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| Por Martín Granovsky
De la Rúa pidió a Garbarz un relevamiento de todos sus teléfonos para determinar si estaban intervenidos. El especialista, que es profesor de Sistemas de Comunicaciones en la UTN y titular de la cátedra de Tecnología de Computadoras en la UBA, entregó un informe sobre el estado de las líneas entre las 13 y las 14.15 del último miércoles, 3 de junio. Decía Garbarz que, a esa hora y ese día, estaban pinchados los números de las oficinas de De la Rúa: 343-8089, 342-3139, 323-9517, 323-9431, 331-2644, 334-3816, 343-4073, 343-5995 y 334-0193. Informaba también que a esa hora y ese día no estaban intervenidos los teléfonos de la casa del jefe de Gobierno, justamente los que padecieron las pinchaduras que reveló "Perfil" el sábado último. Tampoco registraban ninguna pinchadura, a esa hora y ese día, las líneas de oficinas privadas de De la Rúa. La precisión de fecha y hora tiene su importancia. En la antigüedad los pinchadores utilizaban medios mecánicos, como un cocodrilo en la línea del blanco y un grabador en la otra punta. Ahora se pincha por computadora, y entonces es tan fácil pinchar como despinchar. Basta una orden en el teclado. Esto explica un dato interesantísimo al que también accedió Página/12. Anoche, entre las 21 y las 22, Garbarz y su equipo volvieron a chequear las líneas y se encontraron con una novedad: estaban absolutamente limpias. Un grupo imposible de identificar tecnológicamente, con aparatos gemelos a los de la Side, había resuelto accionar la orden en el teclado mientras De la Rúa viajaba a Canal 9 para participar de "Hora Clave". Si denunciaba una intervención, no podría probarla en el acto. De la Rúa, que en sintonía con el oficialismo los últimos días prefirió responsabilizar a personas en lugar de acusar a los servicios de inteligencia o al Gobierno, insistió anoche en la misma línea. Ni mencionó el informe de Garbarz sobre la pinchadura de su oficina del que disponía desde ayer a la mañana y, en cambio, quiso aprovechar el prestigio del experto. Lo citó delante de Mariano Grondona para confirmar que las cintas "se truchan, y no pueden ser tomadas como testimonio". --¿Usted tuvo acceso a las cintas? --preguntó Página/12 a Garbarz. --No, en absoluto. --¿De la Rúa no se las dio? --No me las dio. --¿Se pueden falsificar cintas? --Sí, las cintas, como dijo De la Rúa, se pueden truchar. --¿Estas cintas fueron falsificadas o editadas? --No sé. No puedo saberlo si ni siquiera las vi. El informe de Garbarz, de apenas una carilla, señala que la intercepción es "rotativa con monitoreo de audio con trama TDM". En traducción de la teleinformática al telecastellano, eso significa que el aparatito puede programar hasta 99 teléfonos. Cada 50 milésimas de segundo la máquina chequea cada una de las líneas. Llama por teléfono a la primera y, antes del ring, testea la línea para ver si hay alguien hablando. Si alguien habla, se queda clavada y empieza a grabar. Si nadie habla, sigue de largo y pasa a chequear la línea número dos, como una llave rotativa que va tomando muestras de cada línea. Se trata, básicamente, de una notebook con un grabador de cuatro canales conectado a su lado. La señal recibida es digitalizada por la propia computadora y queda incorporada a la notebook. El sistema TDM puede comprarse, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque solo con autorización del gobierno norteamericano. Cuesta un mínimo de 20 mil dólares y los de última generación, como los que utiliza la Side o podrían haber sido utilizados para pinchar las líneas de De la Rúa, llegan a los 50 mil de precio. Si se compra en el mercado negro --que existe, como existe el de las armas-- los precios pueden subir un 50 por ciento. Este diario publicó en mayo del año pasado que Alfredo Yabrán disponía de un aparato de ese tipo, aunque en ese caso cueste discriminar si se trata de una iniciativa privada, un servicio público o la privatización periférica de la inteligencia. La tecnología actual de pinchadura se parece a la de los hackers, y hasta tiene su nombre particular: phreaking. Los que pinchan son phreakers. Y los que detectan y neutralizan la pinchadura desde otra computadora usan la misma tecnología. Con un problema: como ocurre con los virus, la modernización del software debe ser constante, porque los pinchadores van inmunizándose y mutando a medida que se descubren nuevas vacunas contra ellos.
LOS HIJOS DE DE LA RUA EN EL PROGRAMA DE
MARIANO GRONDONA
El primero en hablar fue Fernando de la Rúa. "No han cometido ningún acto incorrecto. Las conversaciones reflejan cosas muy comunes en la universidad, como es mantenerse en contacto con los profesores para hablar cosas propias de la materia". Más tarde, el jefe de Gobierno porteño recibió la llamada de la mamá de José Luis Cabezas, Norma, que desde el otro lado de la línea lo exhortó a que "luche por sus hijos". Finalmente, a los chicos les tocó defenderse solos. El primero en hablar fue Aíto. De saco gris y prolijo peinado al gel, el menor de los De la Rúa exhibió un tono relajado. "Se dio a entender que yo le decía a una amiga que no me había presentado al examen de Derecho Constitucional, y eso es falso, me presenté dos meses antes que mi amiga y por eso ella dijo que yo ese día no había sufrido", explicó. Y siguió: "Yo en un momento respondo que yo soy el hijo del jefe de Gobierno, supuestamente dando a entender que tengo beneficios en la facultad, pero esa conversación se produce cuando mi papá todavía no había llegado a la intendencia. Ya me enteré de que esas charlas se pueden fraguar: saco esto de acá, lo meto allá". Después fue el turno de Antonio, que como su hermano intentó probar su inocencia. "Jamás me anoté en la materia de Abel Marino, que es el profesor con el que supuestamente aprobé sin estudiar", dijo. Y opinó que "somos objeto de la política". Explicó que tienen micrófonos desde hace tres años, y que les grabaron 3000 horas de conversaciones. "Hoy empezamos a entender cómo es esto", confesó. Después dejó de defenderse y pasó a halagar a su padre. "Estamos orgullosos de vos, viejo, de cómo nos defendiste en estos días. Te vamos a bancar siempre", dijo antes de interrumpirse por el llanto. Después siguió: "No importa que nos pongan micrófonos abajo de la cama, que nos sigan, nosotros no te vamos a perjudicar".
Por José Natanson Si el proyecto sobre escuchas ilegales que elaboró un grupo de diputados de la Alianza fuera ley, los directivos del diario Perfil, que difundió el domingo las conversaciones de los hijos de Fernando de la Rúa, estarían presos. La iniciativa redactada por el diputado Jorge Giles prevé penas de tres a seis años de prisión para cualquier persona que haga públicas conversaciones obtenidas mediante pinchaduras ilegales. Varios especialistas en derecho constitucional consultados por Página/12 aseguraron que ese criterio alegal es un grave riesgo para la libertad de prensa. De hecho, no existen disposiciones análogas en otros dos proyectos que están en danza. Uno fue presentado por un jefe aliancista, Carlos "Chacho" Alvarez y reprime sólo a quienes realicen y después difundan escuchas ilegales. El proyecto oficialista todavía se está estudiando. Sin embargo, el secretario de Seguridad Interior Miguel Angel Toma aseguró ayer a Página/12 que no contempla ningún tipo de pena para los que difundan charlas privadas obtenidas de manera ilegal. "Sería censura previa", explicó Toma. El debate sobre la falta de un marco jurídico que castigue a los que realicen --y difundan-- pinchaduras ilegales resurgió luego de que el domingo pasado el diario Perfil publicó las coversaciones de los hijos del jefe de Gobierno. Allí, Fernando y Antonio de la Rúa aparecían gestionando favores de profesores radicales de la Facultad de Derecho para aprobar materias sin concurrir a los exámenes. La difusión de estas conversaciones desató una tormenta política. De la Rúa padre condenó las pinchaduras, las calificó de "truchas" y señaló a los ex concejales Eliseo Roselló y Miguel Herschberg como los responsables. La clase política en pleno, oficialismo incluido, salió a respaldar al titular de la UCR. Actualmente, el Código Penal castiga a quienes interrumpen el servicio telefónico, pero no incluye específicamente ninguna pena para quienes escuchen las llamadas ajenas. El artículo que puede rozar las pinchaduras de teléfonos es el 153, que establece penas de quince días a seis meses de prisión al que "abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico o telefónico que no le esté dirigido". De todas formas, ningún artículo del código prevé penas a quienes difundan escuchas o cualquier otro tipo de comunicación privada que haya sido obtenido de manera ilegal. La Alianza presentó dos proyectos en la Cámara de Diputados. El primero fue redactado por el diputado Jorge Giles y está firmado por los legisladores Ramón Torres Molina, Héctor Polino, Diana Conti y Oscar Massei. "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años y multa de hasta 50 mil pesos convertibles: al que para descubrir los secretos o vulnerar la actividad de otro, sin su consentimiento, se apoderase de mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o soporte técnico o interceptase sus telecomunicaciones o utilice artefactos de escucha, trasmisión, grabación o reproducción de sonido o de imagen o de cualquier otra señal de comunicación". En lo que muchos juristas calificaron como "un atentado a la libertad de prensa" (ver aparte), el artículo 3 de este proyecto reprime con la misma pena (tres a seis años) a "los que cedan, vendan, revelen o de cualquier manera difundan, los datos, hechos, o imágenes" privadas obtenidas de manera ilegal. El otro proyecto, que en realidad es una reiteración de una iniciativa de 1996, lleva la firma del diputado Carlos "Chacho" Alvarez. Allí se plantea la modificación de los artículos 153, 154 y 155 del Código Penal. "Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que indebidamente abriere o se impusiere del contenido de una carta, un pliego cerrado o un despacho de cualquier naturaleza que no le esté dirigido y el que de cualquier modo se procure la recepción de sonidos o de cualquier otra señal de comunicación privada que no le esté dirigida". Según este proyecto, el artículo 154 debería ser modificado de manera tal que sea reprimido "con prisión de uno a cuatro años, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, despacho, conversación o señal de comunicación privada o la imagen íntima". El Ministerio del Interior elaboró una iniciativa, que todavía debe ser analizada por el Presidente. Allí se condena con prisión de dos a cuatro años a quienes realicen pinchaduras telefónicos ilegales y se establece que la pena será del doble si los responsables son funcionarios públicos. Según explicó ayer a Página/12 Miguel Angel Toma, este proyecto "no contempla ningún tipo de pena para quienes difundan las escuchas". Visiblemente satisfecho Toma dijo estar "sorprendido" por las presentaciones de la Alianza y señaló que "sería un error peligrosísimo sancionar una ley así, ya que implicaría vulnerar la libertad de expresión". El funcionario aseguró que "se estaría estableciendo censura previa" y agregó que "esta fue una idea que descartamos de plano cuando analizamos este tema". Y se jactó de "ser más progresista que la Alianza".
LOS CONSTITUCIONALISTAS DEFIENDEN LA
LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN
* Jorge Vanossi (constitucionalista radical) La protección a la intimidad que ya está contemplada en el artículo 18 de la Constitución incluye también las comunicaciones telefónicas. Si además se aprueba una ley explícita, se operativiza la base constitucional. Creo que es una buena idea. Haciendo abstracción de lo que ocurrió en los últimos días, la tradición argentina tiene una tradición muy negativa al respecto: el espionaje del oficialismo a la oposición era moneda corriente. Lo que no hay que pensar es que los medios de comunicación deben ser penados por difundir, porque recogen lo que ya está en el ambiente. Una vez que eso ha tomado estado público el medio es un espejo que reproduce la imagen, un tercero ajeno a la fase presuntamente ilícita. Se estaría amedrentando a la prensa con una legislación que pene la difusión de este tipo de informaciones.
*Antonio María Hernández (constitucionalista radical, ex candidato a vicepresidente y ex Convencional Nacional constituyente) Es menester introducir en el código penal una legislación para tipificar esa conducta penal y ponerle la sanción adecuada. Ha llegado el momento de sancionar las escuchas ilegales. Sin embargo, no creo bajo ningún punto de vista que el diario deba ser penado. Como hombre del derecho defiendo la libertad de prensa, que es fundamental para la democracia. "Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila", decía Mariano Moreno, y yo comparto esa opinión. Creo que la prensa adquirió desde 1983 un papel importantísimo. Limitarla por cualquiera de la vías produciría efectos negativos.
*Alberto García Lema (constitucionalista peronista, ex constituyente) Efectivamente, la garantía de los derechos individuales hace cuestionable las escuchas ilegales. Considero que la el valor probatorio basado en escuchas ilegales no debería ser admitido como prueba judicial. No voy a ingresar en el tema de si se debe penar a los medios por la difusión de este tipo de escuchas porque es un tema individual en el que tienen que decidir los afectados.
*Eduardo Barcesat (ex Constituyente por el Frente grande) Creo que es correcto que se apruebe una legislación en la que sean
penados aquellos que contratan servicios mercenarios así como los que prestan estos
servicios, pero no los medios de comunicación que, lo único que hacen es reproducir. No
se les puede pedir el debido proceso. Una ley que penalice la difusión sería
groseramente inconstitucional. Lo que sí se le debe exigir al medio es que la
información que difunda sea real y que se explicite que fue obtenida ilegalmente. Por lo
demás, existe el derecho a réplica. |
El jefe de
Gobierno de la capital de la Argentina sufre la intervención de sus teléfonos. Un grupo
imposible de identificar por vía tecnológica, pero con aparatos gemelos a los que
dispone la Secretaría de Inteligencia del Estado, escucha sus conversaciones. La
información surge de un chequeo y análisis de líneas que realizó por encargo de
Fernando de la Rúa el ingeniero en electrónica Ariel Garbarz. El dato es de una
extraordinaria gravedad institucional. Ante la información, los dirigentes de la Alianza
criticaron la intervención telefónica pero cinco diputados del Frepaso introdujeron un
elemento de gravedad institucional similar al anterior: proyectan condenar penalmente la
difusión de datos obtenidos, por ejemplo, de escuchas telefónicas (ver página 2). 