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Por Carlos Rodríguez  El gobierno de Río Negro hizo una presentación ante la
Justicia para que se investigue por "presunta asociación ilícita" a nueve
policías de la provincia, cuestionados por anomalías ocurridas durante la investigación
del triple homicidio de Cipolletti. El ministro de Gobierno, Horacio Jouliá, confirmó a Página/12
la denuncia y precisó que dos de los sospechosos, el subcomisario Luis Seguel y el
sargento Miguel Railén, serán investigados también por "presunto enriquecimiento
ilícito". Jouliá eludió hablar de las pruebas aportadas, aclaró que "no se
mencionó ningún delito en particular" y que, en cambio, "se pidió que se
investiguen a fondo todos los aspectos oscuros que aparecen en la causa principal y las 12
causas satélites" y que involucran a funcionarios policiales.
Además de Seguel y Railén, fueron imputados el comisario Sergio Oliva, el subcomisario José Luis Torres, los sargentos Ramón Silva, Luis Nicosia, Oscar Suarzo y José Reyes y el inspector Mario Pérez. En forma paralela, el juez Pablo Iribarren, que investiga el crimen de las hermanas María Emilia y Paula González, y de Verónica Villar, convocaría a expertos de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico de los Estados Unidos (DEA), para esclarecer versiones según las cuales el triple crimen habría sido cometido por miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas que se movía al amparo de un grupo de policías de Cipolletti. Jouliá dijo a este diario que la presentación se hizo ante el fiscal de la causa principal, Alvaro Meynet, porque si bien el gobierno "no tiene acceso al expediente", sabe "por la información publicada en los diarios y que ha sido confirmada" que existe "un grupo de nueve policías que habría cometido presuntos delitos que deben ser investigados a fondo". Puntualizó que la investigación "debe avanzar, caiga quien caiga, por el propio bien la fuerza policial, que es cuestionada en su conjunto". El ministro aclaró que la denuncia se hizo sobre la base del artículo 56 de la Constitución provincial, que obliga a todo agente público acusado de un ilícito a reivindicarse, bajo pena de destitución, sometiéndose a la acción de la Justicia. "Nosotros llegamos a la denuncia porque los rumores están causando un perjuicio serio a una policía que tiene 4000 hombres, la mayoría de los cuales son honestos y hoy están salpicados por supuestos hechos en los que no han tenido ninguna participación." Previamente el ministro se reunió con la cúpula policial para anticiparle la decisión. --¿En la presentación se hace mención directa a las denuncias que indican que los policías habrían protegido a una banda de narcotraficantes que estaría involucrada en el crimen? --quiso saber Página/12. --Sería muy irresponsable de nuestra parte hablar de delitos concretos. Lo que nosotros hacemos es pedir que se investigue una serie de datos que aparecen en la causa y que presuntamente involucran a policías. Lo que nosotros pedimos es que el fiscal solicite que se investigue todo y que se castigue a los culpables, si los hay. Esta es la única manera posible de separar la paja del trigo --fue la respuesta de Jouliá. Al parecer, el gobierno habría aportado denuncias formuladas por vecinos y por periodistas, que involucran a los nueve policías señalados. Ulises González, padre de dos de las víctimas del triple crimen, declaró a este diario que "aunque tardía", la reacción del gobierno "es importante porque cuatro de los policías (Seguel, Oliva, Torres y Railén) ya habían sido señalados como sospechosos de maniobras de encubrimiento" en el triple crimen. En Cipolletti, la medida oficial fue tomada como respuesta a las acusaciones formuladas contra la policía en la marcha que se realizó el domingo pasado --como ocurre todas las semanas-- para reclamar justicia. Ese día, Ulises González advirtió que hasta "podría llegar a tomarse una comisaría si en 15 días no se avanza con la causa". Más tranquilo, el padre de dos de las chicas aclaró ayer que rechaza "cualquier tipo de violencia". Igual, el domingo será reforzada la guardia policial cuando se realice la nueva marcha. Para colmo, habrá un dato para calentar el ambiente: ayer fue dejado en libertad, por falta de mérito, el médico policial Gustavo Montelpare, acusado de "plantar" pruebas falsas para desviar el curso de la investigación.
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