|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por David Cufré
Cuando la Jefatura de Gabinete conoció el fracaso de su gestión para detener el proyecto, emitió un comunicado negando haber tenido intervención en ese sentido. "El Gobierno no dio ni va a dar marcha atrás en el tema de las tarjetas de crédito", enfatizó la nota en su primera línea. Sin embargo, diputados del PJ relataron a Página/12 que "la sugerencia" existió. "No aprobar el proyecto era un 'enchastre' para nuestra imagen", confió un legislador, quien reconoció que ahora la encrucijada pasó a los senadores. Tras la votación en general, los diputados levantaron la sesión. Cuando se vote cada artículo en particular, se definirán los topes a los intereses y a las comisiones sobre los comercios. La propuesta del justicialismo establece tasas máximas del 30 por ciento anual --frente al promedio del sistema del 55 por ciento-- y comisiones máximas del 5 --contra el 10 vigente--. La Alianza votó en favor de la regulación, pero cuando se discuta el articulado planteará sus diferencias con la propuesta del justicialismo. Entre ellas figuran topes del 20 por ciento para las tasas y del 4 para las comisiones. En su cruzada contra esa iniciativa, los banqueros advirtieron que, "si se aprueba tal como está, el negocio de las tarjetas será inviable". El lunes, en la sesión inaugural de la convención de Adeba, su presidente, Eduardo Escasany, le transmitió esta preocupación a Menem. Pero además de la gestión política, los banqueros plantearon ayer otra estrategia para restar argumentos en favor de la regulación. Anunciaron una rebaja de al menos un punto en la comisión máxima que cobran a los comercios. "Desde el 1º de junio ningún comercio pagará 10 por ciento de arancel", señaló Guillermo Laje, gerente del Banco Galicia y representante de Adeba, tras una reunión que esa entidad, Abra y Abappra --las otras dos agrupaciones bancarias-- mantuvieron con la Cámara Argentina de Comercio. "Todavía no se definió el monto exacto de la rebaja", aclaró Laje. "Hace seis años que venimos negociando nuevas condiciones para la operatoria con tarjetas", agregó Jorge Di Fiori, titular de la CAC. "No hay duda --continuó-- de que la existencia de un proyecto de ley dinamizó las conversaciones, sería hipócrita si lo negara, pero esperamos que cuando los diputados vean que nos autorregulamos, desistan de la sanción de la ley". Otro de los anuncios fue que todos los comercios podrán financiar sus ventas con tarjetas en 12 cuotas, y la tasa será igual para grandes y chicos, del 18 por ciento en dólares y 28 en pesos. Además, se eliminará el sobrearancel que los bancos cobran a las pequeñas tiendas, del 1 o 2 por ciento sobre sus ventas en cuotas.
MEDIA SANCION A LA REFORMA LABORAL DEDICADA A LOS DEL FMI
El proyecto aprobado en el Senado se comenzó a discutir la semana pasada, pero su tratamiento se suspendió por falta de quórum. Tras el reto del presidente Carlos Menem, los legisladores prometieron aprobarlo. Y en el afán por mostrar que no existían intentos de demorar el trámite se tiró al tacho de basura la larga lista de oradores del PJ. En nombre de ellos, habló sólo el titular del bloque, Augusto Alasino. La iniciativa reduce las indemnizaciones por despido, mantiene la vigencia indefinida de los convenios colectivos y deroga las modalidades promovidas, como se denominan a los contratos temporales que eximen al empresario del pago de indemnizaciones y cargas sociales. El único cambio que se introdujo fue uno propuesto por Antonio Cafiero, que se hizo eco de algunas propuestas empresariales. La cláusula transitoria del dictamen disponía que los contratos temporarios "se convertirían en contratos por tiempo indeterminado" a partir de la vigencia de la ley. Es decir, les daba la efectividad inmediata a los trabajadores. Por el contrario, con la modificación introducida por el diputado del PJ, los empresarios podrán celebrar ese contrato durante un año más a partir de la vigencia de la ley, aunque "no podrán ser prorrogados ni renovados". De todos modos, la aprobación del proyecto debe sortear el obstáculo más difícil: la Cámara de Diputados. Es que tanto los diputados de la coalición opositora como algunos del propio PJ ya anunciaron su voto contrario a la flexibilización. |
La
presión del Poder Ejecutivo por frenar el proyecto de ley que impone topes a los
intereses de las tarjetas de crédito puso en un brete a los diputados justicialistas. Dar
marcha atrás con la iniciativa implicaba pagar un elevado costo político. Votarla
significaba declararse en rebeldía. Finalmente, los legisladores hicieron causa común y
ayer aprobaron el proyecto en general. El propio Carlos Menem intentó convencer a un
hombre de su confianza como César Arias de que no se llegara a ese final, pero el
diputado le comunicó que la posición del bloque era inflexible. Por su parte, los
banqueros procuraron ayer desactivar el proyecto, al anunciar una serie de ajustes a las
comisiones de los plásticos.