LA OCDE PROMUEVE ELIMINAR LOS CONTROLES ESTATALES

  Con absoluta reserva y confidencialidad, los 29 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han avanzado en los últimos tres años en la confección de un tratado destinado a fortalecer los derechos y facultades de los inversores extranjeros frente a los gobiernos nacionales. Será "la Constitución de la economía global", según definió el director general de la Organización Mundial del Comercio, Renato Ruggiero, al Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), para cuya confección no fueron convocados ni consultados los parlamentos de los países ricos que participan en su elaboración, ni las naciones en desarrollo a las que principalmente están destinados sus alcances. "El objetivo es elaborar un tratado de alto nivel, y la inclusión de las preocupaciones del Sur hubiera atentado contra el mismo", fue la respuesta de representantes de la OCDE para explicar tal exclusión.

Sintéticamente, el contenido del AMI --aún hoy manejado con estricta reserva-- apunta a debilitar o eliminar la autoridad de los gobiernos nacionales para regular la entrada y las operaciones de los grandes capitales. Su principal elemento es la profundización de las normas de desregulación y liberalización para la inversión extranjera, otorgarles el derecho a operar en todo el globo con una regulación mínima y a ser tratados en iguales o mejores condiciones que el capital nacional.

A partir de su aplicación, los gobiernos no podrán imponer a las empresas extranjeras condiciones tales como transferencia de tecnología, participación accionaria local o el uso de materia prima nacional. El acuerdo otorga a los inversores extranjeros, además, protección contra expropiaciones y otras medidas --impositivas, por ejemplo-- que puedan representar algún tipo de perjuicio económico o restricciones para ingresar o retirar fondos del país anfitrión.

Las negociaciones, a cargo de los ministros de Comercio de los 29 países miembros de la OCDE, transcurrieron en secreto a partir de mayo de 1995. Su finalización, inicialmente prevista para mayo de 1997, se pospuso en un año por falta de acuerdo en algunos puntos, pero el acuerdo estaría ahora en vísperas de su alumbramiento. Inicialmente suscripto por los socios de la OCDE, posteriormente se buscará promover la adhesión de las distintas regiones del planeta para hacerlo aplicable en sus territorios, lo que hace previsible un juego de presiones económicas sobre las naciones en desarrollo para obligarlas a prestar su rúbrica. Hubo intención de llevar el acuerdo a la última Cumbre de las Américas de Santiago (abril de este año) para lograr allí el compromiso de los participantes y convertir a la región en la primera en suscribirlo. Pero la confección definitiva del tratado no llegó a tiempo.

Entre sus formulaciones, el AMI plantea que "quedará prohibida la preferencia a firmas nacionales y la reserva de acciones para empresas o ciudadanos nacionales en los procesos de privatización". De haber estado vigente, este texto hubiera impedido que las de por sí relajadas condiciones de remate de las empresas estatales argentinas utilizaran mecanismos como el de los Programas de Propiedad Participada (PPP), que reservaba un porcentaje mínimo de acciones para los trabajadores de las empresas. Mecanismo que, de cualquier forma, terminó siendo desmantelado por el propio gobierno en los años posteriores, tal cual fue descripto en la nota de tapa del suplemento Cash de ayer.

El AMI también prescribe que no podrán realizarse acuerdos especiales como, por ejemplo, la retención de acciones con derechos especiales por un Estado. Tal es el caso en Argentina de YPF donde el Estado, a pesar de haber quedado en absoluta minoría, se reserva (aún hoy) cierto derecho de veto sobre determinadas decisiones empresarias, como su liquidación o absorción por una tercera empresa.

Cuando las economías de los llamados países emergentes empiezan a sentir el costo de la flexible y rápida movilidad de los capitales, que se paga en términos de crisis y convulsiones sociales, el AMI asoma como una amenaza de regular la acción de los gobiernos sobre las inversiones.

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