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A las tres de la mañana del lunes, la casa del legislador García Hamilton recibió 22 impactos de bala de 9 milímetros y 11.25, los calibres que usa la policía local. García Hamilton señaló a Página/12 que "mientras dormía sentí unos ruidos. Creí que algo se había roto en el living así que intenté salir de la zona de los dormitorios que está separada por una puerta. Como no encontré la llave y no escuché más ruidos, me fui a dormir. Recién a la mañana nos dimos con que el portón de la casa y el living había sido acribillado. Evidentemente fue un acto bien organizado y tal vez usaron silenciadores porque no se escucharon los típicos estampidos de las armas". El legislador, que recibió la solidaridad del actual gobernador Raúl Topa y del suspendido Antonio Bussi, aseguró no tener idea sobre los autores del atentado: "Sólo puedo decir que fue un acto terrorista, no sospecho de nadie pero tampoco descarto a nadie". En cuanto a que el atentado se produjo un día antes del día en que Bussi iba a declarar, señaló que "si hubiera alguna relación con ello entonces sería terrible". La negativa a concurrir a declarar ante la comisión acusadora por parte del general amonestado no causó sorpresa entre la oposición porque se daba por hecho que no aceptaría "la invitación" para dar explicaciones del origen y contenido de su patrimonio. La comisión pretendía aclarar fundamentalmente el manejo de su cuenta secreta en el banco Credit Suisse First Boston que mantuvo, según las propias palabras de Bussi, durante diez años. Hasta el momento todos los debates giraron alrededor de la adulteración de las declaraciones juradas que presentó Bussi a principios de este año y en 1995, pocos días después de asumir como gobernador. Las declaraciones son sometidas a pericias químicas en la Policía Federal para verificar su antigüedad. Los integrantes de la comisión están convencidos de que las declaraciones juradas fueron abiertas y corregidas. Por esta razón citaron a los empleados del Departamento Patrimonial de Casa de Gobierno y, según la oposición, quedó demostrado que Bussi había manipulado esta documentación de forma irregular. A partir de este hecho, nadie supo qué sucedió con esos documentos y se estima que en ese momento los habrían adulterado. El motivo de la oposición para llamar a declarar en el juicio político al secretario de Desarrollo Social de la Nación, Ramón Ortega, es que como ex gobernador tuvo que recibir las declaraciones juradas obligatorias de su sucesor.
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En la madrugada de ayer, un día antes del que tendría que declarar el general Antonio
Domingo Bussi, fue ametrallada la casa del legislador y miembro del Tribunal de
Enjuiciamiento, Bernardo García Hamilton. El suspendido gobernador Bussi confirmó ayer
que no concurrirá a la sesión de juicio político para enfrentar a los legisladores que
lo juzgan por graves desórdenes de conducta y falta a los deberes de funcionario
público, en tanto la comisión acusadora está trabajando en la citación al ex
gobernador Ramón Ortega.