FAYT RECIBE UNA JUBILACION POR $ 13.000
Y DEJA SU PUESTO EN LA CORTE

JUEZ MENEMISTA SE BUSCA

  El ministro Carlos Fayt tiene arreglado con el Gobierno que deja su lugar en la Corte Suprema. A pedido del magistrado, se firmó una resolución por la que se le otorga una pensión por la cual cobrará unos 13.000 pesos mensuales de por vida. El texto establece que Fayt debe abandonar su cargo para empezar a recibir la pensión que gestionó personalmente, todos los días, mediante llamadas al subsecretario de Seguridad Social, Santiago de Estrada, quien firma la resolución. Fayt le deja al Gobierno un puesto clave en el máximo tribunal, ya que hay una mayoría oficialista de cinco miembros sobre nueve y ahora se agregaría uno más, porque es la Casa Rosada la que propone el nombre del nuevo miembro y corresponde que lo vote el Senado donde el justicialismo cuenta con una fuerte mayoría. El sexto hombre adicto le viene muy bien al Gobierno en momentos en que se va a discutir la re-reelección y además es una especie de garantía para los procesos judiciales que eventualmente tenga que afrontar Carlos Menem en caso de que deje el poder.

Durante las últimas semanas, Carlos Fayt llamó por teléfono todos los días a la Secretaría de Seguridad Social para reclamar la firma de la resolución. Las llamadas las hacía personalmente, no a través de su secretaria, lo que da una idea del apuro que tenía para concretar el acuerdo. Finalmente, el 20 de mayo, el mismo día en que se produjo la muerte de Alfredo Yabrán, en el mayor de los silencios, De Estrada firmó la resolución número 179. En el texto se aclara varias veces que la pensión se otorga por pedido de Fayt.

Es obvio que la resolución tiene el visto bueno del presidente Carlos Menem, ya que el superior inmediato de Santiago de Estrada no es otro que el secretario de Seguridad Social, Ramón "Palito" Ortega, o sea el llamado "candidato suplente" de la Casa Rosada. El resto de los ministros de la Corte no sabía que Fayt estaba haciendo las gestiones y tampoco conocía el arreglo con el Gobierno.

Desde el punto de vista legal, la norma no tiene reparos. Se asienta en la ley 24.018 de 1991 por la que los presidentes y miembros de la Corte Suprema pueden pedir una pensión mensual, móvil, vitalicia e inembargable por un total equivalente al sueldo de ministro de la Corte, más todos los viáticos, plus por antigüedad, gastos de movilidad y representación que cobran los ministros que están en funciones. A valores de hoy, Fayt seguirá cobrando unos 13.000 pesos por el resto de su vida. Esta pensión es la misma que intentan cobrar los ex dictadores Jorge Videla y Leopoldo Galtieri, pero hasta ahora ha sido denegada por la Secretaría de Seguridad Social con el argumento de que fueron presidentes de facto, es decir que usurparon el cargo.

En la nueva Carta Magna la elección de un juez de la Corte no presenta grandes diferencias con la forma en la que se hizo hasta ahora y que fue la que le permitió al Gobierno sumar una mayoría automática en su favor. En concreto, la Casa Rosada elegirá al candidato y lo someterá a la aprobación del Senado, donde deberá cosechar el voto de dos tercios de los presentes, una cifra siempre menor a dos tercios del total de integrantes de la Cámara. Antes, con la mayoría simple se elegía al integrante de la Corte y aunque ahora al oficialismo no le resulta fácil conseguir los dos tercios, la realidad es que lo han obtenido varias veces. Por ejemplo, el 30 de abril pasado el riojano Miguel Angel Romero consiguió su designación como Defensor General de la Nación con el voto favorable de los senadores justicialistas, que lograron dos tercios de los votos a pesar de que los legisladores de la Alianza se pronunciaron en contra. El otro requisito de la nueva Constitución es que la sesión sea pública y no secreta como antes de la reforma.

Para el Gobierno, el asiento vacante en la Corte es fundamental. Fayt es un magistrado que nunca votó automáticamente con el oficialismo, sino que se ha pronunciado de distinta forma en cada uno de los temas. La brigada oficialista está integrada por el titular del cuerpo, Julio Nazareno, y los ministros Adolfo Vázquez, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano. Estos jueces impusieron la mayoría en favor del Gobierno, por ejemplo, en temas como la privatización de Aerolíneas Argentinas, la consolidación de la deuda interna, los conflictos electorales en Corrientes y Avellaneda, la validez de los cursos de ingreso en la Facultad de Medicina, el pago de un reajuste a jubilados y la convocatoria de las elecciones porteñas. Fundándose en esos casos, la Alianza opositora analiza la posibilidad de promover juicio político a la "mayoría automática" del oficialismo. Pero ese trámite sería puramente formal, ya que la oposición no cuenta con las bancas necesarias. Por otro lado, tampoco tiene consenso interno para promoverlo (ver nota aparte)

Ahora, la cuestión es doblemente importante. El debate sobre la re-reelección sobrevuela el panorama político y una mayoría de seis ministros en la Corte es más que decisiva. Esta misma semana se produjeron varias presentaciones judiciales tendientes a habilitar a Menem para un nuevo mandato, con lo que una buena parte de ellas puede llegar al máximo tribunal.

Al mismo tiempo, en fuentes tribunalicias se considera que una Corte con seis votos favorables al Gobierno también constituye un seguro para el caso de que la re-reelección naufrague. En esa eventualidad, habrá causas por hechos de corrupción que se ventilarán con Menem fuera del poder y, sin dudas, el máximo tribunal tendrá la última palabra. Para la Casa Rosada, tener cinco votos es un buen colchón, seis ya es el éxtasis.

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