EL GOBIERNO LANZA UNA OFENSIVA CONTRA CAVALLO Y DUHALDE LOS DOS RE-RE ENEMIGOS
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Por Ernesto Tenembaum Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo, los dos hombres señalados por Alfredo Yabrán en su carta póstuma, son ahora los blancos de la estrategia resuelta en la Casa Rosada para enfrentar el período posterior a la muerte del empresario postal. El bloque de diputados del PJ intentará esta semana quitarle los fueros a Cavallo para que vaya preso (ver página 2). La ofensiva contra Duhalde tiene, en cambio, un costado más político. Desde la Casa Rosada ayer aceleraban los tiempos para convocar a un congreso del PJ que refleje "el absoluto aislamiento" en el que estaría ahora Duhalde. Por primera vez, ayer, Carlos Corach reconoció que "existe un movimiento interno dentro del PJ para habilitar un tercer mandato al Presidente". Hasta ahora, Corach había dicho que eran puros inventos de la oposición. Duhalde y Cavallo comparten, en el imaginario de la Casa Rosada, la condición de traidores. Los dos fueron parte central de la estrategia de poder de Carlos Menem desde 1989: uno como el hombre que ordenó la economía, el otro como el que juntaba los votos en el principal distrito del país. Ambos se atrevieron a desafiar el poder del Jefe: Cavallo cuestionó su autoridad como Presidente, Duhalde quiere directamente desplazarlo del Gobierno. Duhalde y Cavallo además tocaron a Yabrán, es decir, que se animaron a golpear sobre toda la Casa Rosada, incluido el entorno más íntimo y personal del presidente Menem. Los dos, además, están en condiciones de dañar seriamente el proyecto de re-reelección, no sólo con sus denuncias sino también porque, separados o juntos, pueden presentar candidaturas alternativas muy atractivas para sectores que, hasta 1995, votaban a Menem. Por si fuera poco, hay hombres de Cavallo que ocupan cargos claves en la estructura de poder duhaldista, como el presidente del Banco Provincia, Carlos Sánchez. El escenario para destruir a Cavallo es el Congreso de la Nación. Para destruirlo a Duhalde es el congreso del PJ que, al parecer, se realizará antes del mundial. El miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales discutirá si pide que la Cámara retire los fueros a Cavallo. El peronismo tiene algunos problemas porque no todo el bloque está alineado --los bonaerenses no se sumarían al operativo--, y se esperanzan en quebrar a la Alianza, por las cuentas pendientes que tienen los radicales con Domingo Cavallo. Paralelamente, en el Ministerio del Interior hay funcionarios que se dedican todo el día a repartir favores para que a nadie se le ocurra siquiera saludar de ahora en más al gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. El último caso es el del gobernador de Jujuy, Carlos Ferraro, quien pidió a la Justicia que habilite un tercer mandato de Menem justo un día después de haber recibido un giro de veinticinco millones de pesos. La guerra contra Duhalde y Cavallo es sólo la expresión de un proceso iniciado en 1995, durante el cual el Presidente decidió rodearse sólo de hombres sin poder propio, o sin carácter, a los que les pide básicamente una lealtad sin ninguna fisura. Cualquiera que haga algún gesto hacia los enemigos, como Duhalde o Cavallo, corre el riesgo de ser expulsado inmediatamente de su lugar de poder, como le ocurrió en su momento a Eduardo Bauzá. Por eso, a la Casa de Gobierno la ha ganado un espíritu fundamentalista que nadie se atreve a cuestionar por miedo a ser incorporado a la lista de traidores, por una denuncia oportuna de algún competidor interno. Esa situación es la que afecta en estos días, por ejemplo, a Hugo Anzorreguy, por su antiguo enfrentamiento con Alfredo Yabrán. Incluso el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, se ha atrevido a difundir esas sospechas acerca del ministro del Interior, Carlos Corach, porque, junto a Alberto Pierri, eran el puente entre el gobernador y el Presidente. Por eso mismo, no hay nadie que se haya atrevido a argumentar, dentro del equipo oficial, sobre la inconveniencia de emprender una batalla por candidaturas un año y medio antes de las elecciones presidenciales, sobre el desgaste que ello supone para todo el peronismo, sobre los peligros que implica involucrar a todo un gobierno en una batalla interna que no figura entre las prioridades de la gente, sobre la violencia que ello incorpora al proceso político un año antes de lo necesario. Ante cualquiera de esos planteos, los miembros del equipo oficial responden que la peor estrategia posible es la debilidad. "Sólo con el peronismo unido detrás de la re-reelección vamos a terminar bien este mandato. La guerra contra Duhalde y Cavallo es parte de eso: son casos ejemplificadores: está claro que Menem no quiere dejar con cabeza a nadie que lo haya cuestionado", dijo un ministro a este diario. Como se sabe, el Presidente sentía cada cuestionamiento público a Alfredo Yabrán como un desafío a su autoridad.
Por José Natanson ¿Por qué se toma con una magnificencia y una importancia tan grande la declaración de Belawsky contra Yabrán (en el caso Cabezas), y por qué no se toma de la misma manera la declaración de Aldaco en el caso IBM-Banco Nación?". Con esta pregunta, el diputado del PJ Carlos Soria dio ayer una pista más sobre la intención del oficialismo de impulsar el pedido de desafuero de su ex superministro. La respuesta del cavallismo no tardó en llegar: el diputado Guillermo Francos señaló que "es una campaña del menemismo para bajar a Cavallo". La posición del interbloque de la Alianza todavía no está clara: mientras que el diputado Rafael Pascual aseguró que "si corresponde, la UCR respaldará el pedido de desafuero", desde el Frepaso aseguraron que no van a permitir que "Menem ponga a las instituciones en función de una pelea política".Aunque luego desmintió haber asegurado que el ex ministro "va a terminar preso", Soria recordó ayer que "ya en setiembre dije que Cavallo podría tener serias dificultades para asumir como diputado" por su presunta responsabilidad política en el affaire IBM-Banco Nación. Soria no es cualquier diputado: preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, el órgano encargado de decidir si los pedidos de desafuero elevados por los jueces son correctos. Consultado por este diario, el diputado justicialista César Arias, acusado por el cavallismo de ser la cabeza de la embestida, señaló que "todavía está estudiando los pedidos de desafuero" y, aunque todavía no dejó en claro cual va a ser su posición, calificó de "muy graves" las acusaciones contra Cavallo. Guillermo Francos es legislador de Acción por la República, el partido que fundó el ex ministro tras su salida del gobierno. En diálogo con Página/12, Francos señaló ayer que "si Soria dijo que la situación de Cavallo es comprometida es porque debe tener información de los jueces". El diputado añadió que "ninguno de los pedidos de desafuero está hecho como corresponde". Las presentaciones judiciales para que a Cavallo se le quite la inmunidad parlamentaria son cuatro. Dos por calumnias e injurias: el primer pedido fue realizado por Rodolfo Canicoba Corral en una causa que le inició Luis Barrionuevo. El segundo fue solicitado por María Romilda Servini de Cubría a raíz de un juicio por injurias contra el ministro de la Corte Suprema Augusto Belluscio. Por su posible vinculación con la causa de contrabando de oro el juez Jorge Brugo realizó otra presentación. El cuarto pedido corrió por cuenta de Claudio Bonadío, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Para que a un legislador se le quite la inmunidad debe existir, primero, una orden de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que va a tratar el próximo miércoles los pedidos contra el ex ministro. Luego, el trámite continúa en la Cámara, que debe aprobar, en sesión plenaria y con los dos tercios de los presentes, el pedido de desafuero. La postura del interbloque de la Alianza es, por lo tanto, clave para definir la situación de Cavallo. El diputado del Frepaso Darío Alessandro manifestó ayer que "el menemismo busca poner a las instituciones en función de su enfrentamiento con Cavallo" y agregó que su partido "no se va prestar de ninguna manera a este tipo de maniobras". En el radicalismo la posición no está tan clara: el diputado Rafael
Pascual, acusado por algunos miembros del cavallismo de "jugar para Yabrán",
dijo que, "si corresponde, la UCR va a respaldar el pedido de desafuero" del ex
ministro y agregó que "no vamos a tener una actitud corporativa con nadie".
Pascual remató con una advertencia: "no va a ser la primera vez se realiza un
desafuero".
La primera dama es experta en suspicacias. Por eso hoy engruesa la lista de personas que dudan de que Alfredo Yabrán se haya suicidado. "No corresponde señalar tan rápidamente antes de que se haga la autopsia que se trató de un suicidio" dijo ayer. También opinó que "se está jugando políticamente con las muertes violentas que ocurren en el país, y los que se aprovechan de este tipo de casos no tienen perdón de Dios". Luego se extendió sobre la muerte de su hijo. "Quiero la verdad", dijo. "El dolor de madre me va a llevar a profundizar la lucha, aunque me cueste la vida". En ese sentido volvió a cargar contra el juez Carlos Villafuerte Ruzzo, contra los fiscales y contra los peritos que desoyeron el informe de Gendarmería que confirma que en el helicóptero que piloteaba su hijo se hallaron restos de partículas que probarían que fue derribado con disparos de armas de fuego. Se quejó también de que el magistrado no quiera entregarle el video en el que se vería que en el helicóptero viajaban tres y no dos personas. Para Zulema Yoma, la palabra mafia no es nueva. Desde que murió su hijo, el 15 de marzo de 1995, trata de demostrar que fue víctima de un atentado. "La mafia tiene más poder que Carlos Saúl Menem. Si no, no se entiende que un padre no pueda tomar las riendas de la investigación del crimen de su hijo. Quizá la muerte de Carlitos pudo haber sido realizada por el narcotráfico o por la mafia de las armas" dijo el año pasado. "La mafia golpea donde más duele y lo que más le duele a un padre es la muerte de su hijo" explicaba a quien quisiera escuchar. Hoy sigue golpeando puertas. "Nadie me escucha porque prohíben a los medios hablar de la verdad y tocar el tema", denunció ayer, y repitió: "Los que se aprovechan políticamente de este tipo de casos no tienen perdón de Dios porque con los muertos no se juega. Esto va para los políticos, los médicos que actuaron en la autopsia de mi hijo". Finalmente advirtió: "Tengan cuidado, si el tema de Carlitos de destapa, se van a destapar muchas cosas".
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