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Por Raúl Kollmann  El gobierno argentino quiere
romper relaciones con Irán antes del 18 de julio próximo, cuando se cumpla el cuarto
aniversario del atentado contra la AMIA. En la Casa Rosada la secuencia está prevista. En
los próximos días llegará a la Argentina una traducción de lo que declaró en Alemania
el arrepentido iraní conocido como el señor C., quien involucró en el atentado al
régimen de Teherán y, en especial, al agregado cultural Moshen Rabbani. Más pronto que
tarde, el juez Juan José Galeano citará a declarar a Rabbani, que actualmente está en
Irán y por lo tanto no se hará presente en el juzgado. Una vez que Galeano libre la
orden de captura internacional, el Gobierno romperá relaciones, provocando un impacto
antes del aniversario del atentado. El Poder Ejecutivo intenta así acallar las críticas
por la falta de resultados en la investigación, aunque deberá afrontar las críticas de
la oposición y una asombrosa respuesta de Irán. Todo indica que un tribunal de Teherán,
que hace dos años le inició una insólita causa a Galeano, terminará condenándolo y
librará una orden de captura contra el juez (ver aparte).
En los próximos días se producirán varias novedades en la causa AMIA. La primera es la llegada --desde Estados Unidos-- de la traducción de las declaraciones del señor C. El hombre, actualmente refugiado en Alemania, estuvo en la máxima conducción de la inteligencia iraní y abandonó aquel país en 1996. El señor C. señaló ante Galeano que la decisión de atentar contra la AMIA se tomó en Teherán y que Rabbani fue comisionado para poner en marcha el ataque. El juez y los fiscales quedaron muy impresionados por el testimonio del señor C. y le dan la máxima credibilidad, aunque son escasas las pruebas que pudo aportar sobre la forma concreta en la que se realizó el atentado. C. no pudo hablar ni de la camioneta ni de los explosivos ni de los otros individuos que participaron en el ataque, sólo dice que Rabbani lo organizó. La segunda novedad será la entrega de una nueva pericia hecha a los restos de la camioneta Trafic utilizada como coche bomba. El estudio, hecho por el comandante de Gendarmería retirado Osvaldo Laborda, está a punto de concluirse. Por último, en los primeros días del mes de junio se recibirá el informe del FBI, es decir las conclusiones del trabajo de una decena de expertos que estuvieron en la Argentina durante el mes de abril. El informe será entregado al Gobierno, al juzgado y a la DAIA. Una vez que Galeano tenga todos estos elementos en la mano, en la Casa Rosada se espera que cite a declarar a Rabbani. El magistrado dirá que tiene varias declaraciones --tres arrepentidos iraníes y un taxiboy brasileño que es testigo clave-- y que todos implican al clérigo en los atentados, por lo que se trata de una citación razonable. Como hasta ahora, en Teherán sostendrán que se trata de una persecución contra Rabbani y éste no se presentará. Por consiguiente, va a ser considerado prófugo y se librará contra él una orden de captura internacional. Ante este cuadro de situación, la Casa Rosada romperá relaciones con Irán, según le contaron a este diario altísimas fuentes del Gobierno. Una de las claves para tomar la decisión es mostrar una actitud firme antes del aniversario del atentado, sobre todo teniendo en cuenta el escándalo del año pasado en que los ministros del Poder Ejecutivo fueron abucheados por la concurrencia en el acto de recordación de las víctimas que se realizó frente al predio de Pasteur 633. La ruptura será un golpe de efecto que, además, contará con el apoyo de Estados Unidos. Como adelantó Página/12, ni el juez ni los fiscales están de acuerdo con el vínculo que se está estableciendo entre la causa AMIA y la ruptura de relaciones con Irán. "Es una cuestión diplomática, no judicial. En Alemania y Francia hay condenas en firme por asesinatos probadamente cometidos por el régimen iraní y no rompen relaciones. Entonces no pueden hacer depender de una investigación en curso algo tan serio como un conflicto diplomático entre dos países. Nosotros pensamos que efectivamente Irán está detrás del atentado, pero estamos trabajando. Si el Gobierno quiere romper, que rompa, pero que no nos cargue a nosotros con la responsabilidad", explicó a este diario una fuente del juzgado. En la Casa Rosada la decisión está tomada. La Cancillería resistió la medida. Sus fundamentos eran dos. El primero eran los riesgos militares y de seguridad que podían derivarse de una ruptura con un país acusándolo de terrorista. El segundo era el importante intercambio comercial argentino con Irán, que arroja un balance comercial muy superavitario para la Argentina. Pero en los últimos días el canciller Di Tella ha cedido ante la ofensiva que tuvo por puntales a dos funcionarios que habitualmente compiten duramente entre sí: al ministro del Interior Carlos Corach y el titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy. El visto bueno final, el que selló la discusión, lo dio el presidente Carlos Menem.
PURGA
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