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Por Sergio Vaudagnotto  La sonrisa del candidato
radical a la presidencia de la Nación se ha opacado en plena campaña. Ayer hizo un
esfuerzo por apartarse de la trampa que le tendió una red de espionaje ilegal, a la que
"por ahora" ubica fuera del gobierno nacional. "La grabación (de
conversaciones de mis hijos) reviste una enorme gravedad institucional. En la Argentina
debe ser posible vivir al amparo de las garantías de la Constitución y no al arbitrio de
maniobras ilegales", dijo con la mayor seriedad. Su correligionario Raúl Alfonsín
le acercó el hombro, al referirse al caso de las escuchas como "un pequeño
Watergate". Los socios aliancistas, Chacho Alvarez y Graciela Fernández Meijide,
también lo respaldaron. Domingo Cavallo no quiso quedar afuera, y vinculó a quienes
espiaron en el domicilio del candidato con la SIDE o el Ministerio del Interior. Carlos
Corach anunció que próximamente enviará al Congreso un proyecto de ley que
"sancione severamente" este tipo de hechos. De la Rúa ordenó a sus hijos que
solicitaran una investigación de la Facultad de Derecho, para que se aclare si recibieron
favores de un grupo de profesores, como lo sugiere el contenido de las grabaciones
ilegales (ver aparte).
El jefe del Gobierno de la Ciudad convocó a una conferencia de prensa, y ante unos treinta periodistas se limitó a leer un comunicado a través del cual repudió las "deleznables grabaciones ilegales", que son "un atentado a la ley, la privacidad y la familia". Luego habló del sumario que impulsaron sus hijos, Antonio y Fernando, en la Facultad de Derecho, y pidió que no le formularan preguntas. De la Rúa intentó disimular su estado de ánimo ante los cronistas, pero no le resultó fácil. Se lo veía tenso. Era el mediodía, pero sus ojos señalaban la medianoche. En los últimos dos meses, su nombre y su gestión se han visto mezclados en asuntos que le quitan el sueño. El paro de los maestros después de un aumento salarial, la cámara oculta a un radical que pedía coima en la Legislatura, las sospechas frepasistas sobre sus gastos de campaña, la salida del economista Adalberto Rodríguez Giavarini de su equipo. Y ahora, las escuchas ilegales que invadieron su casa y pusieron a sus hijos en situación de explicar si en verdad se valieron del apellido De la Rúa para progresar en sus estudios. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff, había expresado su preocupación por "este pequeño Watergate". Y el ex presidente Alfonsín aludió a ese comentario para decir que "pienso lo mismo, Shuberoff estuvo bien al recordar el Watergate", el escándalo de las escuchas ilegales ordenado por el gobierno republicano de Richard Nixon contra la sede del opositor Partido Demócrata. La investigación del caso motivó la renuncia de Nixon en 1974. Los aliados políticos del radicalismo apoyaron a De la Rúa sin hacer historia. Chacho Alvarez recordó que "existen demasiados millones en los fondos reservados de la SIDE y habrá que ver si una parte de ellos no se utiliza en la guerra sucia contra la oposición". Graciela Fernández Meijide exigió "que se termine con esta forma de hacer política basada en la estrategia del inodoro, o sea, degradar toda la política, para que la gente crea menos en nosotros". El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sostuvo que "el monitoreo de la casa de una persona es algo terrible", y luego apuntó sus cañones hacia el Gobierno: "De la Rúa tiene que saber que la gente a la que él denuncia está en conexión con Corach y con la SIDE". En una entrevista exclusiva que publicó Página/12 el domingo pasado, el jefe del radicalismo acusó a los ex concejales de su partido Eliseo Roselló y Miguel Herschber como presuntos partícipes en los actos de espionaje en su contra. En un pasaje del reportaje llegó a señalar que esas personas "son instrumentos de una cosa mayor". Sus allegados, entre ellos el diputado Rafael Pascual y el senador José María García Arecha, salieron rápidamente a decir que se trataba de una operación más del oficialismo en contra de un candidato opositor. "No pueden meterse con él, y por eso atacan a su familia", dijo Pascual a este diario. Ayer, en un cable distribuido por la agencia DyN, De la Rúa bajó el tono y prefirió hablar de "una organización criminal fuera del gobierno y de los partidos". Un portavoz, Miguel De Godoy, aclaró al redactor que el jefe del Gobierno porteño se había referido a que "por ahora, el tema se está investigando, aunque las sospechas (en torno de la participación de agentes del Estado) existen y parecen fundadas". Corach se aferró las palabras más suaves del jefe radical. "El habló de personas de su partido y de algo que está fuera del Gobierno, pero de todas maneras es un acto repudiable. Enviaremos al Congreso un proyecto de ley para sancionar severamente las escuchas ilegales", anunció. Un alto funcionario de la SIDE negó a este diario que el organismo haya tenido participación en el espionaje al candidato radical. "Son problemas internos de los radicales", sonrió. De la Rúa y su familia ya habían sido objeto de un acto similar. Una grabación captada en 1996 contenía una conversación de su esposa, Inés Pertiné, con el empresario Samuel Liberman, ex propietario de Video Cable Comunicación (VCC). El hecho fue denunciado, pero la Justicia no encontró a los responsables. El caso de las nuevas escuchas será investigado por el juez Alberto Baños, a raíz de una denuncia presentada por el diario Perfil, que publicó el contenido de parte de las grabaciones ilegales.
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