EN PERU HAY CLIMA DE FIN DE REGIMEN
EL TENEBROSO YABRÁN PERUANO

En Perú hay clima de fin de régimen: Fujimori cambió al primer ministro y al de Economía mientras las multitudes en las calles pedían su cabeza y Vladimiro Montesinos, el Yabrán peruano, movía los hilos.

Aspecto de la marcha que podría ser el principio del fin. Pese a todo, la maquinaria reeleccionista sigue funcionando a

Jóvenes universitarias protestan durante la marcha del jueves. En el gobierno se llegó a temer el fantasma de un desenlace a la Suharto.

Por Carlos Noriega  desde Lima

El jueves 4 de junio fue un día crucial en la política peruana, cuyas repercusiones marcarán el futuro próximo del país. Mientras en Palacio de Gobierno el régimen del presidente Alberto Fujimori estrenaba un nuevo primer ministro --el jurista y ex senador Javier Valle Riestra-- en un intento por mejorar su deteriorada imagen, muy cerca de ahí, las calles eran escenario de la brutal represión que sufrían miles de estudiantes que marchaban o los gritos de "democracia" y "va a caer, la dictadura va a caer". Decenas de heridos y varios detenidos dejó la violenta acción policial contra la pacífica marcha estudiantil, que convoca a más de 20 mil jóvenes. Fue la más numerosa y combativa manifestación antifujimorista liderada por los estudiantes. Entre la surrealista escena de un reputado constitucionalista jurando por sus "viejas convicciones democráticas" de rodillas ante el autócrata Fujimori y las sonrisas y los brindis del caso, se filtraban a los pomposos salones palaciegos los rumores de la multitudinaria marcha antigubernamental y la violenta represión policial, y más de uno debe haber sentido la trágica presencia del fantasma del depuesto general indonesio Suharto, dictador admirado por Fujimori. Y esa misma tarde del último jueves 4 de junio, en otro escenario limeño importantes líderes de la oposición, entre ellos el ex presidente Fernando Belaúnde (1963-68 y 1980-85) y el ex secretario general de las Naciones Unidas y candidato presidencial en 1995, Javier Pérez de Cuéllar, se reunían con un grupo de influyentes ex jefes militares para evaluar futuras acciones para detener la acelerada marcha de la nueva reelección de Fujimori. Muchos han visto en esa reunión el embrión de un amplio frente opositor. Y la frutilla del postre fue el reemplazo del ministro de Economía Jorge Camet luego de cinco años por Gustavo Caillaux, un despilfarrador puesto ahí para ganar las elecciones.

El nombramiento de Valle Riestra como jefe de gabinete sorprende a todos y significa un giro radical en el comportamiento del gobierno de Fujimori, ya que el nuevo primer ministro es un miembro de la clase política tradicional a la que Fujimori tanto desprecia y ha sido un duro crítico del régimen, al que alguna vez llamó "autócrata y fascista". Pero ésos eran los tiempos en los que el nombre de Valle Riestra --quien en 1992 fuera abogado del general Jaime Salinas Sedó, juzgado y sentenciado por intentar derrocar a Fujimori para restaurar un gobierno democrático-- se voceaba con fuerza como un posible candidato presidencial de la oposición unificada en las elecciones de 1995. La idea no cuajó y de opositor democrático Valle Riestra pasó a un proceso de acercamiento al régimen dictatorial, especialmente al asesor presidencial Vladimiro Montesinos, la figura más cuestionada del gobierno peruano por sus vinculaciones con graves violaciones a los derechos humanos y con el narcotráfico. Valle Riestra fue senador del partido aprista, la agrupación política del ex presidente Alan García (1985-90) desde 1986 hasta el golpe fujimorista de 1992, y ahora reemplaza al anodino Alberto Pandolfi, que luego de dos años y dos meses se ha retirado como el más longevo de los jefes de gabinete del fujimorismo. El día anterior a su reemplazo, Pandolfi aseguraba a la prensa que se mantendría en el cargo. Internacionalmente Valle Riestra es una figura reconocida en los círculos políticos y jurídicos, identificada en años pasados con la defensa de los derechos humanos y la democracia y eso puede ser bien utilizado por un gobierno sentado en el banquillo de los acusados precisamente por graves violaciones a los derechos humanos, atropellos a la libertad de prensa y hostigamientos contra los opositores políticos. Al menos eso esperan Fujimori y sus asesores.

Ese crucial jueves también se estrenaba el paquete de once leyes dadas por el gobierno, al amparo de las facultades extraordinarias que le dio la mayoría parlamentaria, que militarizan la Justicia, poniendo a los civiles bajo la autoridad de los tribunales militares que están facultados a sancionar en juicios sumarios, que califican los delitos comunes, como el secuestro, asesinato o asalto armado, como terrorismo agravado y que otorgan al servicio de inteligencia, que maneja el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el control de la policía. Estas medidas significan aplicar la legislación antiterrorista a la delincuencia común. Abogados y defensores de los derechos humanos han advertido que con estas leyes se repetirán los graves excesos cometidos en el juzgamiento a los acusados por terrorismo. Organismos de derechos humanos estiman que más de mil inocentes fueron condenados a largas penas, incluida la cadena perpetua, sin prueba alguna por jueces militares sin ningún conocimiento de leyes, en juicios sumarios en los que no se les permitió el ejercicio de su defensa. El propio gobierno admitió esta realidad al nombrar una Comisión ad hoc para que evalúe estos casos y proponga el indulto para los inocentes condenados.

Sin embargo, aún hay más de 600 inocentes encarcelados. Ahora esa parodia de juicios y el drama de los acusados por terrorismo sin derecho a un juicio con las mínimas garantías, amenaza repetirse y multiplicarse con esta nueva legislación sindicada por todos los juristas como "aberrante", al calificar como terrorismo la delincuencia común y anticonstitucional, al poner a los civiles en manos de jueces militares. Por su parte, el presidente Fujimori, con su popularidad en retroceso y las calles llenándose de opositores cada vez más decididos, espera que la medida le devuelva esa popularidad perdida entre una población desesperada y atemorizada por la violenta ola delictiva que azota Lima.

El flamante nuevo primer ministro estrenó el cargo asegurando que está en contra de esas leyes y que así lo expresará al interior del gobierno, en el que, aseguró, espera luchar para democratizar al régimen. También dijo que se opone a la reelección presidencial. El gobierno peruano parece estar haciendo un doble juego al utilizar al prestigioso jurista Valle Riestra y su capacidad oratoria y polémica para calmar las protestas internacionales por las violaciones a los derechos humanos, el acoso a la prensa y a la oposición, y por las recientes leyes que militarizan la Justicia y para dar un discurso de moderación y una imagen de apertura que creen la sensación de una democratización del régimen que detenga las protestas callejeras, al tiempo que envía a los civiles a los juzgados militares, utiliza el control otorgado al servicio de inteligencia sobre la policía para neutralizar a los opositores con acusaciones de algún delito fabricado y aplica todo el tinglado legal que ha montado para asegurarse un triunfo electoral el año 2000. El nombramiento de Valle Riestra se da una semana después de que el Foro Democrático presentara ante los tribunales electorales el millón doscientos mil firmas requeridas para convocar a un referéndum contra la ley que permite una nueva reelección presidencial. Las firmas están en proceso de verificación. Es un momento decisivo para el gobierno y la maquinaria reeleccionista sigue trabajando a marchas forzadas.

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