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CON LAS CARTAS EN EL SÓTANO
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| Por Cledis Candelaresi
Hasta el jueves 7, el Correo Argentino controló la correspondencia mediante un scanner de su propia oficina en el aeropuerto de Ezeiza. Pero aquel día, Policía Aeronáutica --dependiente de la Fuerza Aérea-- dispuso que ese chequeo se haga en los depósitos fiscales, por donde pasan todos los bienes que entran o salen del país, incluida la correspondencia de los courriers privados. Cambiar el punto de control obliga al Correo a pagar una tarifa de 50 centavos por cada kilogramo despachado, cuando hasta ahora esa fiscalización se hizo sin costo. "Fuimos forzados a utilizar el depósito por una autoridad que es socia de Edcadassa", protestó ante este diario Pedro Agrés, vocero de la empresa postal privatizada. La repentina decisión oficial sorprendió al Correo en medio de una discusión con Aduana y Fuerza Aérea sobre las características técnicas de un nuevo scanner que mejoraría el control de las cartas y paquetes franqueados al exterior. El grupo Macri había asumido la responsabilidad de comprar el nuevo equipo, cuyo costo estima en unos módicos 200 mil pesos, bastante menor al de someter sus sacas a los sensores de Edcadassa. Según Agrés, el Correo finalmente se avino a acatar la orden de Policía Aeronáutica, aunque dejando constancia en acta de que lo hacía "bajo protesto", para eludir el pago o, eventualmente, recuperar el dinero que tuviera que desembolsar. Gracias a esto, el último miércoles se comenzó a normalizar el envío de miles de cartas y paquetes que, desde el jueves 7, se habían acumulado en el subsuelo del Palacio de Comunicaciones. Al retener la correspondencia, la empresa postal estuvo expuesta a ser acusada de violar, simultáneamente, la Ley de Correos, el Artículo 154 del Código Penal y la propia Constitución Nacional. El virtual enfrentamiento entre Macri y la dupla Exxel-Fuerza Aérea, sin embargo, no está definitivamente resuelto. El director de Policía Aeronáutica, con el ánimo de minimizar el conflicto, negó inclusive que hubiera impartido la orden de controlar la correspondencia en los depósitos fiscales. "Sólo estamos tratando de perfeccionar los sistemas de control para evitar que circulen explosivos y drogas", aseguró ante este diario el comodoro Perondi. "La tecnología se desactualiza rápido y nosotros queremos tener los mejores equipos: Interior está muy sensibilizado tras los ataques a la embajada de Israel y a la AMIA", apuntó. Su versión, sin embargo, tiene poco que ver no sólo con la que dio oficialmente el
Correo Argentino, sino también con la del personal jerarquizado de esta empresa, que
asegura que 280 mil cartas simples y 30 mil certificadas corrieron riesgo de dormir,
indefinidamente, en el subsuelo de su sede central. |
Aseguran que fue por "estrictas razones de seguridad". Pero lo cierto es que la
obligación que le impuso la Fuerza Aérea al Correo Argentino de pasar toda la
correspondencia al exterior por el control de Edcadassa, en Ezeiza, le demandará a la
empresa postal un costo adicional de 4 millones de pesos anuales. Quien los debería pagar
es el grupo Macri, que explota el ex correo estatal. Quien los recibiría es la
administradora de los depósitos fiscales, controlada por el Exxel Group asociada a la
propia Fuerza Aérea. Pero el Correo resistió la medida, retuvo miles de cartas durante
una semana y amenazó con desatar una guerra entre dos pesos pesado. Tal vez por lo
delicado de ese enfrentamiento, es que Policía Aeronáutica prefirió desmentir ante
Página/12 el pleito, aunque admitió que, por expresa orden del ministerio del Interior,
busca fortalecer el control de los despachos que salen del país.