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Por David Cufré  Eduardo Duhalde cedió otra pieza.
El gobernador bonaerense decidió desprenderse de su secretario de Ingresos Públicos,
Ricardo Cossio, cuando se dio cuenta de que mantenerlo en funciones podría ser
contraproducente para su ya deteriorada carrera presidencial. Ayer, el funcionario
presentó su renuncia indeclinable, atribuyéndola a "estrictas razones
personales", vinculadas a problemas de salud. Sin embargo, el verdadero motivo del
alejamiento del recaudador provincial es su inminente procesamiento en la causa IBM-DGI.
El juez federal Carlos Liporaci dispondría esa medida el mismo día que comienza el
Mundial, el miércoles de la semana próxima, bajo los cargos de "defraudación a la
administración pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario
público". Su lugar será ocupado por el economista Sergio Bugallo.
En abril de 1994, Cossio adjudicó a IBM la informatización de la DGI, sin mediar compulsa de precios ni licitación. Un decreto de necesidad y urgencia --firmado por Carlos Menem y Domingo Cavallo-- autorizó al por entonces director general del organismo a una rápida contratación, a fin de que estuviera en condiciones de afrontar la recaudación y distribución de los aportes previsionales entre el sistema de reparto y las futuras administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. El contrato fue por 425 millones de pesos (luego ampliado en otros 88), a pagar en un término de cuatro años. Pero dos temporadas más tarde, cuando ya había estallado el escándalo de la coima por el Proyecto Centenario --que involucra a la misma multinacional informática y al Banco Nación--, los diputados Carlos "Chacho" Alvarez, Alfredo Bravo y Horacio Viqueira denunciaron irregularidades en el convenio IBM-DGI. También la Sindicatura General de la Nación (Sigen) responsabilizó a la secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, por no haber cuestionado la contratación directa. Un informe de la Subsecretaría de Informática, dependiente de la funcionaria, había puesto reparos al procedimiento y al precio de la oferta IBM-Banelco. Bello no tomó en cuenta ese informe. La presentación de los legisladores ante la Justicia sostuvo que se pagó un sobreprecio mayor al 100 por ciento, y que el departamento de cómputos del ente recaudador estaba en condiciones de proveer idéntico servicio al suministrado por la compañía estadounidense. La causa siguió su curso hasta que --sostienen los duhaldistas-- la interna entre el gobernador y Carlos Menem le dio un renovado impulso. Allegados al mandatario bonaerense mencionan la supuesta mención del juez Liporaci en la servilleta que Carlos Corach le habría mostrado a Domingo Cavallo, con los nombres de los magistrados que responden a sus órdenes. Aun si ello fuera cierto, las pruebas que habría reunido el juez en contra de Cossio lo incriminarían. "Si un funcionario de mi provincia es procesado debe renunciar", enfatizó Duhalde en reiteradas oportunidades. Esa situación está a punto de concretarse. Ayer, en diálogo con Página/12, el gobernador no hizo referencia a su promesa, pero reconoció que Cossio "estaba con una serie de problemas, algunos de salud, otros derivados de denuncias". Aunque también subrayó que hubiera deseado que permaneciera en su puesto, allegados al ministro de Economía provincial, Jorge Sarghini, contaron a este diario que en los despachos de La Plata se llegó a la conclusión de que seguir sosteniendo al funcionario "era una locura". Además de la causa por la informatización de IBM, Cossio es cuestionado por dirigentes bonaerenses de la Alianza, a raíz de las irregularidades que se habrían producido durante su gestión. El diputado provincial Jorge Drkos (Frepaso) presentó el mes pasado una denuncia contra el renunciante secretario, que se tramita en el juzgado en lo Criminal y Correccional a cargo de Elba Demaría Massey. La acusación abarca dos aspectos. En primer lugar, sostiene que a cambio de dinero, la repartición conducida por Cossio borraba las deudas fiscales de empresas. Y, por otra parte, los directivos a su cargo cobraban menos de lo que figuraba en sus recibos de sueldo. Drkos afirma que la diferencia alcanza a unos 130 mil pesos mensuales, y no se sabe cuál es su destino. Pero los problemas de Cossio no terminan allí. Y también alcanzan a Duhalde. En la Legislatura, los diputados de la oposición presentaron un pedido de informes por la contratación directa de IBM para informatizar la Secretaría de Ingresos Públicos. El contrato es por 13 millones de pesos, y fue suscripto luego de que en febrero pasado un decreto del gobernador autorizara esa posibilidad.
EL GRUPO DE COLABORADORES QUE ACOMPAÑARON AL
EX JEFE DE LA DGI EN SU ESTION Por Raúl Dellatorre
Por Cattáneo y su empresa, más que respeto tuvo devoción. "Consad es como Maradona, que no resiste un juicio moral pero tenés que tenerlo sí o sí en la cancha", les dijo a sus allegados cuando negociaba el contrato informático con la DGI. Consad actuó como subcontratista de IBM en todas las operaciones que la multinacional obtuvo, entre 1991 y 1995, con el Estado nacional, organismos descentralizados, provincias y municipios. En el caso del Banco Nación, una empresa vinculada a aquélla, CCR, quedó involucrada en la ruta que siguió el pago de coimas a directores de la entidad, a través de la facturación de servicios no prestados. En el contrato IBM-DGI pudieron determinarse pagos por 10 millones de pesos a Consad que no tuvieron contraprestación, y que fueron retirados de ventanilla por directores y empleados jerárquicos de la propia firma y de CCR. Cazenave no sólo trabajó para Cattáneo en los primeros años de Consad. Una vez en la DGI, actuó como promotor de los servicios de la empresa en el exterior, avalando, en nombre del organismo recaudador oficial, las supuestas bondades del Sistema 2000 para la fiscalización de grandes contribuyentes, que Consad había instalado en Impositiva en 1991 y que en los años siguientes pretendía exportar. Cazenave realizó gestiones en este sentido, al menos, en Perú y Colombia. Otro hombre clave en la contratación con IBM-Banelco del sistema para fiscalizar la recaudación previsional fue Daniel Hurrell. En marzo de 1994, semanas antes de que se definiera la adjudicación, viajó a Canadá para evaluar la oferta alternativa de SHL (SystemHouse Ltd.), que había ofrecido prestar el servicio por 188 millones de dólares, menos de la mitad de los 430 pedidos por IBM. Su informe, cuestionando la capacidad de la oferta canadiense, dio pie a su descalificación. Posteriormente, Hurrell intervino en la comisión evaluadora de la propuesta IBM. Un año después, recomendó la ampliación del contrato de la DGI con Consad por el Sistema 2000, para adaptarlo al sistema informático implementado por IBM. Siguiendo sus respetados consejos, Cossio hizo efectiva la operación a mediados de 1995. Pocas semanas después, Hurrell le propuso al director general un nuevo emprendimiento: el sistema Metfis (método de fiscalización) para "interrelacionar" los distintos sistemas informáticos en funcionamiento. El candidato de fierro para adjudicárselo era Consad, pero el negocio se frustró por el alejamiento de Cossio de la DGI. Pero Hurrell no se quedo solo: lo acompañó, como asesor, cuando éste asumió funciones en la administración bonaerense. Carlos Esparza, Guillermo Juclis, Carlos D'Addario y Ana María Garrel son otros miembros del círculo íntimo de Cossio, que participaron de la Comisión Evaluadora que convalidó la adjudicación directa del contrato a IBM-Banelco. No necesitaron abandonar Impositiva cuando partió el jefe, sino que conservaron sus puestos y en lugares clave: Juclis como subdirector de Asuntos Legales y Garrel como subdirectora de Informática, con anuencia de Carlos Silvani. Y aún hoy se siguen reuniendo con el ex titular de Impositiva para intercambiar información sobre la DGI y la evolución del proceso judicial. También sobre ellos Cossio extendió un paraguas protector. En una nota enviada a este diario, en agosto de 1997, el ex titular de la DGI afirmó "soy responsable por todos aquellos que me aconsejaron y coparticiparon en la decisión de la adjudicación". Por otra parte, su estrategia judicial era, hasta ayer, hacer cargo a su superior inmediato, el fallecido secretario de Ingresos Públicos Carlos Miguel Tacchi, por la decisión política de apurar la implementación del sistema informático sin licitación. Obediencia debida.
GANANCIA ESPECTACULAR PARA LA MULTI
La utilidad de la multinacional, además, resultó un 60 por ciento mayor a la retribución pautada previamente por la propia casa matriz para el servicio de informatización del sistema de recaudación previsional. "El margen máximo lógico para un contrato como el firmado por IBM con DGI en 1994 oscila en el 30 por ciento, pero se sabe que la empresa obtuvo por lo menos diez puntos más", le dijo en junio de 1996 a este diario un representante del sector con conocimiento directo de la operación, apenas semanas después de que la misma diera lugar a una denuncia judicial. El especialista en negocios informáticos --que además conocía a fondo algunos elementos de aquella contratación-- confió que la utilidad bruta sobre costos de la operación alcanzó al 43 por ciento, contra el 27 por ciento que la casa matriz de IBM había fijado como objetivo máximo de ganancia. El contrato con el Banco Nación, en tanto, le rindió a IBM un beneficio sobre costos del 18 por ciento, pese a que --tal cual se comprobó posteriormente-- no menos del 15 por ciento de lo facturado fue destinado al pago de coimas a quienes facilitaron la adjudicación. Ello supondría un margen extra de ganancia en la operación con la DGI no menor a 40 millones de dólares sobre la expectativa máxima de su casa matriz. El monto total del contrato, de 513 millones, con vigencia por cuatro años, se calculó en base a aproximadamente 7,5 millones de unidades de operaciones mensuales, cuyo valor ascendía a 9 millones de dólares. El acuerdo establecía a favor de la adjudicataria un mínimo de facturación mensual de 7,2 millones de dólares, equivalentes a 6 millones de unidades de operación. Según los expertos, ese piso de facturación le garantizaba a IBM recuperar costos y obtener una ganancia normal. Pero por varios meses desde la puesta en marcha del sistema (julio de 1994), el número de operaciones estuvo por debajo de los 6 millones de unidades, por lo cual IBM obtuvo una superior a la que le hubiera correspondido por el servicio efectivamente prestado.
Las frases del ministro, que parecen ir a contrapelo de todas las sospechas que pesan sobre el sirio, desde traficar sustancias prohibidas hasta el secuestro de un barco, no fueron arrojadas al azar. Fueron realizadas para contestar, desmentir o aprobar viejos negocios, relaciones políticas o proyectos de Al Kassar en el país que, hasta la extraña y supuesta muerte de Alfredo Yabrán en Gualeguaychú, habían pasado al olvido. * El traficante de armas admitió que el gobierno de Carlos Menem le había encargado vender a Europa siete submarinos argentinos y tanques de guerra de fabricación nacional. * En una entrevista concedida al diario Clarín, el traficante de armas reconoció, inclusive, que la venta de ese material bélico le había sido encargado por el ex ministro de Defensa Humberto Romero, pero aclaró que la transacción quedó trunca "cuando me detuvieron en España en 1992" por su supuesta participación en el secuestro del barco "Achille Lauro". * Página/12 publicó el domingo la declaración judicial de Al Kassar en la Audiencia Nacional española --abierta justamente por el secuestro del barco italiano--. Allí el sirio afirmó que el pasaporte argentino por el cual fue procesado "fue expedido por orden expresa del Presidente de la Argentina, señor Menem y el ministro del Interior (Julio) Mera Figueroa, habiendo sido extraído el documento del Departamento de Inmigraciones y Pasaportes y obtenida la fotografía en el mismo Departamento". * Ante el juez Baltasar Garzón, Al Kassar también juró que la fotografía pegada en el pasaporte falsificado fue tomada por el "mismo fotógrafo presidencial, entregándole al señor Menem (sic): una camisa, chaqueta y corbata de su armario". * Al Kassar volvió a expresar sus deseos de radicarse en el país e invertir varios de sus millones de dólares en emprendimientos turísticos y hasta la construcción de un shopping en Mendoza. Ayer, el ministro Corach se encargó de abrirle las puertas: Al Kassar no tiene "ninguna captura dictada" y solamente en el país existe en su contra "una causa por el pasaporte (concedido supuestamente en forma irregular) radicada en un juzgado federal de Mendoza". La aclaración de que, al menos él --Corach--, jamás vio al hombre de oscuros negocios --al que no sólo se lo vincula con el tráfico de armas, sino también de drogas prohibidas-- en Casa de Gobierno fue una manera de relativizar las declaraciones de Al Kassar realizadas, por ejemplo en el programa "Hora Clave", donde afirmó que solía frecuentar la casa Rosada. El presidente Menem no desmintió los dichos del sirio, ni la publicación del domingo de este diario. El disparador de las relaciones entre Al Kassar y el menemismo volvió a ocupar las primeras planas después de que el diputado Domingo Cavallo acusara al sirio de ser el jefe del ex empresario Alfredo Yabrán. Ayer, el ex ministro de Economía, dio un paso al costado y dijo que no cuenta con pruebas para demostrar la supuesta conexión mafiosa internacional.
DEBE DECLARAR EN LA CAUSA DE YABRÁN
La magistrada que debe acreditar que el cadáver descubierto en San Antonio es realmente del supuesto autor intelectual del crimen de Cabezas y comprobar que verdaderamente Yabrán se suicidó y no fue inducido al suicidio o asesinado, le preguntará a Colella si Yabrán, durante la conversación, dejó entrever que estaba a punto de matarse. Pross Laporte también anunció ayer, según informó la agencia de noticias DyN, que mañana ofrecerá, junto al jefe de la División Criminalística de la policía entrerriana, comisario mayor Rubén González, una conferencia de prensa donde se darán a conocer los últimos avances de la investigación. Entre otras cosas, allí se dirá, en forma oficial, que las pericias demostraron que las dos cartas póstumas que supuestamente escribió el ex cartero, fueron escritas, efectivamente, de su puño y letra. También recordará que la prueba de "parafina" demostró que ninguno de los policías que participó en el allanamiento en la estancia de Papimafi disparó --ese día-- un arma y que fue el propio Yabrán quien se quitó la vida. Si llegan a su poder, posiblemente mañana también informará sobre las últimas llamadas realizadas por Yabrán desde su pequeño celular Sony. |
