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PARECE "NO" PERO ES CASI "SÍ"

Becerra sostuvo que es improcedente el reclamo de Ortiz Almonacid porque un particular no tiene derecho a presentar un amparo por la re-reelección. Pero agregó que, si el PJ lo pide, será otra historia y la Corte Suprema deberá considerarlo.

Cuatro: "Con dos cuatro de copas, como Ortiz Almonacid y Roberto Fernández, armamos un lío bárbaro. Es suficiente", celebraban en la Rosada.


t.gif (67 bytes)  El procurador general Nicolás Becerra cerró una puerta y abrió otra para que la Corte Suprema de Justicia apruebe la re-reelección del presidente Carlos Menem. En lo formal, Becerra rechazó el recurso en favor de la re-reelección presentado por el afiliado justicialista Juan Carlos Ortiz Almonacid. Pero en el mismo dictamen sostuvo que, si el Partido Justicialista fuera el impulsor de un reclamo similar, la Corte debería considerarlo. El planteo de Becerra coincide en un ciento por ciento con la estrategia diseñada en este momento en la Casa Rosada: el primer paso es la realización de un congreso justicialista que convoque a elecciones de presidente del PJ, el segundo es la consagración de Menem como jefe del PJ por medio de elecciones, el tercero es la presentación de un recurso similar al de Ortiz Almonacid, pero con el sello del Partido Justicialista al pie.

Hasta ahora, los dos recursos presentados por la re-reelección están trabados. No funcionó el firmado por Roberto "Roby" Fernández, ya que el interventor del PJ riojano se olvidó de poner su firma en el recurso extraordinario a la Corte y entonces debe volver a empezar el trámite. Tampoco el de Ortiz Almonacid, porque en todas las instancias sostuvieron que su planteo no es formalmente procedente. Ambas presentaciones sostuvieron que el presidente Carlos Menem se encuentra "proscripto" y que la Constitución es inconstitucional porque afecta derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido. "Con dos cuatro de copas, como Fernández y Ortiz Almonacid, que presentaron recursos sin ningún fundamento, nosotros instalamos el tema de la re-reelección. Es natural que Becerra haga lo que hace. No pretendíamos más que el revuelo que se armó", sostuvo uno de los asesores jurídicos del Presidente.

Becerra resolvió "desistir el recurso extraordinario presentado por Juan Carlos Ortiz Almonacid por improcedencia formal". El procurador consideró que "el señor Almonacid carece de legitimación para cuestionar la inconstitucionalidad de una norma refiriéndolo a un tercero. En materia de candidatos, la Corte Suprema ya ha resuelto que corresponde sólo a los partidos políticos la competencia para promover cargos electivos. Lo mismo sostiene la Constitución nacional en su artículo 38 y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que consideran a esas agrupaciones como las únicas que pueden promover candidaturas".

Enterado del dictamen, Ortiz Almonacid sostuvo que "el dictamen lamentablemente confunde la titularidad de los derechos políticos y garantías individuales, atribuyéndolos exclusivamente a los partidos políticos". Agregó que el procurador está "aduciendo falta de interés o legitimación, olvidando que cuando se proscribe a un candidato se proscriben todos los derechos de elección, no sólo de afiliados, sino de todos los ciudadanos que quieran votar al candidato inhabilitado".

Para la Casa Rosada, toda esta discusión es absolutamente formal

porque todos los funcionarios difunden que la aprobación de la re-reelección por la Corte Suprema es un mero trámite. Sólo faltaría definir la fecha. Hasta hace dos semanas todos apostaban a que se hiciera durante el mundial porque eso reduciría el escándalo político. Ahora informan que los tiempos no dan y que se trata de esperar, primero, a que el PJ convalide a Menem como su líder indiscutido. Y después, a que las encuestas concedan algún tipo de legitimidad social al fallo. Mientras Carlos Menem siga con una amplia imagen negativa, el Gobierno no parece decidido a dar el paso. Como dijo Ortiz Almonacid, "la controversia, finalmente, deberá ser considerada y resuelta por la Corte Suprema".


 

BUSSI ESTÁ AUSENTE

El suspendido gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, no se presentó ayer a declarar ante el Tribunal de la Legislatura y envió un escrito en el que asegura que su presencia "no aportará nada nuevo" al juicio político que se le sigue. Bussi rechazó de esta manera la invitación que le habían hecho los legisladores para que esclareciera detalles sobre su declaración jurada, en la que faltaba su cuenta suiza, y sus bienes patrimoniales. El gobernador suspendido pudo abstenerse de asistir al recinto, ya que la Constitución y el Código Penal permiten que no sea citado como testigo. Además, los Legisladores, exigieron una ágil y completa investigación sobre el ataque sufrido por Bernardo García Hamilton, integrante del tribunal del juicio político. Desde el gobierno tucumano, se insiste con que la agresión, en la que un grupo de desconocidos balearon la casa del legislador, es un hecho policial.


LA APELACIÓN DE ASTIZ

Con un escrito que cuestionó la "imparcialidad" y la "objetividad" del juez federal Claudio Bonadío, Alfredo Astiz apeló ayer el fallo mediante el cual el magistrado dictó el procesamiento del represor por "apología del delito". La defensora oficial Perla Martínez de Buck, representante del ex marino aseguró, que "no existe prueba alguna que acredite" que Astiz haya cometido el delito por el que fue procesado y embargado por dos mil pesos.

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