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Los cuatro acusados fueron detenidos después de siete allanamientos realizados en Morón, Merlo y La Matanza. La urgencia del Gobierno por resolver el caso estaba en directa relación con los fuertes reclamos de la comunidad judía y, especialmente, del embajador israelí Itzhak Avirán, quien había reclamado, en términos inusualmente duros, el esclarecimiento del hecho. El mismo día de su detención, el ministro de Interior, Carlos Corach, anunció la resolución del caso en cuanto micrófono tuvo a mano. Habían pasado sólo cinco días de la profanación del cementerio de La Tablada. Un mapa de la AMIA, una lata de pintura y los volantes de las agrupaciones Verdad y Justicia, Resistencia Nacional y Movimiento Cívico Militar por la Recuperación Argentina fueron las pruebas halladas en un local de la galería Edén, donde se reunían Russo y sus amigos. Pero el mapa era trucho y las pericias demostraron que la pintura no era la misma que la utilizada por los profanadores. Los volantes eran distribuidos en la calle por el propio Russo, quien dejaba al pie su número de teléfono. Los acusados fueron sobreseídos por el hecho principal y sólo quedó firme la evidencia de que, urgido, el Gobierno detuvo a los primeros filonazis que tuvo a mano, mientras los verdaderos culpables se resguardaban en las sombras. Esos mismos volantes, con un tono que traspasa a veces el límite del delirio, serán
las pruebas que analizará el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, para determinar si
es aplicable la ley 23.592, más conocida como Ley Antidiscriminatoria. Sería, en ese
caso, la segunda ocasión en que se aplique la norma. Como hecho peculiar, Rodríguez
abrirá las puertas del juzgado a la prensa, pero dispuso que ninguno de los testimonios
fuera difundido hasta finalizada la recepción de pruebas, para evitar influir en los
treinta testigos de la causa. |
El médico pediatra Ricardo Russo, el chofer Aparicio
Belisario Torres y los relojeros Emilio Osvaldo Cañete y Juan Héctor Núñez
enfrentarán hoy, en juicio oral y público, la acusación de integrar un grupo antisemita
que distribuía volantes y propaganda nazi, en violación a la Ley de Antidiscriminación.
Los cuatro fueron detenidos el 24 de octubre de 1996, relacionados en principio con la
profanación de más de un centenar de tumbas del cementerio judío de La Tablada. El caso
tuvo amplias repercusiones, llegando a provocar roces diplomáticos entre Israel y
Argentina. Pese a que el Gobierno se apresuró a anunciar la resolución del hecho, la
dudosa participación del grupo en el atentado al cementerio terminó, tres meses más
tarde, con su sobreseimiento. Ahora se los juzga por confeccionar y repartir panfletos
nazis, por lo que les correspondería un máximo de tres años de prisión, una pena
excarcelable, mientras que los profanadores de tumbas judías quedaron impunes.