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Por Pedro Lipcovich
El recurso de amparo fue presentado por Mariela Viceconte, de 25 años, vecina de Azul, en plena zona del mal de los rastrojos: "Yo me crié en el campo y veía, veo, cómo la gente se enferma, sobre todo los peones, y conocí varias personas que murieron", dijo a Página/12. Mariela se contactó con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyos abogados Víctor Abramovich y Martín Abregú la patrocinaron. Abramovich explicó a este diario que "la nueva Constitución admite el amparo por derechos colectivos: Viceconte pudo presentarse por el solo hecho de vivir en la zona de la endemia". El virus que causa la fiebre hemorrágica argentina (mal de los rastrojos) fue identificado en la década del 50 y, en los 60, el Instituto Malbrán y la Facultad de Medicina de la UBA obtuvieron, con virus atenuados, lo que los científicos llaman un "candidato" a vacuna: el Candid I. En 1990 su desarrollo estaba concluido, pero la Argentina carecía de una planta para producir la vacuna en escala: se firmó un convenio con el Instituto Salk --del Departamento de Defensa de Estados Unidos--, que llegó a entregar 320.000 dosis de la vacuna: poco para inmunizar a los 3.500.000 habitantes en riesgo, pero suficiente para hacer caer drásticamente los índices de infección. La crisis se desencadenó en 1996: el Salk anunció que dejaría de fabricar la vacuna, mientras las obras para el laboratorio que debía producirlas en la Argentina --en el Instituto Maiztegui de Pergamino-- se paralizaban por falta de presupuesto. Página/12 y otros medios denunciaron la situación, hubo pedidos de informes en la Cámara de Diputados nacional, y Mariela Viceconte pidió amparo. La jueza en primera instancia rechazó el recurso, pero la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal --integrada por Jeanneret de Pérez Cortés, Alejandro Uslenghi y Guillermo Pablo Galli-- revocó esa decisión en nombre de los "derechos sociales, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la salud". Según la Cámara, del informe presentado por el Instituto Maiztegui en 1996 "se desprende que no se ha realizado ninguna inversión durante los últimos dos años para la unidad de producción de vacuna, la que se encontraba por consiguiente paralizada". Y, "a pesar de lo afirmado por la demandada (el Estado nacional) en el sentido de que el presupuesto de 1997 contemplaba una partida especial destinada a este fin, lo cierto es que, según surge del reconocimiento efectuado el 12 de diciembre de 1997, el Instituto Maiztegui estaba lejos de hallarse en condiciones de producir la vacuna". Por eso, "corresponde hacer lugar a la acción de amparo y ordenar al Estado Nacional que cumpla estrictamente y sin demoras con el cronograma, responsabilizando en forma personal a los ministros de Salud y Acción Social y de Economía y Obras y Servicios Públicos". El control del cumplimiento del cronograma se encomienda al Defensor del Pueblo de la Nación (Jorge Maiorano). Según aseguró a este diario Elsa Segura, directora del ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), "dentro de un año tendremos disponible la vacuna" (lo cual se ajustaría al cronograma exigido por los jueces). "Ya tenemos el personal entrenado para producirla y sólo falta entregar el 20 por ciento de los equipos, que ya están comprados", dijo la funcionaria. El abogado Abramovich observó que "la jueza que rechazó el amparo en primera instancia se conformó con el anuncio del ministerio; en cambio, el presidente de la Cámara viajó al Instituto Maiztegui de Pergamino, interrogó al personal y constató atrasos importantes"; y destacó que "este fallo es valiosísimo en cuanto al control de la actividad del Estado por el Poder Judicial en materia de derechos sociales".
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Alberto Mazza, ministro de
Salud y Acción Social, y Roque Fernández, de Economía, fueron declarados responsables
"en forma personal" de que se produjera la vacuna contra el mal de los rastrojos
en un plazo que vence el año que viene. Así lo estableció la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo al hacer lugar a un recurso de amparo. La vacuna fue
inventada en la Argentina, pero se demoraban las inversiones para fabricarla; se la
importaba --en cantidades limitadas-- de un instituto oficial de Estados Unidos, pero hace
2 años éste dejó de producirla. Varios temas plantea esta historia judicial: a) el de
las vacunas y medicamentos llamados "huérfanos", que no interesan a las
compañías porque no son rentables y sólo pueden ser producidos por el Estado; b) el del
control de estas funciones del Estado por parte del Poder Judicial; c) la posibilidad de
que cualquier ciudadano de un grupo afectado --en este caso, una habitante de la zona
endémica-- interponga un recurso de amparo, asistido por organizaciones no
gubernamentales.