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 "Yo no soy
mejor que Liporaci". Esa fue la frase elegida por el juez federal Adolfo Luis
Bagnasco para salir a "bancar" a su colega caído en desgracia. Ayer, el juez
calificó como "un juego político harto espurio que seguramente apunta a tomar
nuestros cargos". De esta manera, el cotizado magistrado que investiga el circuito de
corrupción en el multimillonario contrato firmado entre IBM y Banco Nación, se
transformó en el vocero de los jueces federales que, en voz baja, venían denunciando una
campaña en su contra. "Hay que tener mucho cuidado con el doctor Cavallo",
disparó Bagnasco. La declaración de guerra de Bagnasco estuvo precedida de reuniones
previas. Y antes de eso, exactamente a las 8.40, el ministro de Justicia, el riojano Raúl
Granillo Ocampo, había dicho por Radio América. "Yo creo que hay gente interesada
en afectar a los jueces federales".Las denuncias contra el juez federal Norberto Oyarbide --actualmente de licencia y con varios pedidos de juicio político y causas penales abiertas-- encendió la luz amarilla. Las acusaciones que dos ex empleados de Carlos Liporaci realizaron contra su ex jefe y que se trasformaron en dos causas penales y dos pedidos de enjuiciamiento en la Cámara de Diputados (ver nota página 11) encendió la luz roja. Los indicios de que Claudio Bonadío, Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral serían los próximos blancos hizo sonar la alarma. Tres horas antes de que Bagnasco le confiara a la periodista Luisa Valmaggia, que conduce el programa radial "Punto de encuentro" que "yo tengo hace un año y medio una denuncia por enriquecimiento ilícito hecho por la agrupación estudiantil Franja Morada sin que me conocieran", se había reunido en su despacho con sus pares Liporaci y Urso. Domingo Cavallo fue el centro de la conversación. Y lo confirmó ante los micrófonos: "Mire, Luisa (por la periodista Valmaggia), cualquiera agarra un micrófono y dice que nosotros somos corruptos, que nosotros robamos, que nosotros recibimos sobres. (...) Acuérdese, los jueces federales entramos y salimos de servilletas". Se refería, cómo olvidarlo, a la denuncia del ex ministro de Economía cuando aseguró que su ex colega de gabinete, Carlos Corach, escribió en una servilleta los nombres de los magistrados permeables a la Casa Rosada. "Hay que tener mucho cuidado, porque cuando al doctor Cavallo las causas en las que se lo investiga se le vuelven en contra, empieza a atacar. Es una técnica ya conocida por nosotros, los jueces federales. Y cuando no lo hace, él manda a uno de los suyos. Sólo hay que recordar que el primer juicio político contra Liporaci fue presentado por Francos". Hugo Francos es diputado nacional por Acción por la República, el partido fundado por Cavallo. "Bagnasco y el resto de los jueces federales reaccionan porque saben que, así como a Alfredo Yabrán el Gobierno le sacó la protección política, el menemismo, con vistas a las próximas elecciones de 1999, también les retiró la cobertura política a los jueces federales que, apenas tenían un problema, levantaban el teléfono y hablaban a la Casa Rosada", replicó, en diálogo con este diario el abogado cavallista y ex diputado nacional Franco Caviglia. A la reunión de Bagnasco, Urso y Canicoba Corral, le siguieron dos más. Los fiscales federales se reunieron en el quinto piso del Palacio de Tribunales ubicado en Comodoro Py 2002. Analizaron la posibilidad de publicar una solicitada denunciando una "campaña política" contra el fuero federal. A la una de la tarde, varios secretarios y secretarias de juzgados se amontonaron en una de las secretarías que dependen de Canicoba Corral. También decidieron "bancar" a sus jefes. Al finalizar la tarde y como para no dejar dudas sobre el ambiente actual en ese fuero, Canicoba Corral le dijo a este diario: "Me da la sensación de que hay un conflicto político que se ha trasladado a Tribunales", comentó sin dar mayores precisiones. --¿Usted también cree que Cavallo está detrás de esta campaña? --No creo que el diputado dedique su tiempo a estas cosas. Canicoba Corral fue el primer juez federal que condenó al ex funcionario. Le impuso una pena de cuatro años de prisión en suspenso por haber "injuriado" a un abogado. El nombre de Canicoba Corral también está grabado en la famosa servilleta que según le habría dicho Corach a Cavallo "me responden y lo que yo digo, eso hacen".
Aldaco volvió a repetir que Cattáneo le anunció que la multinacional le giraría, al lugar donde dispusiera, una gratificación por haber cerrado el multimillonario contrato por la informatización del Banco Nación. Cattáneo repitió una vez más que jamás le ofreció dinero en representación "ni de IBM ni de nadie". Como es obvio, alguno de los dos miente ya que la Justicia detectó que Aldaco tenía depositado en el Banco Bruxells Lambert de Suiza, más de dos millones de dólares. Diplomático de Carrera, Aldaco le confesó el 6 de mayo a la revista trespuntos: "Cattáneo me ofreció la coima. Yo soy un perejil. Quiero que caigan los de arriba". Los de arriba podrían ser los cuatro ejecutivos de la Big Blue casa matriz --ubicada en Estados Unidos-- a quienes el juez federal Adolfo Luis Bagnasco pidió captura internacional porque se niegan a prestar declaración indagatoria en su juzgado. Se trata de Mauricio Kaiser, Robelí José De Líbero, Steve Borg Lew y Peter Rowley.
Además de las tres denuncias penales, una de las cuales cursa en la Justicia federal, a cargo del Gabriel Cavallo; en la Cámara de Diputados de la Nación ingresaron entre el miércoles y el jueves dos pedidos de juicio político. Uno motorizado por el Guillermo Francos, diputado de Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo; y el otro, por los legisladores del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Aníbal Ibarra. Las desgracias de Liporaci comenzaron cuando dos ex empleados de su juzgado, Guillermo Gowland y Daniel Barindelli lo denunciaron en los estrados. Gowland lo acusó de haber pedido una coima para favorecer al empresario menemista de la carne Alberto Samid. Liporaci lo investiga --la causa actualmente está en apelaciones en la Cámara Federal-- por una supuesta y millonaria evasión impositiva. Brindelli, en cambio, presentó documentación en la que se acreditaría que el juez, por ejemplo, libraba órdenes de allanamiento en blanco, e inclusive, habría pedido la intervención ilegal de su teléfono. Durante todo el día de ayer acusado y acusadores siguieron lanzándose dardos a través de los medios electrónicos: "Se llegara a probar algunos de los ilícitos que él dice que cometí, él sería tan responsable como yo y la Justicia lo debería procesar por encubrimiento", disparó el magistrado. Gowland era secretario de su juzgado y habría participado de la reunión con su señoría y el empresario peronista Jorge Antonio. En esa tertulia, Antonio le habría dicho a Liporaci que había que ayudar a Samid porque el matarife había colaborado en la campaña presidencial de Carlos Menem. "Liporaci dice que lo traicioné pero mal puedo yo traicionar a una persona que me amenazó y me obligó a renunciar a mi puesto bajo presión", respondió el ex secretario federal. En diálogo con este diario, Liporaci volvió a repetir que no tomará licencia --como lo hizo su colega Norberto Oyarbide--. "Esta campaña afecta a mi entorno familiar. Me afecta anímicamente, pero no perjudica en nada mi labor profesional, por eso seguiré trabajando", sostuvo. Horas después, el magistrado instruyó a sus abogados, los hermanos Zenón y Federico Ceballos, para que se presentaran ante el juez de instrucción Mariano Bergés con un escrito en el que pide "la oportunidad procesal de ser escuchado".
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