Los diputados de la Alianza meditan volcar su apoyo para Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hacia Claudio Lozano y los demás candidatos sostenidos por la Multisectorial de Organizaciones Sociales: Pablo Bergel, Martha Rosenberg, Alicia Oliveira, Antonio Brailovsky, Eugenio Semino, Rafael Veljanovich y Eugenio Freixas. Hoy los miembros de la Multisectorial serán recibidos en audiencias separadas por los bloques de legisladores del Frepaso, de Nueva Dirigencia y de la UCR. De confirmarse este vuelco, Lozano superaría los dos tercios necesarios para el acuerdo legislativo como Defensor titular. Rafael Bielsa, sostenido por el monobloque de Jorge Argüello, retiró su candidatura y la Nueva Dirigencia de Gustavo Beliz ya comprometió su apoyo a la propuesta de las organizaciones sociales.

Aún faltan superar dos problemas. El primero es la resistencia del líder nacional del Frepaso, Chacho Alvarez, quien en una reunión de conducción expresó el temor de que en torno de la Defensoría del Pueblo y de la Central de los Trabajadores Argentinos (de donde proviene Lozano) pudiera organizarse una alternativa política ubicada a la izquierda del Frepaso. El segundo se origina en el compromiso que el gobierno de la Ciudad habría asumido con Enrique Nosiglia, de designar entre los cuatro adjuntos que contempla la ley a su colaborador Roberto Maratea, que como concejal aprobó la construcción de la Escuela Shopping y buena parte de las excepciones al Código de edificación urbana.

El peso de estas objeciones decreció a medida que los partidos de la Alianza fueron descubriendo el deterioro que provoca el reparto de posiciones entre los amigos políticos, con independencia de su representatividad. Alvarez experimentó en carne propia sus consecuencias cuando las organizaciones sociales a las que había despedido con un portazo en la Ciudad se desentendieron de su convocatoria a la movilización en contra del manoseo menemista de la Constitución Nacional. Por lo menos tres legisladores del Frepaso (Delia Bisutti, María Elena Naddeo y Eduardo Jozami) ya han anunciado su compromiso con la candidatura de Lozano respaldada por la Multisectorial y otros tantos (Aníbal Ibarra, Raúl Zaffaroni y Raúl Fernández) ya plantean al menos en privado su desacuerdo con el veto de Alvarez a Lozano. A la luz de los últimos estudios de sociología electoral, que reflejan el desencanto de los encuestados por el abandono de los frentes sociales que fueron la razón de ser del espacio político que creció en torno de Graciela Fernández Meijide, Alvarez deberá medir con más cuidado sus pasos. En el radicalismo ocurre algo similar: el video del retorno refuerza la necesidad de diferenciarse de las prácticas que hicieron la fama del ex Concejo Deliberante. "Si fuera por nosotros, mañana mismo votaríamos a Lozano. La Multisectorial no es monocolor y reúne a las organizaciones sociales existentes, que respetamos. El radicalismo no impulsa un candidato propio, porque no es lógico que el control esté en manos del mismo partido que gobierna. Creemos que esto vale también para nuestros aliados del Frepaso", dijo ayer a este diario el jefe del bloque radical Lautaro García Batallán.

Otro de los obstáculos a esta solución se desmontó con la decisión del Partido Socialista Democrático de expresar en forma pública su reconocimiento a la CTA. Un número significativo de trabajadores socialistas anunciará en unos días más su afiliación a la central que dirige Víctor De Genaro. En forma simétrica, los voceros de la Multisectorial se preocupan por dejar en claro que nunca objetaron en forma personal a Norberto La Porta, y que su posición sólo responde a la exigencia de llevar a fondo el proceso de democratización de las instituciones de la Ciudad. El primer reflejo de los socialistas, de promover la candidatura de Laura Bonaparte, fue perdiendo consistencia y ahora hasta las Madres de Plaza de Mayo (el organismo de derechos humanos en el que milita Bonaparte) han decidido sumarse a la Multisectorial. El mes pasado sus candidatos firmaron un Acta de Compromiso en la que declaran que no pertenecen a la conducción de ningún partido ni están vinculados con empresas contratistas del Estado y se comprometen a no concurrir a funciones directivas ni electivas en los dos años posteriores a su mandato. La elección en un órgano de control comunitario como la Defensoría del Pueblo de una persona ajena a la conducción de la fuerza política que gobierna la ciudad, agregan, es esencial para "defender y fortalecer el primero de todos los derechos: el derecho a tener derechos". Las condiciones parecen maduras.

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