PANORAMA ECONOMICO

SEIS VIDAS A BAJO PRECIO
Por Julio Nudler

La construcción de la torre Alem Plaza le cuesta al fondo de inversiones Consultatio 30 millones de pesos, sin contar el terreno. El edificio ocupa parte de un predio en Catalinas, comprado en más de 18 millones. La vida de cada uno de los seis albañiles que murieron el martes en esa obra al caerse un montacargas vale según la ley 55 mil pesos. Por tanto, media docena de vidas sólo equivalen al 1 por ciento del edificio, que el día de mañana se poblará de oficinas suntuosas, paneles, alfombras, luces, computadoras, plantas de interior. El trágico suceso ingresará en su prehistoria. Alguien podrá recordar que la privatización del sistema de riesgos del trabajo, vigente desde hace dos años, no evitó estas muertes, ni pagará a los deudos una indemnización digna, o ni siquiera les reconocerá nada, ya que padres, hermanos o nietos no son considerados derechohabientes, aunque estuviesen a cargo de los siniestrados. Estos dos fracasos tienen una o varias explicaciones, las mismas que pueden esgrimirse para cada uno de los tres trabajadores argentinos que perecen en promedio cada día con las botas puestas.

La glorificación del capitalismo de mercado condujo a armar un sistema basado en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), cuyo espíritu fue consagrado por el Acuerdo Marco que la CGT, el establishment empresario y el Gobierno firmaron en julio de 1994. El punto de partida era dramático: según los datos que aportaron --formularios mediante-- las mismas empresas, más del 60 por ciento de las firmas cumplía apenas mínimamente con las normas de higiene y seguridad fijadas en 1972 por la ley 19.587, reglamentada en 1979. Otro largo 30 por ciento cumplía a medias, y apenas el 3 por ciento cumplía absolutamente, según sus propios datos.

A partir de la ley 24.557, entrada en vigor en julio de 1996, las ART obligarían a las empresas que contrataran el seguro con ellas a mejorar la seguridad laboral para así reducir la siniestralidad. No lo harían por humanidad sino por afán de lucro, para afrontar menores indemnizaciones. Pero el resultado debería ser el mismo. Sin embargo, las cosas ocurrieron de manera diferente, como suele suceder: la lucha por conquistar mercado desató una guerra de tarifas. Fuertes compañías del exterior irrumpieron en el circuito, dispuestas a soportar pérdidas durante cierto tiempo, hasta expulsar del negocio a las competidoras más débiles.

La prioridad de las ART fue y es expandir su cartera de clientes. Lo último en que piensan es ahuyentarlos con la exigencia de que cumplan las normas y cuiden así la vida de sus trabajadores. Pero también es verdad que las indemnizaciones son tan bajas que no convierten a la prevención de accidentes en una prioridad. Para qué gastar en seguridad si es más barato indemnizar a los siniestrados. De hecho, el sistema comenzó a concentrarse velozmente, en un proceso que no se detendría --según predicen los entendidos-- hasta que sólo quede una de cada cuatro de las ART iniciales. En ese momento, lo barato se volverá caro. Pocas aseguradoras fuertes estarán en condiciones de reunirse en torno de una mesa y cartelizarse, fijando los precios al nivel apetecido frente a una clientela cautiva.

Gracias a la sabiduría del régimen implantado, la Argentina es hoy un país de altísima siniestralidad laboral y, al mismo tiempo, baratísimas tarifas en el seguro de riesgos del trabajo. Los diseñadores del sistema suponían que la cuota del seguro rondaría un 5 por ciento de la masa salarial. Pero hoy las ART cobran en promedio apenas 1,4 por ciento. Esto, en realidad, hubiera hecho la completa felicidad de los introductores de la modalidad, cuyo propósito excluyente era bajar y volver previsibles los costos empresarios, terminando con la era de los juicios civiles. Tanto era así que en la ley se estableció que el Poder Ejecutivo sólo podría disponer el aumento de las prestaciones a las víctimas cuando las tarifas bajasen del 3 por ciento promedio. El eje era la reducción de costos. La compensación a los siniestrados o a sus deudos quedaba supeditada a ese otro objetivo supremo, dominante en todos los campos de la política económica y social a partir de la Convertibilidad y las reformas estructurales.

Dos datos significativos: la Argentina importó el modelo de España y de Chile, pero mientras allí las tarifas están fijadas por el Estado, aquí hay total libertad de precios. Los chilenos, además, no admiten que en este segmento intervengan aseguradoras con fines de lucro. Aquí, por el contrario, la ganancia manda. Ahora la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no encuentra otra solución que inducir un aumento de las tarifas, para que así el sistema se acerque, en alguna medida, a sus fines teóricos. La primera herramienta, que ya viene aplicando, es un aumento de las multas a aseguradoras y empleadores, que son siempre solidariamente responsables por los accidentes. En el caso del Alem Plaza, la constructora Obras Civiles, presidida por Julián Ganzábal, y el puñado de ART que cubren sus riesgos y los de las subcontratistas (Gerlach Campbell y otras) deberían pagar una multa de unos 120 mil pesos, inferior de todas formas al tope de 160 mil (valor de 20 mil Mopres, o Módulos Previsionales). La investigación del accidente dirá cuánto le va a corresponder a cada uno de los responsables.

Otra decisión, ya adoptada pero aún sin decreto, es la duplicación del tope indemnizatorio, igual al valor de una vida, que pasará de 55 a 110 mil pesos. Para más adelante queda la intención de reformar la ley para incluir entre los derechohabientes a otros familiares que dependan de la víctima. De todas formas, es poco probable que se alcancen grandes progresos en la prevención mientras el mercado laboral esté dominado por la precariedad, la flexibilización y los bajos salarios. Los empresarios no ven, en estas condiciones, la conveniencia de invertir en capacitar a sus trabajadores si la idea es que roten velozmente. No habiendo descansos mínimos garantizados, la fatiga aumenta el peligro, y los asalariados se meten en la exprimidora porque necesitan acumular horas extra para alcanzar el ingreso imprescindible. Desde esta perspectiva, la mejor ley de riesgos sólo sería un parche, pero al menos añadiría una dosis de justicia donde la hay muy poca.

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