DE LA RUA DIJO QUE LAS GRABACIONES SON TRUCHAS Y PIDE EXPLICACIONES A LA SIDE
"HAY UNA RED CON FINES EXTORSIVOS"

"Se va a armar un gran lío cuando se sepa quién está detrás de todo esto", vaticinó Fernando de la Rúa. El candidato radical a la presidencia de la Nación intenta salir del bajón anímico en el que lo sumió el escándalo de las escuchas ilegales en su domicilio. Repasar las grabaciones que contienen la voz de sus hijos en diálogos con profesores y compañeros de la universidad, contrariamente a lo que se podría suponer, le aportó energía. "Son acomodadas, truchadas, se trata de una adulteración", salió a decir. Luego envió a sus abogados a los Tribunales, para que lo presentaran como querellante, convencido de que los actos de espionaje son utilizados con fines extorsivos por "una red amplia, que actúa también contra otros ciudadanos". Afirmó que la SIDE "debe una respuesta" sobre este caso. Desde la UCR se dio una vuelta de tuerca al asunto para acercarlo al Gobierno. Carlos Corach y Alberto Kohan se hicieron cargo de las respuestas oficiales. Graciela Fernández Meijide dijo estar segura de que tiene su teléfono "pinchado". El peronismo embistió al candidato opositor con en anuncio de un pedido legislativo de auditoría externa a su gestión en la Ciudad.

En su segunda conferencia de prensa en 24 horas, el jefe del radicalismo abandonó la zona defensiva en la que se hallaba desde el fin de semana, cuando se difundió el contenido de conversaciones en las que sus hijos habrían procurado favores de los docentes, y avanzó con decisión en el terreno jurídico. En el campo político, en cambio, caminó con más cautela. El ex presidente Raúl Alfonsín se encargaría de ir más allá.

Los abogados Eloy Díaz Cantón y su hijo Gustavo, siguiendo las instrucciones del jefe del Ejecutivo porteño, concurrieron al Juzgado Criminal de Instrucción Nº 27, a cargo de Alberto Baños, con abundante documentación. El juez agregó las carpetas al expediente abierto a instancias del matutino Perfil, que publicó el contenido de las grabaciones ilegales y realizó la denuncia del caso. De la Rúa será tenido como querellante en esa causa. Los representantes legales repitieron el trámite en el juzgado 39, donde el magistrado Ernesto Botto tenía archivado un caso similar, de 1996, en el cual se intentó descubrir a los responsables de unas escuchas a la mujer del candidato, Inés Pertiné.

Gustavo Díaz Cantón explicó a Página/12 que "estos señores (los ex concejales radicales Eliseo Roselló y Miguel Herschberg, señalados por De la Rúa como presuntos partícipes en los actos de espionaje) usan a Juan Carlos Iglesias para que denuncie a nuestro cliente, y luego le piden cargos o lo que sea", señaló. El abogado agregó que en la causa que lleva el juez Botto "ya tenemos a un testigo, Roberto Clienti, manifestando que Roselló le dijo que tenía entre 2000 y 3000 horas de grabación a De la Rúa, y que le recordara al jefe del Gobierno que todavía no le había dado ningún cargo". "Pero no sólo han actuado así con De la Rúa. Han hecho innumerables denuncias en los Tribunales para presionar a terceros. Es una gigantesca maniobra y tenemos elementos probatorios", aseguró.

El jefe del radicalismo no quiso avanzar demasiado en su aparición ante los medios "para no alertar", y aunque anticipó el "gran lío", apenas mencionó que la SIDE "debe una respuesta porque no puede ignorar a una red (de espionaje) que tiene semejante tecnología". Su antecesor en la cúpula partidaria, Alfonsín, orientó el asunto. "El hecho de que el justicialismo no haya entregado nunca el poder a otra fuerza política y que las encuestas le den al presidente (Carlos Menem) sólo un 15 por ciento de popularidad le extraña y le crea un nerviosismo muy especial al PJ, que en esta oportunidad genera una política de la sospecha muy importante", dijo para los buenos entendedores.

El ministro del Interior, Corach, adelantó que su proyecto para sancionar las escuchas y filmaciones ilegales será elevado al presidente Menem "entre mañana y pasado" (por hoy o mañana). Pero un grupo de diputados nacionales de la Alianza, encabezado por Jorge Giles, le ganó de mano y presentó ayer una iniciativa en el mismo sentido. Reclusión o prisión de tres a ocho años y una multa de 70.000 pesos para quienes invadan la privacidad de las personas (incluye hasta el correo electrónico), y para aquellos que cedan, vendan, revelen o difundan de cualquier manera el material de procedencia ilegal, solicitan los legisladores aliancistas.

El secretario general de la Presidencia, Kohan, pidió pruebas que avalen las denuncias que relacionan el espionaje con el Gobierno, al tiempo que juzgó condenable la publicación de información ilegalmente obtenida. "Las escuchas ilegales son un delito; por lo tanto, tomarlas como un elemento para publicar es fomentar el delito", afirmó.

Meijide dijo estar segura de que su teléfono está "pinchado". Difícil decir que no. Hace 20 días, el experto ingeniero Ariel Garbarz detectó pinchaduras en el celular y en la línea del despacho de su compañero frepasista Aníbal Ibarra. Garbarz fue contratado ayer por De la Rúa para examinar sus teléfonos y los casetes con las grabaciones a sus hijos.

Mientras el candidato radical recuperaba el aliento, el diputado peronista Pascual Rampi intentaba ahogarlo. "Esta semana pediremos una auditoría externa que controle los gastos del gobierno porteño", anunció.

HABLAN ROSELLO Y BENEDETTI
"NO TENGO NADA QUE VER"

Eliseo Roselló fue concejal por la UCR entre 1991 y 1995. En 1994, el fiscal Norberto Quantín lo acusó de haber formado parte del grupo de ediles que aprobaron de manera irregular excepciones al Código de Planeamiento Urbano. Ayer, Roselló aceptó dialogar con Página/12 sobre las acusaciones de Fernando de la Rúa.

--¿Por qué cree que De la Rúa lo señaló a usted?

--No lo entiendo. Yo soy totalmente inocente, no tengo nada que ver con las escuchas ilegales, que además me parecen una barbaridad.

--Pero, ¿por qué los denunció a ustedes y no a cualquier otro?

--Porque una vez denuncié que un jardinero que trabajaba en su casa en realidad era un ñoqui municipal. Creo que De la Rúa está muy mal por las acusaciones contra sus hijos. Está muy confundido y no sabe cómo actuar.

--Pero usted fue acusado por irregularidades mientras era concejal.

--Mi trayectoria en el Concejo Deliberante fue de una transparencia total. El mismo De la Rúa, a través de sus operadores, quiso que el Tribunal de Disciplina del partido me expulsara. Nunca lo logró.

--¿Por qué se peleó con el jefe de Gobierno?

--Porque yo siempre expuse mi posición con vehemencia y con dureza. Y eso muchas veces, cuando se trata de política, no es bueno.

¿ES ÉTICO DIFUNDIR EL CONTENIDO DE LAS CINTAS?

Kohan dijo que el que lo hace "fomenta el delito". Periodistas, constitucionalistas, políticos y afectados abren aquí el debate.

"La escucha ilegal es un delito que hay que castigar como tal y tomarla como elemento para publicar es una forma de fomentar ese delito", opinó ayer Alberto Kohan, secretario general de la Presidencia. Casi nadie discutiría la primera afirmación del secretario. La segunda, en cambio, inaugura formalmente una discusión que está latente desde el domingo, día en que se publicaron las escuchas que comprometerían a los hijos del jefe de gobierno de la ciudad, Fernando de la Rúa: ¿es ético que los medios de comunicación difundan información que fue obtenida ilegalmente? Página/12 abrió el debate.

Nelson Castro (periodista)

El hecho de las escuchas es terrible, propio de metodologías totalitarias y atentatorio contra el estado de derecho. Nunca lo utilizaría, pero si llega a nuestras manos y como periodistas confirmamos la veracidad del contenido y anunciamos a quien puede ser la víctima la información que tenemos, estamos actuando como corresponde si la difundimos. No podemos ignorar los hechos que forman parte de nuestra realidad, sobre todo cuando son de interés público.

Gregorio Badeni (constitucionalista)

Si las autoridades gubernamentales que tienen por objeto velar por la intangibilidad de las comunicaciones telefónicas no cumplen su función y revelan el contenido de las conversaciones, son esos funcionarios los que incurren en un acto ilícito y no los medios de prensa que habiendo obtenido esa información la difunden. Desde un punto de vista jurídico, la privacidad de las conversaciones telefónicas está protegida por el artículo 18 de la Constitución Nacional en un plano de igualdad con la correspondencia epistolar.

Yo, por principios, no doy a publicidad los anónimos, sobre todo cuando contienen una acusación. Sobre este tema cada uno tiene su línea ética. Sin embargo, lo más grave del asunto es que aparezcan micrófonos en las casas de políticos o de personas destacadas. Es volver ni más ni menos a la situación que imaginó Orwell en 1984 o que pusieron en práctica Mussolini o Hitler de una manera menos sutil, porque se practicaba el espionaje con gente de carne y hueso. Actualmente el espía humano queda reemplazado por el espía alambre.

El diario no es culpable. Lo terrible es la pérdida total de la intimidad que estamos viviendo. La tecnología avanza, pero si se usa para estos fines nos va a perjudicar. La seguridad de las personas y de los bienes es una función indelegable del Estado. Por eso cuando se conoció el hecho llamé a De la Rúa para expresarle mi solidaridad. Los argentinos tenemos que hacer una profunda autocrítica.

Luis Majul (periodista)

Si la información hubiera llegado a mis manos, yo hubiera actuado igual que Perfil. Quizá no hubiera reproducido textualmente el contenido de las escuchas, pero después de chequear la información y presentar en el juzgado la denuncia de la pinchadura hubiera publicado todo, aunque se trate de una operación de prensa. Cuando le pasó lo mismo a Bussi nadie dijo nada. Creo que hay favoritos en la prensa. Se hace la vista gorda con De la Rúa porque todavía no es gobierno. Pero hay que tener en cuenta que tiene una intención de voto altísima y que hay que mantener una mirada crítica con los políticos que van acumulando poder.

Guillermo Coppola (representante de Diego Maradona)

Los que delinquen son los que pinchan los teléfonos, no el diario. En mi caso fue distinto: el juez había intervenido mi teléfono, pero como no encontraba elementos que me perjudicaran en la causa vendió a la prensa las casetes del escándalo. En ese caso, la culpa tampoco fue de la prensa, sino del juez que montó el show. Por otra parte, si te intervienen el teléfono siempre te agarran en alguna. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

"DE LA RÚA SE EQUIVOCA"

Jorge Benedetti es diputado nacional. Fue concejal entre los años '83 y '91. Ayer, Fernando de la Rúa no lo acusó directamente. Pero el ex ministro Domingo Cavallo, que lo había denunciado por sus vínculos con Alfredo Yabrán, dijo que Benedetti "tuvo algo que ver con las grabaciones ilegales" a los hijos del jefe de gobierno.

--¿Qué opina sobre las acusaciones de Cavallo?

--Yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto. No me extrañaría que mañana Cavallo me acuse de haber tirado la bomba de Hiroshima o de haber asesinado a Mariano Moreno.

--No es la primera vez que se enfrenta con el ex ministro...

--Lo que pasa es que en 1995, antes de que renunciara al ministerio, yo lo acusé por enriquecimiento ilícito. Eso nunca me lo perdonó.

--¿Qué relación tenía con Alfredo Yabrán?

--Ninguna, nunca lo vi en mi vida.

--Cavallo también lo vinculó con Eliseo Roselló y Miguel Herschber...

--Fueron compañeros míos en el Concejo Deliberante. Los conozco y estoy seguro de que no tienen nada que ver.

--Pero fueron señalados por el propio De la Rúa

--Creo que De la Rúa se equivoca. Estoy convencido de que son inocentes.

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