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Por Pablo Rodríguez "Llegar vivo a la elección presidencial". Hace menos de tres semanas, el candidato oficialista Horacio Serpa resumió de esta manera sus aspiraciones para los comicios que se realizan hoy en Colombia, en las cuales aparece disputando el primer lugar con el candidato conservador, Andrés Pastrana, y la candidata independiente Noemí Sanín, que duplicó en tan sólo una semana las intenciones de voto a su favor. Estos son los dos puntos de análisis básicos de la actualidad colombiana: una guerrilla que en las elecciones regionales que cerraron el año pasado mató a 200 candidatos, obligó a otros 10.000 a no presentarse y controla casi el 40 por ciento del territorio, y una "tapada" que parece estar recogiendo los votos desconfiados de la clase política tradicional, en especial del actual gobierno de Ernesto Samper, cuya campaña electoral fue financiada por el narcotráfico. La situación recuerda demasiado a la del sorpresivo triunfo de Alberto Fujimori en el Perú aterrorizado por Sendero Luminoso, pero los tres candidatos no se proponen derrotar a la guerrilla sino aceptar su victoria relativa con un diálogo de paz.El único candidato que se propone seguir combatiendo al terrorismo, el general Harold Bedoya, no supera el 2,5 por ciento en los sondeos previos; y, de hecho, se vio forzado anteayer a admitir que amnistiará a los líderes guerrilleros que abandonen las armas como forma de moderar su posición. La presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está tan extendida y aceptada entre los colombianos que lo único que parecen desear es el fin, como sea, del conflicto. Ambas organizaciones son actores principales de la vida política y económica de Colombia. Los análisis preelectorales tienen como variables ineludibles la cantidad de candidatos muertos y amenazados y el nivel de abstención del electorado: si las FARC y el ELN anuncian el boicot a los comicios, estos números suben. Si deciden no hacerlo, los candidatos respiran y la gente que no tenía pensado salir de sus casas asiste a los lugares de votación. Para la prensa y los principales dirigentes políticos, haber bajado la abstención del 67,25 por ciento de 1994 al 56,2 por ciento de las elecciones del año pasado es "el gran triunfo de la democracia". Colombia tiene un antecedente muy cercano en cuanto a absorber a la guerrilla en el sistema político: el Movimiento 19 de Abril, más conocido como el M-19, se desarmó en 1989 y pasó a ser la Alianza Democrática M-19. Pero esta organización, que supo ser en su momento la más poderosa en los 30 años de lucha guerrillera, sufrió la caída de la Unión Soviética, su principal sostén económico, y prefirió anticiparse a su propia degradación. Las FARC y el ELN, en cambio, llegan a la eventual negociación fortalecidos y no esperan ningún perdón del gobierno sino más bien una concesión acorde con el poder territorial que mantienen. Según fuentes norteamericanas de Defensa, los rebeldes controlan el 40 por ciento del territorio colombiano. Esto fue enfáticamente negado por el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, pero el propio ejército admitió que era impotente para acabar militarmente con la guerrilla: se trata de 40 mil hombres distribuidos en diferentes frentes, de norte a sur, que tienen armamento considerable y cuya base de apoyo es la miseria que, efectivamente, existe entre los campesinos colombianos. Y en el poder de las FARC mucho tendría que ver el narcotráfico. Al igual que el M-19, las FARC tenían una tendencia prosoviética que de nada les servía después de la caída del Muro de Berlín, pero supo tejer al mismo tiempo supuestas vinculaciones con el narcotráfico por las cuales, a cambio de dinero y armamentos, se les garantiza a los carteles zonas libres para las operaciones clandestinas con drogas. Y es el mismo poder de los narcotraficantes, aparentemente golpeados por el encarcelamiento de seis de los siete jefes del cartel de Cali, entre ellos los hermanos Rodríguez Orejuela, el que permitió financiar la campaña electoral del propio Samper. El escándalo hizo rodar las cabezas de varios funcionarios pero dejó intacta la del actual presidente. Sin embargo, a partir de ese momento Estados Unidos consideró definitivamente que Colombia, tanto en los dominios del gobierno como en los territorios "gobernados" por la guerrilla, era un "narcoestado". Y el panorama de violencia en un país que virtualmente no tiene Estado está completado por la acción de los paramilitares. Estos grupos tienen tanta antigüedad como la misma guerrilla pero desde 1992 subieron de 500 a 8000 integrantes, paralelamente al crecimiento de las FARC y el ELN, en menor medida. Y tienen el mismo perfil que sus colegas de México, Brasil y Guatemala: defienden a los grandes terratenientes --la invasión de tierras es promovida por la guerrilla--, reciben el apoyo clandestino del ejército --que se manifiesta incapaz de combatir en la selva-- y organizan grandes matanzas en las que cuelgan y hasta despellejan vivas a sus víctimas. La situación es tan caótica que se resiste a la fácil división de bandos: a veces son los mismos narcotraficantes que no aceptan la colaboración con la guerrilla los que los contratan. Esta es la tierra de nadie que pretenden gobernar Serpa, Pastrana y Sanín. Los tres definieron su perfil en relación al polémico Samper. Serpa fue su ministro del Interior y jamás pudo despegar su imagen de la del actual mandatario; por ello, a pesar de que aparece segura su inclusión en una segunda vuelta electoral, pocos le auguran el triunfo en esa instancia. El candidato conservador, Andrés Pastrana, cuenta a su favor su temprano posicionamiento contra Samper por el narcoescándalo y su alianza electoral, que incluye ex guerrilleros y parte del ahora político M-19, que le permitiría un consenso amplio. Y la candidata independiente Noemí Sanín aparece como la gran sorpresa fundamentalmente gracias a su propia astucia. Ex integrante del Partido Conservador, Sanín fue canciller entre 1990 y 1994, durante el gobierno de César Gaviria, y embajadora en Gran Bretaña hasta 1995, cuando se supo retirar por el escándalo de Samper. A partir de allí, una mujer de extensa participación política fue forjando una imagen de "independiente", fundó un movimiento con el estratégico nombre de Opción Vida y está atrayendo el voto castigo. "Sueño con Noemí", dijo durante la campaña Serpa, quizás en referencia a su bonita cara, o quizás porque en realidad ni él ni Pastrana pueden dormir en paz pensando el espectacular repunte que le asignan los sondeos de intención de voto: de acuerdo a las encuestadora Gallup, Sanín pasó del 10 al 23 por ciento mientras Serpa bajó al 31 por ciento y Pastrana al 37 por ciento. Esto significa que, si llega a la segunda vuelta aunque sea por debajo de alguno de los dos, le ganará a cualquiera porque seguramente contará con los votos del desplazado. De todas maneras, cualquiera de los tres, antes que atender las cuestiones de Estado más urgentes, tendrá que "refundar" ese Estado. Y para ello necesitan del acuerdo con la guerrilla, que es en sí mismo una suerte de paradoja. ¿Cómo puede recrearse un Estado a partir de la comprobación de que no puede ejercer el monopolio de la fuerza sobre el territorio del que se supone es soberano? Si las FARC, como afirmó su líder, Manuel Marulanda Vélez, están dispuestas a negociar aun conociendo el poder que ejerce, ¿qué recibirán a cambio? ¿Una parte del territorio? ¿Una participación importante en el gobierno? Hay otro gran dilema: el económico. Al igual que Bolivia, y en menor medida que Perú, Colombia carga con la impotencia de Estados Unidos por el tema del narcotráfico: como no puede combatirlo en su propio territorio, el gobierno norteamericano pretende destruir directamente las plantaciones, y con ello la economía de estos países, sin proponerle ningún aluvión de inversiones que garantice semejante medida. La cuarta parte de las tierras cultivables de Colombia está dominada por los carteles. Durante 1996, la construcción en la ciudad de Cali cayó un 40 por ciento por el encarcelamiento de los líderes del célebre cartel de esa ciudad. Algo similar le ocurre al presidente boliviano Hugo Banzer, que se comprometió a eliminar las plantaciones de coca y está generando la violencia a gran escala. Lo peor, para Colombia, es que esto estalló hace mucho tiempo.
HORACIO SERPA, EL CANDIDATO OFICIALISTA,
ACEPTA SENTARSE CON LA GUERRILLA Por Juan Jesús Aznarez desde Bogotá Horacio Serpa, 55 años, ex ministro del Interior del presidente Ernesto Samper, candidato por el oficial Partido Liberal a la jefatura del gobierno de Colombia en las elecciones del domingo, denunció ayer una campaña de asesinatos de la extrema derecha para desestabilizar el país conduciendo a la anarquía, y contrariamente a Samper, prometió asumir las responsabilidades políticas, penales y administrativas derivadas de una hipotética entrada de dinero del narcotráfico en su campaña. "Pero eso no ocurrirá porque hemos puesto todos los medios para que no entre dinero ilícito", aseguró a la prensa extranjera. "Y en nuestro gobierno no habrá impunidad de ninguna especie". Las fuerzas armadas, dijo, serán depuradas. "Quienes no cumplen la ley deben estar afuera (...). No habrá solidaridad de cuerpo". Según las encuestas tras el aspirante conservador, Andrés Pastrana, el abogado de Barrancabermeja de los grandes bigotes, ex procurador general de justicia, se definió más a la izquierda que Ernesto Samper en el flanco social y afirmó que luchará frontalmente contra la rampante impunidad. ¿Y por qué no lo hizo como ministro?, se le preguntó. "El gobierno es el presidente con sus quince ministros, y yo atendí los asuntos del interior, no manejé la administración de justicia". Horacio Serpa, que aunque confesó ser amigo de Samper tomó distancia del presidente saliente, pretende mejorar las deterioradas relaciones con Estados Unidos, cuyo gobierno retiró el visado de entrada al país al jefe del Ejecutivo a raíz de la entrada de seis millones de dólares del cartel de Cali en la campaña. "Yo tuve la visa durante 15 años pero se venció. Tengo muchísimas invitaciones de Estados Unidos, pero a través de una conversación con el nuevo embajador creo que no hay ningún inconveniente para renovarla. Igual la pido."
--¿Puede ocurrir, como en la campaña de Samper en 1994, que penetre el narcotráfico en la suya? --Tenga la seguridad de que eso no ocurrirá. La experiencia de hace cuatro años a todos nos ha hecho asumir un comportamiento supremamente claro. Queremos que haya la máxima transparencia en nuestras cuentas y hemos instrumentado una serie de procedimientos internos para evitar que nuestra campaña sea contaminada con dinero ilícito (...). La fiscalía nos ha proporcionado unas listas de personas por fuera de la ley cuyos aportes serían inconvenientes. Nuestros libros están abiertos.
--¿Seguro que no puede ocurrir lo mismo que en el '94? --Sí, por supuesto. Y al anunciar la campaña dije al país: yo respondo por todo lo que pase en la campaña política; respondo administrativamente, políticamente y penalmente.
--Eso lo diferencia de Samper. --Bueno, usted lo ha dicho.
--Pero hace cuatro años, en rueda de prensa, Samper dijo también que sus libros estaban abiertos. --Acabo de mencionar que Samper es Samper y Serpa es Serpa.
--¿Cómo analiza los últimos asesinatos de dirigentes de los derechos humanos y las matanzas de los paramilitares? --Hay unas mentes perversas, criminales, de extrema derecha, dirigidas a golpear. Es un comportamiento criminal de la extrema derecha que quiere desestabilizar este país, que quiere crear confusión, que está generando anarquía.
--¿Aceptaría la entrada de la guerrilla en el Congreso sin pasar por las urnas como propone la candidata Noemí Sanín? --La confrontación no tendrá victoria militar, y por tanto hay que negociar, acordar procedimientos y buscar un consenso internacional.
--Usted ofrece audacia negociadora. ¿Algo nuevo? --Vamos a luchar contra ciertos mitos. He sido negociador de paz, y a lo más que se ha autorizado fue la participación de un extranjero para dirigir las conversaciones. Nosotros creemos que su participación a título de facilitadores es indispensable. La ONU es una institución muy apropiada para eso, y países amigos: España, Holanda, Costa Rica, Venezuela, en fin, Estados Unidos.
--¿Algo más? --Si la guerrilla insiste en que las conversaciones se hagan en Colombia pues las hacemos aquí, y para eso tenemos que desmilitarizar algunas zonas y eso no es entregarlas sin violar el concepto de la unidad nacional. Hay que abrir un espacio para sentarnos con los guerrilleros a conversar. Los militares deben estar en la mesa. Eso nunca ha ocurrido en el país. Y si hay que hacer una asamblea constituyente nosotros coadyuvamos. Y con los militares también vamos a conversar. De forma paralela, y, de pronto, al final, se puede hacer una cosa conjunta.
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