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EMPIEZA EL PLAN ANTIDESEMPLEO
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 Luego de 70 horas
de debate, la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento francés) refrendó ayer la
ley que reducirá la semana laboral de 39 a 35 horas. Para el gobierno francés del
premier Lionel Jospin, esto significa cumplir con uno de los caballitos de su campaña
electoral --combatir el desempleo-- y fundamentalmente otro triunfo sobre un asunto en el
que la polémica no había cesado de crecer y dividir aguas desde que, en diciembre
pasado, el Consejo de Ministros había aprobado la iniciativa presentada por la ministra
socialista de empleo, Martine Aubry. El gobierno dice que se crearán más de 200.000
empleos en los próximos cinco años, pero la patronal y la derecha creen que no tendrá
ningún efecto.Y, en este caso, la posición de la patronal no es sólo un dato político o económico sino sobre todo uno de los factores de la eficacia misma de la ley: las modalidades definitivas de aplicación serán establecidas dentro de un año, en función de la experiencia recogida de los estímulos a los empresarios que se adhieran rápidamente a este régimen. Según Jean-Paul Fitoussi, presidente del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE), en caso de que las empresas bloqueen el proceso, "la reducción efectiva del tiempo de trabajo será nula y la aplicación de la legislación de las horas extraordinarias conducirá al encarecimiento del coste de trabajo y a la destrucción de unos 100.000 empleos". Por eso, según Le Monde, ante esa eventualidad, el gobernante Partido Socialista se propone movilizar a todos sus militantes para convencer a la población de la necesidad del plan. Las "zanahorias" para atraer a los empresarios son, en primer lugar, una reducción progresiva de los impuestos sobre las empresas que comiencen a reducir la jornada laboral durante este año de 1500 a 3000 dólares anuales por asalariado, y de casi 1000 dólares para quienes la apliquen dentro de cinco años. En segundo lugar, la entrega de subsidios especiales para aquellas firmas que comiencen ya con la reducción y tengan menos de 20 asalariados. Estas tendrán tiempo hasta el año 2002 para hacer el cambio; para las empresas de más de 20 trabajadores, el año 2000 es el tope de aplicación. Lo que aún no está claro es si las firmas estatales o el servicio civil también se verá obligado a regirse por esta legislación. La coalición gobernante, formada por socialistas, comunistas y verdes, logró derrotar a los partidos derechistas Reunión para la República (RPR, neogaullista) y Unión para la Democracia Francesa (UDF, liberal), pero éstos consiguieron recurrir al Consejo Constitucional, demorando varias semanas la promulgación del texto. En el camino, el proyecto sufrió varias enmiendas por parte del Senado, de mayoría de derecha, pero siempre la Asamblea Nacional conseguía devolverlo a términos muy parecidos a los originales. La patronal también intentó varias veces frenar el proyecto: anteayer, el jefe de la asociación de empleadores CNPF, Ernest-Antoine Seillière, pidió el retraso de la aplicación como el último manotazo de ahogado pero no consiguió nada. Otro de los titulares patronales, Jean Gandois, había renunciado en octubre pasado, ni bien tuvo noticia de las intenciones de Jospin. "El 19 de mayo de 1998 es una fecha importante en la historia de nuestro país. Creo que lo que hemos hecho marca la voluntad de un gobierno y de su mayoría de no doblegarse a la fatalidad del desempleo", dijo en tono triunfal en el medio de la Asamblea Nacional la autora del proyecto, la ministra Aubry. Algunos estudios parecen ser más optimistas que el propio gobierno. "Si la reducción del tiempo de trabajo se realiza en condiciones adecuadas, puede llevar a la creación de 480.000 puestos laborales", dijo en enero Fitoussi. De todas maneras, Fitoussi también comentó que "la tasa de desempleo se reducirá en 1,2 por ciento en condiciones favorables, lo que es importante, pero no está realmente a la altura del problema de desempleo que sufrimos": si las ganancias de productividad por hora de trabajo son menores al 3 por ciento, "habrá que aumentar el impacto sobre el empleo de 150.000 a 200.000". En cuanto a los efectos más generales que tendrá la medida sobre la economía francesa, el estudio publicado en enero por el OFCE indica, según su titular, que "este resultado se obtendrá sin degradación del equilibrio macroeconómico puesto que el crecimiento sufrirá apenas algunos cambios, el coste en términos de inflación será muy limitado y las finanzas públicas no sufrirán deterioro a mediano plazo". Aunque el texto haya sido enmendado varias veces a lo largo del año, el espíritu de la medida fue rechazado enérgicamente por la patronal, que es en donde descansa la primera parte de su aplicación. |
