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Por Andrés Klipphan  Las penurias del juez federal
Carlos Liporaci recién comienzan. A las tres denuncias penales abiertas en su contra por
los presuntos delitos de prevaricato, cohecho, amenazas, abuso de poder e incumplimiento
de los deberes de funcionario público, se le sumaron dos pedidos de juicio político. No
es la primera vez que la oposición cuestiona la idoneidad de Liporaci. En 1994, el
diputado Alfredo Bravo y el ex convencional constituyente Eduardo Barcesat solicitaron
ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lo acuse ante el
Senado por cerrar en forma apresurada una causa en la que estaba involucrado el presidente
Carlos Menem.
La mayoría oficialista de la comisión parlamentaria evitó la apertura a pruebas. Liporaci es uno de los jueces federales señalados por el ex ministro Domingo Cavallo de formar parte de la "servilleta" del ministro del Interior, Carlos Corach. Liporaci fue quien cerró la causa que por enriquecimiento ilícito se abrió contra el ex ministro del Interior José Luis Manzano. Liporaci reemplazó, en medio de la instrucción de esa causa, al juez Néstor Blondi. Liporaci fue propuesto por el Poder Ejecutivo, durante la reorganización del fuero federal. También condenó al periodista Enrique Vázquez a la pena de cinco meses de prisión en suspenso. La denuncia por injurias contra el periodista había sido abierta por Carlos Menem. El juicio político pedido por Bravo y Barcesat el 28 de noviembre de 1994 se basaba justamente en el apuro del ahora cuestionado magistrado por clausurar una investigación en la que se acusaba al presidente de la Nación "por la posible comisión de los delitos de apología del crimen y violación de los deberes de funcionario público" por haber manifestado públicamente que "(...) triunfamos en esa guerra sucia contra la subversión que puso al país al borde de la disolución". Anoche, en diálogo con este diario, el ex convencional constituyente recordó que en esa oportunidad, y a raíz de la mayoría del PJ que domina la estratégica Comisión de Juicio Político, ni Bravo ni él fueron convocados para ratificar el pedido de enjuiciamiento. Ayer, el primer pedido de juicio político fue firmado por el diputado de Acción por la República Guillermo Francos. Los fundamentos son una síntesis de las denuncias que contra Liporaci se instruyen en dos juzgados. Los expedientes fueron abiertos por las denuncias, de entre otros, su ex secretario Guillermo Gowland. El juez Raúl García lo investiga por los presuntos delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los dichos de su ex secretario fueron corroborados por media docena de testigos. El juez Mariano Bergés lo investiga porque se sospecha que el magistrado --según Cavallo adicto a la Casa Rosada-- recibió dinero (coima) en dos causas. Gowland también denunció que Liporaci habría intervenido en forma ilegal los teléfonos de sus empleados en el juzgado, y habría apelado a procedimientos irregulares en diversas causas, entre ellas, tal como informó ayer este diario, en la que sigue contra el empresario menemista de la carne Alberto Samid. Según las declaraciones del ex funcionario judicial, e incorporadas a los juicios políticos solicitado por Francos --diputado por el partido de Cavallo-- y de los diputados de la Alianza, que ayer no ingresó formalmente a la comisión por una cuestión horaria, "el juez Liporaci participó en un almuerzo en la casa del empresario Jorge Antonio durante el cual este amigo del presidente de la Nación le pidió al magistrado que actuara a favor del señor Samid --acusado de una millonaria evasión tributaria-- alegando en los siguientes términos: 'Samid dio mucha plata para la campaña de Menem. No puede estar procesado. Ahora lo dejaron solo, pero él no se lo merece'". En lo que pueden considerarse como sus primeras declaraciones públicas, Liporaci se defendió ante la agencia de noticias DyN diciendo que su ex empleado "demostró una deslealtad total con la Justicia a la que él perteneció" ."Sigo en mi puesto de trabajo aunque todavía no puedo creer que este señor --por Gowland--, de repente, haya recuperado la memoria por obra y gracia del Espíritu Santo", graficó el magistrado. Barcesat también le informó ayer a Página/12 que el juez federal Gabriel Cavallo investiga a Liporaci por "prevaricato" --es decir sin valorar debidamente las pruebas reunidas en el expediente-- a Menem en una causa abierta por el mismo Barcesat. El abogado denunció al Presidente por "incumplimiento de los deberes de funcionario" al cuestionar públicamente al juez español Baltasar Garzón, que investiga la desaparición de ciudadanos de ese país en la Argentina durante la última dictadura militar.
Por Pablo Rodríguez desde Gualeguaychú, Entre Ríos
Luego de que todos los acompañantes de la jueza ocuparan sus lugares en la larga mesa de madera, un presentador detrás de un atril nombró a los presentes y anunció que Pross Laporte iba a hacer una "lectura cronológica de los hechos acaecidos". Efectivamente, la magistrada no dijo mucho más de lo que ya había dicho y, a pesar de haber mostrado una suerte de "pre-cierre" de la causa, dejó toda la carga de novedades que se pudieran presentar al director de la Policía Criminalística de Paraná, el comisario licenciado Rubén González, quien por otra parte fue el único que se quedó en la sala respondiendo las preguntas de la nube de periodistas. A los costados de la mesa, González tenía dos grandes caballetes: a su derecha, figuraba un plano del casco de la estancia y dos croquis en los cuales se pretendía reconstruir la forma en que se suicidó Yabrán. En ambos se podían adivinar algunas incongruencias con lo dicho por la jueza a Página/12 cuando al intentar explicar cómo murió había afirmado que el inodoro estaba enfrente de la puerta del baño y que la cabeza de Yabrán había quedado fuera de éste, sobre el piso del dormitorio. Los dibujos de ayer mostraban a un hombre parado, apoyando la culata de una escopeta en la tabla del inodoro --no sentado, como dijeron algunos medios en su momento--, que estaba al lado de la puerta del baño; el hombre, al caer y golpear su cabeza en la pared, quedaba íntegramente dentro del sanitario. Las láminas sostenidas por el caballete ubicado a su izquierda permanecían tapadas. Todos los presentes miraban ansiosos hacia allí, pero mientras González se disponía a levantar el velo anunció que "en las últimas horas de la mañana la doctora Pross Laporte recibió de parte de la familia del señor Yabrán un pedido expreso de que esa fotos no fueran mostradas". Lo que se vio, entonces, fueron imágenes exteriores de la estancia, otras tantas de su interior y una demostración de las pruebas caligráficas que se hicieron con parte de las cartas fotografiadas y ampliadas. El comisario afirmó con tono de primicia que, habiendo llegado "cuatro horas después" del hecho, no se vio "absolutamente nadie a 50 metros a la redonda de la casa", mientras apoyaba la varilla que usaba de puntero en las primeras fotos. "Esta es la ventana del dormitorio del señor Yabrán, que tiene reja, y esta es la ventana del baño de Yabrán, que daba al fondo de la casa", dijo como para dejar en claro, y lo siguió haciendo después, que no había posibilidad de que alguien, estando la habitación cerrada, pudiera disparar y escapar. Luego mostró una foto del pasillo que se ve desde la puerta por donde entraron los policías para confirmar que nadie podía ver en ese instante a Yabrán --"es prácticamente imposible porque lo único que se ve es este placard"-- y luego describió la cómoda del dormitorio como si conociera casi las intimidades del ex cartero: "aquí se ven sus anteojos recetados, el reloj y un sombrero que él usaba". De las cartas sólo mostró unos renglones: el comienzo, que dice "Señor juez, ante esta formidable campaña de condena pública", y el final: "Juro mi inocencia, expongo el caso por si se quiere limpiar el país de estos personajes y me someto a la justicia divina", y la firma de Yabrán con fecha 19/5/98. Luego mostró el arma "de origen ruso, marca Baikal, calibre 12.70 con dos caños superpuestos" de los cuales "4 centímetros estuvieron en la cavidad bucal del señor Yabrán". Antes de González habían hablado los peritos, resaltando su propia labor. Y después, luego de la rápida ida de los demás, fue el mismo comisario el que se quedó pidiéndole a los periodistas que ya no duden más "porque ustedes publicaron que lady Di murió y tampoco vieron el cadáver, ni fotos ni videos". Detrás de él, buscando saludarlo, estaba el que fue perito de parte de la familia Yabrán, el doctor Ricardo Paiva, que repetía que ya no hay nada que investigar para luego rematar, inesperadamente, con una especie de máxima. "Parafraseando a John William Cooke, que dijo que el peronismo es el hecho maldito de la burguesía, podemos decir que Yabrán es el hecho maldito de la corrupción".
OTRO TESTIGO COMPROMETIO MAS LA SITUACION DEL
JUEZ Por Susana Viau El juez Fernando Rodríguez Lubary accedió ayer al relato de un testigo de identidad reservada que corroboró las relaciones mantenidas desde hace largo tiempo por el juez federal, en uso de licencia, Norberto Oyarbide, con propietarios de prostíbulos. De acuerdo con lo asegurado por el testigo, esas vinculaciones datan, por lo menos, del año 1992, cuando el juez Oyarbide era, simplemente, secretario de un juzgado de instrucción de la justicia ordinaria. El testigo señaló a Carlos Perciavalle (homónimo del actor) y Raúl Martins como dos de los principales contactos del juez en el ambiente. Agregó que había presenciado las entrevistas de Martins con Oyarbide y escuchado algunos de los comentarios que Martins hacía del promisorio funcionario de la magistratura. Con Martins, precisó el testigo, el secretario mantenía un "trato habitual" y en varias ocasiones esos encuentros servían para que el funcionario judicial pidiera dinero prestado al empresario de locales informales de diversión. La insistencia del magistrado, afirmó el testigo, habría terminado saturando a Martins, a quien era frecuente escucharle decir que "cada llamado es para pedir plata". Por ese mismo tiempo, el secretario Oyarbide habría anunciado a sus amigos el inminente ascenso, una noticia que Martins habría comentado con una frase despectiva: "es increíble que este trolo pueda llegar a ser juez". El testigo contó además que en algunas oportunidades y frente a la negativa de Martins y Perciavalle a continuar suministrándole dinero, Oyarbide les había dado a cambio objetos de decoración, una enorme alfombra, cuadros o estatuas. El testigo, que se presentó voluntariamente ante los fiscales José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, daría con su declaración un nuevo espaldarazo para colocar al juez federal a las puertas del procesamiento y del juicio político. Un dato llamativo para los funcionarios del juzgado es la parsimonia con que el juez federal Carlos Liporaci ha tomado la solicitud de Rodríguez Lubary, quien requirió que le fuera enviada la denuncia que Oyarbide le presentara luego de recibir la visita del abogado Luis Darritchon. De acuerdo a la denuncia de Oyarbide, Darritchon lo entrevistó en calidad de intermediario de Luciano Garbellano para plantearle que con una suma dinero (150 mil dólares) el asunto del video que lo involucraba quedaba cerrado. El juez Fernando Rodríguez Lubary pudo comprobar, asimismo, que el video capturado en uno de los allanamientos realizados a los domicilios de Garbellano no había sido "sembrado" por la policía, tal como denunció en su momento el abogado Víctor Stinfale, defensor de Garbellano. El film porno había sido rodado en el mismo lugar que, se sospecha, sirvió de escenario a la supuesta arma extorsiva: el prostíbulo Spartacus. |
