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EL SOCIALISMO ESPAÑOL COMPROMETIDO CON PARAPOLICIALES
QUIÉN JUGÓ A LA GUERRA SUCIA

Empezaron ayer las audiencias del juicio por la represión ilegal contra la ETA. En la mira del fiscal están los ex ministros socialistas.

Un guardaespaldas escolta a juicio a dos ex funcionarios de la lucha antiterrorista.
Los socialistas deberán probar que respetaron la democracia al combatir a la ETA.

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t.gif (67 bytes)  El juicio a la guerra sucia empezó en España, y ayer se lanzaron las imputaciones. El principal afectado es el ministro del Interior del ex gobierno socialista de Felipe González. Los parapoliciales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se cobraron al menos 28 vidas entre 1983 y 1987, y el ex policía Miguel Planchuelo acusó ayer al ex ministro José Barrionuevo de haber dado el OK y supervisado el secuestro de un francés inocente confundido con un etarra. "Todo esto es una fabulación", fue la rotunda reacción de Barrionuevo, quien trató de salpicar al gobierno derechista del Partido Popular (PP) por la "preparación" de las deposiciones de los testigos, en un momento en que las encuestas señalan un pico de popularidad para los socialistas.

En una declaración espectacular, el ex policía Miguel Planchuelo inculpó ayer al gobierno socialista de conocer con precisión las actividades del grupo parapolicial. "Llegó un momento en que el señor ministro estaba dispuesto a dar la cara, a asumir la responsabilidad", dijo Planchuelo refiriéndose a Barrionuevo. "Y a ver si se pica Felipe (González), y sale también", le habría dicho en 1995 el ex ministro al ex policía. Planchuelo es uno de los 12 acusados en el juicio y ya reconoció su participación en 1983 en el secuestro político del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con el etarra Mikel Lujua y confinado por 9 días en una cabaña. La falsa identificación se debió al auxilio de la policía francesa: el inspector Guy Metge habría recibido 83.000 dólares pagados con fondos públicos españoles para colaborar en la "guerra sucia" contra la ETA.

El fiscal pidió 23 años de prisión para el ex ministro Barrionuevo por pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos, al igual que para el ex secretario de Estado Rafael Vera. En sus primeras declaraciones desde que se abrió el juicio, Barrionuevo insistió en que las afirmaciones de Planchuelo son "absolutamente falsas" y sostuvo que sobre la orquestación de las declaraciones habría que preguntar "al señor Francisco Alvarez Cascos, que de esto sabe mucho más que yo". El ex ministro se refería al actual vicepresidente del Gobierno (PP), quien en 1994, poco antes de que comenzase la instrucción del caso GAL, habría ofrecido el indulto al ex policía Michel Domínguez, uno de los procesados, si conseguía implicar a responsables socialistas. Por su parte, Alvarez Cascos negó haber hecho ese ofrecimiento, que habría ocurrido cuando el PP estaba todavía en la oposición. El ex premier socialista Felipe González, que gobernó España entre los años 1982 y 1996, negó siempre estar al corriente de la "guerra sucia". El Tribunal Supremo rechazó citarlo como imputado, pero no vaciló en convocar su próxima comparecencia como testigo.

El secuestro por error de Sebastián Marey, y su prolongación por más de una semana después de que se reconociera el error, se produjo durante el período más cruento de la guerra separatista librada por ETA, que ha cobrado más de 800 vidas desde 1968. En su momento de esplendor, a comienzos de la década de 1980, ETA mantenía un promedio estable de una muerte cada tres días. En esos años, que coincidían con los comienzos del régimen socialista de François Mitterrand, ETA había encontrado una cabecera de puente y un santuario en el sur de Francia. Algo que, según el fiscal del caso GAL, llevó a la cúpula del Ministerio del Interior español a autorizar acciones en esta región contra el grupo guerrillero.

El escándalo de los GAL contribuyó decisivamente a la derrota electoral de Felipe González en 1996 frente al conservador José María Aznar. Pero según un sondeo publicado ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las intenciones de voto de los españoles se han revertido entre los dos partidos mayoritarios. El CIS es un organismo dependiente del gobierno, pero sin embargo éste no ha salido favorecido en la encuesta, que le da 1,8 punto de ventaja al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que justamente ayer enfrentaba en el Tribunal Supremo al fiscal del caso GAL. De acuerdo con el sondeo, en el

 

supuesto de elecciones generales, el PSOE obtendría el 38,9 por ciento de los sufragios contra el 37,17 para el PP. El margen de error del CIS es de uno o hasta dos puntos. Para las próximas legislativas, previstas para el año 2000, las primarias del PSOE dieron como precandidato a Josep Borrel para el cargo de jefe de gobierno, en detrimento del secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Borrel descartó ayer la realización de un congreso partidario que había propuesto por disensiones internas, debidas no sólo al caso GAL, sino también a diferencias al tomar decisiones. "El candidato a jefe de gobierno no puede aparecer como el chico que reparte besos", había dicho el martes. Pero el miércoles negó la necesidad del congreso.


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