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Por Cledis Candelaresi  Fuentes judiciales adelantaron a Página/12
que el juez Martín Silva Garretón destrabará mañana el traspaso de los aeropuertos al
grupo concesionario. De ese modo, el Estado eludiría la obligación de indemnizar a las
empresas por cederles la administración de Ezeiza, Aeroparque y Pajas Blancas (Córdoba)
después del 24 de mayo, fecha tope según el contrato de concesión. Ese eventual
resarcimiento económico fue exigido al Gobierno por el empresario Eduardo Eurnekian,
presidente del consorcio, mediante una nota enviada a la Jefatura de Gabinete. La misiva
fue eficaz. De inmediato, Presidencia le advirtió por escrito al juez sobre los posibles
costos que tendría que enfrentar el fisco si él mantuviera frenado aquel traspaso. El
magistrado asegura que ese disuasivo papel no influirá en su inminente decisión.
En respuesta a una medida cautelar solicitada por la Unión de Usuarios y Consumidores junto a la diputada frepasista Alicia Castro, Silva Garretón ordenó no traspasar los aeropuertos hasta tanto estuviera debidamente conformado el órgano regulador que encabeza Rodolfo Barra. En el momento en que fue formulada la denuncia, ese ente no tenía, siquiera, un lugar apropiado para funcionar. Pero desde entonces Jefatura puso manos a la obra para alistarlo, dando por concluida su tarea la semana pasada, con la designación de un vocal en representación de las provincias. Si bien Silva prefiere no precisar su inminente determinación, fuentes allegadas al juez aseguraron que, prima facie, dará por cumplidos todos los requisitos para el pleno funcionamiento del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Una de las dudas es en qué medida esa determinación está influida por el presunto riesgo de que el Estado pierda dinero con aquella demora. En una carta con fecha 11 de mayo dirigida al jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, Eurnekian recordó que la demora en la toma de posesión "afecta gravemente a la concesionaria y a sus accionistas en razón de los gastos incurridos". Y destacó que "a tales perjuicios se suman los que ocasiona esta situación a los socios del exterior (Ogden y Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA), obligados a dar permanentemente explicaciones a sus respectivos accionistas, inversores institucionales y entidades de control, en un marco de creciente incertidumbre respecto del debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino". Al día siguiente, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia le hizo saber por escrito al juez que, si antes del 24 de mayo los tres primeros aeropuertos del sistema no están en manos de Eurnekian, el Tesoro perdería por doble vía. Por un lado, porque dejaría de percibir canon por el equivalente a 468.824 pesos diarios. Pero, además, porque debería resarcir a los concesionarios por esa demora "sin contar los daños que esta situación ocasiona a los concesionarios y que también deberá enfrentar el Estado", consigna expresamente la nota remitida a Silva. La presión del Poder Ejecutivo para liberar el traspaso judicial no termina aquí. En la misma nota, los cuatro abogados de la Casa Rosada exigieron al juez que reemplace la caución juratoria con la que los demandantes respaldan su denuncia por una caución de tipo real, cuyo monto tenga relación con el eventual perjuicio que debería afrontar el Estado. Si bien éste no está precisado, es sabido que, en ningún caso, sería inferior a los 500 mil pesos por día de demora, y fuentes allegadas a la causa no descartan que llegue al millón. Si el juez aceptara ese pedido, posiblemente la Unión de Usuarios y la legisladora Alicia Castro no podrían sostener su demanda, ya que para hacerlo deberían afrontar un embargo por un monto seguramente muy superior a sus patrimonios individuales. Pero el reclamo no tuvo eco en el juzgado contencioso administrativo Federal número 6. "A mí no me van a correr con la vaina", advierte Silva Garretón. |
