocupar páginas anejas además. "Informado": para individualizar al autor del informe (aquí, el encargado de Azul 1/Azul 2). "Destino interno": SIDE, sin indicación explícita de "la cueva" o centro clandestino de detención a donde iría a parar el secuestrado. "Depósito": para marcar la suerte de la víctima, previo paso por el campo, según se tachara una u otra indicación del par SI/NO (en este caso se tachó el SI: muerte). "Traslado": ya se sabe, en esta ficha se estipula "inmediato". "Responsable" de estos tramos: el encargado de Azul 1/Azul 2. "Grupo": el ejecutor, Azul 1/Azul 2. Como repitió el general Balza, hubo excesos, sí. De planificación.

Sepa el lector disculpar esta pormenorizada descripción de un formulario de inteligencia que demanda 30 especificaciones para cada operativo. Muestra la fría prolijidad con que se asentaron los numerosos secuestros y desapariciones que la dictadura militar antes, tres gobiernos civiles después, procuran disolver en el anonimato público. Se llenaron miles de estas fichas y otras tantas o más de distinta índole, desde la titulada "Tarjeta de identificación de cadáveres" (de las víctimas) hasta la "Nota de remisión de cadáveres" (de las víctimas), apenas dos de las 16 que reproduce el documento del Ejército RE-10-51 -–esas "Instrucciones para operaciones de seguridad" cuyo objetivo declarado era la población civil--, firmado por Viola y fechado el 17 de diciembre de 1976. Es una minuciosidad típica del terrorismo de Estado, idéntica a la que practicaron los nazis.

¿Dónde están esas fichas con los nombres de las víctimas, las circunstancias de su secuestro y las claves que permiten individualizar a los represores? El general Balza insiste en que no hay listas de desaparecidos. ¿Y esas fichas, qué? ¿Alguien puede creer que no están celosamente conservadas en archivos? Su sustracción del dominio público -–otra forma de la desaparición--, ¿no demuestra acaso nuevamente los ejercicios del poder del Estado sobre la Historia? ¿Esos archivos son meros depositarios del pasado, como los que se niegan a los estudiosos de literatura hasta 50 años después de la muerte de un autor? ¿O más bien privatizan una doliente zona del saber público con fines políticos del presente, en aras -–supuestas-- de una "reconciliación nacional" que nunca podrá construirse sobre el secreto? La memoria guardada en los archivos militares y de inteligencia relata una parte ingente de la otra mitad de la historia, esa que los familiares de las víctimas no pueden conocer, esa verdad que todavía se debe a la sociedad argentina.

Los amigos de la enfermedad que aqueja al país pretenden que todo se ha arreglado con la amnistía-amnesia y con la fórmula "cosa juzgada". Es evidente que los crímenes de la dictadura militar no se han juzgado todavía y una oscura conciencia de ello tendrán quienes, como el presidente Menem, tanto se irritan por el juicio a los represores que en Madrid instruye el juez Garzón. Siguen los efectos perdonadores de los indultos y de las repugnantes leyes de punto final y obediencia debida pese al gran teatro de su derogación. Sigue en pie, y con agregados, la misma red de intereses que apoyó la perpetración de la catástrofe más devastadora de la historia argentina, alentó el crimen y alienta ahora la impunidad del crimen. Su víctima principal fue y es la sociedad argentina: tiene pleno derecho entonces a conocer cómo se produjo la amputación de muchos de sus miembros, también los nombres de los "cirujanos" encargados del menester. Tiene pleno derecho a esos archivos. No ha sido poca la sangre con que los tuvo que pagar.

Jacques Derrida habló del "mal de archivo", pero hay que invertir aquí el concepto: ésos son los archivos del mal. ¿Los visitan nostalgiosos del pasado que añoran "la belle époque" de la represión? ¿Se conservan como recordatorio de órdenes y crímenes amparados en la obediencia debida? ¿De dónde nace la necesidad institucional de las Fuerzas Armadas de preservar su clandestinaje? ¿En esos archivos encuentra la justificación de sus acciones? Otra pregunta todavía: ¿Esos archivos sólo guardan el pasado o acaso tienen una carga de futuro? ¿Conservan pruebas de eficacia para repeticiones en el porvenir?

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