¿SUICIDIO?, EN ALGO HAY QUE CREER
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Por Miguel Bonasso En su primer contacto con periodistas desde la muerte de Yabrán, Eduardo Duhalde afirmó que no se siente responsable por el presunto suicidio. "No, que voy a sentir culpa, ¿de qué estamos hablando?", dijo con visible molestia y aseguró que seguirá apoyando la tarea del juez de Dolores José Luis Macchi para lograr el total esclarecimiento del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Manejando el arte de la ambigüedad, aceptó aparentemente los informes oficiales sobre la enigmática muerte del empresario, pero sin dejar de abrir las ventanas de la duda. En una evidente aproximación a las sospechas de millones de argentinos. "Uno tiene que creer en algo", exclamó sorpresivamente el gobernador bonaerense, cuando Página/12 le reiteró la pregunta: "¿Usted realmente cree que fue un suicidio?". Ocurrió en la tarde de ayer, en su quinta de San Vicente, en un encuentro con un reducido grupo de periodistas, en el que dejó afuera las preguntas sobre su enfrentamiento con Menem y en el que jugó permanentemente al "cuando digo digo, digo diego", tratando de mostrarse imparcial y aséptico, para no aparecer "politizando" dos muertes, la de Cabezas y la de Yabrán, que (como él bien lo sabe) tienen inevitables lecturas y consecuencias políticas. Así, por ejemplo, empezó adhiriendo a la hipótesis del suicidio, sostenida a título provisorio por la jueza de Gualeguaychú, Graciela Pross Laporte, pero enseguida abrió una primera ventana: "No hay antecedentes conocidos de que una persona tome esta determinación sólo porque va a ser indagado en una causa donde dice que le tiene confianza al juez. Es poco entendible". Y reiteró, con intención: "poco entendible". Pero enseguida regresó a la teoría oficial, al afirmar que el poderoso empresario, al que llegó a estimarle una fortuna de entre "tres mil y cuatro mil millones de dólares", se habría quitado la vida "porque no soportó ser igual que todos ante la ley". "En la Argentina hubo un quiebre --agregó--, y quedó demostrado que todos somos iguales ante la ley. Con la muerte de Yabrán cae el telón sobre la idea de impunidad." Un mensaje parabólico, que bien podría estar dirigido al presidente Menem, a quien, obviamente, no mencionó. Limitándose a contestar "no" cuando le preguntaron si había hablado con el primer mandatario en los días conmocionados que siguieron a la muerte de Yabrán. En cambio, reveló que le había pedido al ministro de Interior, Carlos Corach, y al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, que no se "cremara el cuerpo" de Yabrán para poder practicar análisis posteriores y no dejar "dudas en la sociedad". "Aunque es imposible --agregó-- evitar que haya gente con dudas para siempre." También se limitó a una simple negación cuando se le preguntó si en el breve período en que el cartero estuvo prófugo el gobierno nacional le ofreció apoyo para encontrarlo. Y volvió a decir "no", aunque con tono más cortante y enfático, para negar que la SIDE hubiera participado en la búsqueda del empresario. Con la misma parquedad recordó que había considerado "un grave error" la audiencia que el jefe de Gabinete Jorge Rodríguez había concedido a Yabrán cuando el Excalibur reveló los nexos telefónicos entre "Papimafi" y varios ministros. Eludió, como era de esperar, toda referencia a un posible nexo entre el muerto y Menem y reiteró lo que ha dicho otras veces: que se había enterado de la existencia de Alfredo Yabrán por referencias de políticos del gobierno anterior y el actual, por militares y por empresarios, que lo consideraban un hombre cordial y "dadivoso". En cambio, fue menos rotundo cuando Página/12 quiso conocer su opinión acerca de la denuncia de Domingo Cavallo en el último programa de Mariano Grondona, donde el ex ministro de Economía vinculó al traficante de armas sirio Munzer Al Kassar con el muerto y con prominentes miembros del gobierno nacional. "No digo ni que sí ni que no. Aunque me resisto a las teorías conspirativas." Después orilló el humor involuntario cuando negó que en la Argentina "existan mafias al estilo internacional" pero admitió que algunos empresarios podían tener "actitudes mafiosas". Donde no hubo ambigÑuedades fue en la definición de los buenos y malos de la película. Elogió largamente al juez José Luis Macchi, "que mereció críticas al comienzo porque es un hombre del interior"; celebró la comparación del magistrado con "David", "que hizo el doctor Grondona" y subrayó que nunca había llamado a Macchi por teléfono porque lo sabía celoso "de su independencia". A los "malos", Wenceslao Bunge y Pablo Argibay Molina, los acusó de intentar amedrentar a testigos y a él mismo con una catarata de querellas. "Hay veintipico de juicios", reveló. Una y otra vez volvió sobre un tema que parece obsesionarlo: el rostro "desfigurado" de Yabrán como un factor que podía alimentar las suspicacias de la sociedad. "Sé que para mucha gente esto no va a quedar muy claro porque se desfiguró el rostro... No se olviden que todavía Gardel vive para muchos."
Tampoco fue ambiguo en lo que respecta a ciertos pasos a dar en el futuro próximo. Informó que había conversado con Antonio Cafiero y los senadores que le son adictos para tratar de retomar la rechazada ley del arrepentido que, se esperanzó, podría ser sancionada "dentro de los próximos dos años". Asimismo, reforzará y publicitará el sistema de las recompensas a posibles testigos, para esclarecer otros crímenes impunes como el del estudiante Miguel Bru. Y, sobre todo, procurará que el testigo que le relató lo que sabía a través del grupo de Los Hornos y al que tiene grabado en un video que parece esgrimir como disuasor nuclear (ver aparte) se anime a brindarle su testimonio al juez Macchi. Cuando se apagaron los grabadores el gobernador se distendió. Un colega volvió a traer el recuerdo de David y Goliath, preguntando con ironía si no podía aplicarse a su pugna por la sucesión con el Presidente. "A ver, a ver --replicó Duhalde--, ¿donde está...David?". Hubo risas y alguien comentó que Argentina le iba ganando a Francia. Afuera la bruma cubría el campo. EL EXCALIBUR DE YABRAN PASADO EN LIMPIO CON LA CASA ROSADA NO DABA OCUPADO
Por Ariel Garbarz Reordenando ahora los listados de 2200 cruces telefónicos realizados por el Excálibur, surge que el Poder Ejecutivo ocupa el segundo lugar en cantidad de llamadas desde y hacia el teléfono rojo de Alfredo Yabrán, el 394-2528, en los meses anteriores y posteriores al asesinato de José Luis Cabezas. Supera a las comunicaciones con cualquier empresa del difunto empresario telepostal y hasta con las establecidas con su propio vocero. Hubo una línea telefónica clave, el 394-2528 perteneciente a Yabito S.A., la empresa de Yabrán ubicada en Carlos Pellegrini 1165. Desde ahí se hicieron 102 llamados con Elías Jassan, 20 con el Ministerio del Interior y 35 con Presidencia de la Nación, y además se usó el mismo teléfono para cuatro comunicaciones con Gustavo Prellezo. De los llamados realizados desde y hacia el teléfono "rojo" de Yabrán, desde el 8 de octubre de 1996 hasta el 6 de mayo de 1997, un período de unos 3 meses antes y 4 meses después del asesinato de José Luis Cabezas, se observa el siguiente ranking de conexiones: * Alfredo Yabrán: 286 * Hotel Presidente Aldo Elías: 225 * Aylmer (empresa de Yabrán): 135 * Marcelo Lozano: 123 * Yabito (llamados internos): 103 * Elías Jassan: 102 * Coco Mouriño: 101 * Edcadassa: 97 * Unibón: 78 * Gregorio Ríos (a nombre de Brides SRL): 72 * Castillán S.A.: 67 * Rica, Marcelo: 62 * García, Juan Carlos: 58 * Costa, Teresa Silvina: 55 * Bassani, Marcelo (contacto con César Jaroslavsky): 45 * Lavié, Carlos (agente de la D.O.J. de la SIDE): 44 * Ciccone Calcográfica: 41 * Agropecuaria Lo Nuestro S.A.: 41 * Conagra S.A.: 37 * Organización Coordinadora S.A.: 36 * Presidencia de la Nación: 35 * Bunge, Wenceslao: 33 * Lanolec (empresa de Yabrán): 32 * Pra, Fernando: 29 * Romero, Villanueva Horacio: 28 * Fundación Argentina y el Mundo (presidente, Eduardo Angeloz): 25 * Alvarez Ercilia: 24 * Martínez Cristina: 24 * Villaruel, Irineo: 23 * Struberg, Héctor: 23 * Yabrán, Pablo Javier: 23 * Ministerio del Interior: 20 COMO UNA ADVERTENCIA UN VIDEO CLAVE Por M.B. "Aquí fue la conversación, aquí hicimos el video con el hombre ese que nos contó cómo había sido el asesinato de José Luis (Cabezas) y quién era el culpable", confesó inesperadamente el gobernador Eduardo Duhalde a Página/12, señalando el ámbito donde se producía el diálogo: el jardín de invierno de su quinta Santo Tomás de San Vicente. A través de los ventanales, la tarde brumosa exaltaba los verdes del jardín y proponía una atmósfera de policial británico. "Fue el día que jugaba Argentina contra Bolivia", dijo el gobernador, manejando bien las pausas y los silencios, mientras miraba en el presente post Yabrán el partido Argentina-Italia. Lo dejó caer como si se tratara de algo sin importancia, aunque estaba sugiriendo que esa confesión, oculta en el anonimato y guardada bajo muchas llaves, resultó decisiva para convencerlo de que el extinto Alfredo Yabrán había ordenado el asesinato de José Luis Cabezas. Pero que a la vez no podía decirlo de ese modo para no vulnerar "esa conquista de la humanidad que es la presunción de inocencia". Que es, precisamente, lo que los adláteres de Yabrán más le reprocharon desde que dijo que el presunto suicida debía "buscarse un buen abogado". Fue en la tarde de ayer, en los minutos que precedieron a una reunión con un reducido grupo de periodistas, en el que rompió el silencio que había mantenido desde que el escopetazo de Yabrán alteró la vida nacional. Entonces dijo, textualmente: "Le comentaba antes a un colega de ustedes que en este mismo lugar recibí a esa persona (el testigo anónimo). Que no es uno de los detenidos como Perfil dice, que hablé con uno de los horneros, no es así realmente. Yo creo que en algún momento cuando este hombre se decida a cobrar la recompensa, porque tenía mucho miedo, el juez Macchi tendrá esa cinta. Yo me comprometí públicamente a custodiar celosamente la identidad de las personas que hablaban conmigo. Así que yo no podía decir otra cosa pero, bueno, todo lo que él me dijo por primera vez es lo que está sucediendo en el expediente". Y la frase quedó flotando como una advertencia. MUCHAS CARTAS, UN GOBIERNO, UN SOLO CARTERO
Por Ernesto Tenembaum A mediados de 1993, el intendente de Quilmes se llamaba Aníbal Fernández, un hombre de bigotes gruesos que ahora es subsecretario general de la provincia de Buenos Aires. Fernández fue citado a la Casa Rosada. Lo atendió Esteban Caselli, quien por entonces era hombre de confianza de Eduardo Bauzá y Antonio Quarracino, y ahora es embajador argentino en el Vaticano. Fernández había ido pocas veces a la Casa Rosada. Luego de una introducción formal, Caselli preguntó: --¿Quién distribuye la correspondencia de su municipio? Fernández no salía de su asombro. Luego de explicar cómo funcionaba el sistema, Caselli deslizó una sugerencia con tono imperativo: "Para nosotros es importante que lo haga alguna de las empresas de Alfredo Yabrán". Hace pocos días, Fernández le contó la anécdota a un miembro del gabinete de Duhalde, que se la comentó a este diario. "Yo sufrí aprietes muchas veces en mi vida. Pero nunca de semejante magnitud." La presión de Caselli sobre Fernández es sólo una anécdota entre decenas. Pese a la indiferencia que finge el Gobierno, a lo largo y a lo ancho del país hubo funcionarios que presionaban en favor de los negocios del fallecido empresario. Muchos de ellos ocupan actualmente puestos de poder centrales en el aparato estatal. El director de Migraciones, Hugo Franco, fue quien tuvo el gusto de presentar a Yabrán con el arzobispo de Córdoba, Antonio Primatesta. La relación fue fructífera. Yabrán donó al arzobispado una playa de estacionamiento de dos millones de dólares, mientras que Primatesta hizo lobby ante la Municipalidad de Córdoba para que le otorgaran a Yabrán la distribución de cartas por cinco millones. La sobrevivencia de Franco en el Gobierno es un hecho realmente curioso. Era secretario de Seguridad cuando estalló la AMIA y fue el único funcionario que renunció como consecuencia de la explosión. Carlos Corach lo recicló como responsable de Migraciones, un área extremadamente sensible para el Gobierno, afectada por escándalos como el de Monzer Al Kassar o Ibrahim Al Ibrahim. Apenas asumió como jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa anuló contratos del municipio con empresas de Yabrán por doce millones de pesos anuales. Esos acuerdos habían sido firmados durante las gestiones de Saúl Bouer y Jorge Domínguez, actual ministro de Defensa de la Nación. De la Rúa denunció que el municipio adeudada 21 millones de pesos a las empresas del grupo. Otro miembro del gabinete, Antonio Erman González, permitió, cuando era ministro de Economía, que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro firmara con las empresas de Yabrán un contrato de seiscientos millones de pesos anuales para distribuir toda la correspondencia de las empresas que estaban a punto de ser privatizadas. El presidente de la Caja de Ahorro, era Juan Gaset Waidat, vecino de la familia Yoma en Nonogasta y antiguo amigo de la familia de Carlos Menem, con la que compartía su condición de empresario bodeguero. El hermano del Presidente, Eduardo Menem, presidía el Senado cuando ese cuerpo le dio media sanción a una ley de privatización del Correo que impedía a la policía revisar las camionetas de la empresa e imponía condiciones que dificultaban la presentación de los competidores de Alfredo Yabrán. Aunque Eduardo fue de los pocos que reconoció públicamente su relación personal con el empresario, sería injusto cargarle a él especialmente la aprobación de una ley que votaron, unidos, peronistas y radicales, pese a la enconada oposición del entonces ministro de Economía. El compromiso de sectores del oficialismo con el devenir del grupo Yabrán podría dar origen a una lista interminable. A principios del año pasado, la Auditoría General de la Nación cuestionó a la Policía Federal un contrato con empresas de Yabrán, porque había desestimado la oferta del Correo estatal, que ofrecía los mismos servicios a un costo menor. El jefe de policía era Adrián Pellacchi, quien luego fue ascendido a secretario de Seguridad por el ministro Carlos Corach. Adelina de Viola debió irse del gobierno cuando Domingo Cavallo descubrió que el Banco Hipotecario estaba a punto de entregar la distribución de su correspondencia a Yabrán en las mismas condiciones: el mismo servicio a mayor precio del que proponía el Correo estatal. --Vos bien sabés que lo único que hice fue obedecer órdenes, de arriba -- le gritó la rubia, en un pasillo de la quinta de Olivos, a Cavallo, horas antes de su renuncia. Nunca aclaró a quién se refería. Hubo un solo funcionario que renunció a su cargo cuando se demostró que estaba vinculado a Yabrán: el ex ministro de Justicia, Elías Jassan. Paradójicamente, Jassan no favoreció a Yabrán en ningún negocio en particular. Cavallo lo acusa de haber sido, junto con Carlos Corach, un operador del empresario en la Justicia. Es difícil probar cargos como ése, pero la aparición del Excalibur en la política argentina demostró que el ministro mentía cuando decía que nunca había estado con Yabrán. ¿Por qué habría alguien de creerle cuando negaba otras acusaciones? Ese quizá fue uno de los principales problemas del Gobierno en su relación con Yabrán, que se extiende incluso hasta después de su muerte. No podía reconocer ninguna de las relaciones que en realidad existían, porque las relaciones era turbias. Pero tarde o temprano se iba a poder demostrar que algunos de esos vínculos eran ciertos y el escándalo iba a ser mayor. Cuando Carlos Menem optó por blanquear la situación ya era tarde y una reunión entre Jorge Rodríguez y Yabrán sólo serviría para acrecentar el escándalo. En aquellos días de 1996, agitados por las revelaciones del Excalibur, los funcionarios intentaban negar lo indiscutible y terminaban reconociendo la red de vínculos con Yabrán. Corach, por ejemplo, reconocía haber hablado con él, cuando era secretario legal y técnico, sobre el decreto por el cual el Estado se disponía a comprar la parte privada de las empresas Edcadassa, Intercargo e Interbaires. Corach olvidaba que esas empresas no pertenecían a Yabrán y que un secretario de Legal y Técnica no debería participar de la elaboración del contenido de un decreto sino sólo de su supervisión legal. Esto es sólo parte de lo que se sabe. La punta del iceberg de una intrincada relación que el Gobierno se empeña aún en negar, mientras insiste en sostener que la muerte del empresario es un hecho sin ninguna trascendencia, de índole familiar, del cual tuvo en parte la culpa el periodismo, y que se investiga en un tribunal de una provincia del Litoral.
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