Página/12

El gobierno nacional enviará el próximo martes al Congreso un proyecto de ley que penaliza las escuchas telefónicas ilegales y la obtención ilícita de videos y, por sobre todas las cosas, aprovecha la ocasión para establecer un sistema de censura sobre la prensa. La iniciativa elaborada por el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, que fue firmada ayer por la mañana por el presidente Carlos Menem apenas regresó a Buenos Aires desde La Rioja, contempla penas de un mes a dos años de prisión al que "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, grabare o reprodujere sonidos o imágenes sin su consentimiento". Esto pondría al margen de la legalidad el recurso de las cámaras ocultas utilizadas por los medios de comunicación para descubrir ilícitos en los que están involucrados funcionarios públicos. También limitaría la reproducción de todo tipo de material de investigación periodística, algunos no muy sofisticados, como ser las fotografías.

La semana pasada fue un proyecto presentado por la Alianza el que estuvo a punto de convertirse en una herramienta de censura para la prensa cuando en el texto original redactado por el legislador Jorge Giles se incluyó un párrafo en el que se pedía una pena de tres a seis años de prisión a "los que cedan, vendan, revelen o de cualquier manera difundan, los datos, hechos, o imágenes" privadas obtenidas de manera ilegal. Pero, al caer en cuenta de lo que había escrito, esta parte fue borrada en el texto final elevado al Congreso por los aliancistas.

Ahora es el Ejecutivo quien redactó un ambiguo artículo en la propuesta de ley que penaliza las escuchas telefónicas que, según su autor, el ministro Raúl Granillo Ocampo, tiene por fin "proteger debidamente el derecho a la intimidad de los habitantes de la República Argentina". En este artículo se establece una pena de uno a dos años de prisión al que "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro, grabare o reprodujere sonidos o imágenes sin su consentimiento" sin ninguna otra especificación, lo que involucraría a la propia actividad periodística que en los últimos tiempos basó buena parte de sus denuncias en contra de funcionarios públicos en registros de "cámaras ocultas". También entrarían en la categoría las tomas fotográficas periodísticas, tal como la que José Luis Cabezas le sacó a Alfredo Yabrán en una playa de Pinamar.

Abogados consultados por Página/12 (ver aparte) coincidieron en señalar la ambigüedad del proyecto. Se preguntan en qué consiste el consentimiento y por qué no se aclara en el párrafo cuestionado si la pena prevista puede ser aplicada si para "descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro" se utilizaron medios legítimos.

Curiosamente la semana pasada el Secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, le había asegurado a Página/12 que el proyecto que estaba elaborando el Gobierno "no contempla ningún tipo de pena para quienes difundan las escuchas". En esos momentos se mostró "sorprendido" por la iniciativa que después corrigieron los legisladores de la Alianza y en la que se castigaba la difusión de grabaciones telefónicas. "Sería un error peligrosísimo sancionar una ley así, ya que implicaría vulnerar la libertad de expresión, se estaría estableciendo censura previa", declaró con absoluta seguridad.

El ministro del Interior, Carlos Corach, expresó su "firme esperanza" de que los legisladores aprobarán "en forma inmediata" la iniciativa del Gobierno que crea estos delitos y los sanciona severamente para terminar con esta ola de denuncias infundadas y videos ilegales". Corach realizó las declaraciones al salir del salón VIP del Aeroparque Metropolitano donde Menem firmó el proyecto apenas bajó del avión que lo trajo de regreso desde La Rioja. Como el Presidente estará afuera unos días, en el gobierno querían asegurarse la firma del jefe del Ejecutivo para enviar la iniciativa al Congreso este martes, y aprovechar el repudio social por la extensión del espionaje telefónico.

El proyecto de ley, que modifica el artículo 153 del Código Penal referido a las comunicaciones, considera en otros de sus párrafos que "la introducción indebida por parte de terceros en conversaciones telefónicas, así como su copia o grabación, obedece al abaratamiento de los costos de la tecnología", asegurando así que cualquiera puede hacerlo. Y establece que "será reprimido con prisión de 15 días a seis meses, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido".

El texto determina prisión de un mes a dos años para el que "por cualquier medio accediere, copiare o grabare el contenido de un mensaje de correo electrónico ajeno, una conversación telefónica o telemática, o los datos privados ajenos contenidos en soportes electrónicos, telemáticos o informáticos a los que accedió ilícitamente". En un intento por desvincular al Gobierno de la práctica de "escuchas", tal como la que se realizó sobre los teléfonos de Fernando de la Rúa, la propuesta de Granillo Ocampo establece que si este tipo de hechos "fuera cometido por un funcionario público o por quien ejerza la profesión de investigador privado o de agente privado de seguridad, se le aplicará, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo". En la SIDE tiemblan de miedo.

Los abogados Carlos Prim y Pablo Jacoby coincidieron en sospechar sobre la verdadera intención del proyecto elaborado por Raúl Granillo Ocampo. "Lo más grave del artículo modificado es lo referido a la pena por reproducción", asegura Jacoby. "Sin lugar a dudas esto apunta a los medios ya que los obliga, antes de reproducir un material referido --por ejemplo-- a un acto de corrupción, a pedir el consentimiento de la persona involucrada en ese acto de corrupción, lo cual es absurdo". Según el abogado, "si se trata de una grabación que registra lo conversado entre dos personas, ¿hace falta del consentimiento de las dos o sólo de una? Por último, ¿los periodistas deberán contar con un consentimiento de cada persona que entrevistan? ¿Cómo se demuestra este consentimiento, es verbal, deberá ser por escrito?". "Creo --agrega Jacoby-- que la sociedad está pidiendo una norma de este tipo, pero debería llenar el vacío legal que existe para que se castigue penalmente las actividades ilegítimas de los servicios de inteligencia y no la investigación legítima de la prensa sobre funcionarios o personajes públicos". Para Carlos Prim, el texto oficial, "es una simplificación absoluta que, en principio, viola los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional". Según Prim, "se trata lisa y llanamente de una situación oportunista que es aprovechada para violar la libertad de prensa".

Los intentos por amordazar a la presa mediante nuevas leyes fue y es una constante de la presidencia de Carlos Menem. Curiosamente el autor de las primeras iniciativas es el mismo que presentó ayer el cuestionado proyecto que con el argumento de penar las escuchas telefónicas, en realidad, pretenden limitar la libertad de prensa: Raúl Granillo Ocampo.

Eduardo Bauzá dijo en abril de 1990: "Hace falta una ley que incrimine la falsa denuncia, la calumnia o la injuria". Granillo Ocampo, por ese entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia, se hizo cargo del desafío. En defensa de su primer proyecto que establecía penas para denuncias no comprobadas, "advirtió sobre la ligereza conque se pone en tela de juicio la honra de los funcionarios, pudiendo llegarse al caso de que no haya quienes quieran asumir funciones públicas para no ver mancillado su nombre injustamente".

En su afán por crear nuevas figuras delictivas, en el artículo 109 de la ley de prensa definía la calumnia como la falsa imputación del delito de acción pública. La ley aumentaba considerablemente las penas referidas a denuncias de delitos cometidos por funcionarios públicos. Finalmente no pudo ser promulgada. Sin embargo, el gobierno siguió trabajando en nuevos intentos, de tono similar, que fueron firmadas por Menem y Jorge Maiorano en 1992 y otra que fabricó el ministro de Justicia Rodolfo Barra en 1994. Todas ellas también hacían del desacato al funcionario público la principal herramienta para amedrentar a la prensa y se quería llevar el monto de la pena por el delito de dos a seis años de prisión, lo cual pasaba a ser no excarcelable.

OPINIÓN

Por Horacio Verbitsky

LA LEY CARNAGHI

Primero la oposición, ahora el gobierno, parecen creer que las escuchas telefónicas clandestinas se resuelven con una ley que castigue a quien las realiza. En el caso de la oposición se trata de una ingenuidad; en el del gobierno de una hipocresía. El proyecto que ayer firmó el presidente Carlos Menem sostiene en sus considerandos que el abaratamiento de los costos de la tecnología empleada la coloca "al alcance del público en general". Esto es falso, dado que el aparataje más barato cuesta el equivalente a un año del salario medio de la economía. El propósito oficial es que la atención no se detenga en los servicios estatales de información, que dedican a esa tarea parte de los 300 millones de dólares anuales, que todos pagamos para que el gobierno haga política con medios inmorales y sin control.

El mandatario firmante del proyecto es un consumidor habitual de esa mercadería hedionda, como lo fueron todos sus antecesores. Menem llegó a participar en una reunión de gabinete en la que tres ministros (Roberto Dromi, Eduardo Bauzá y Erman González) le hicieron escuchar la grabación de un diálogo entre integrantes del consorcio ganador de la privatización de ENTel que, según ellos, demostraba la deslealtad de María Julia Alsogaray. Cuando una revista reprodujo las cintas, Menem amenazó con disolver la SIDE. "Eso no es un servicio de informaciones sino una cueva de alcahuetes", constató. Como es evidente, no le preocupaban las grabaciones, sino que hubieran trascendido más allá de su gobierno, al que motejó de "conventillo". La propia exposa presidencial denunció antes de ser expulsada del paraíso que había descubierto conexiones telefónicas irregulares en su morada oficial y los Alsogaray padre e hija denunciaron a la Justicia la intervención de sus teléfonos desde un organismo de inteligencia, con perdón de la palabra.

Para suprimir esa práctica viciosa, Menem no necesita una ley. Le bastaría con ordenárselo a los jefes de la SIDE y de la Policía Federal. Con la misma voluntad política podría detectar las organizaciones delictivas privadas que compiten al menudeo con los mayoristas oficiales. Recién entonces tendría algún sentido la sanción legislativa. Lo contrario es una mera ilusión penal, detrás de la cual siempre se esconde la voluntad de que nada cambie. Peor aún, de aprovechar la conmoción por un episodio que, aparentemente, sólo involucra a la UCR, para intentar su enésima ofensiva en contra de la libertad de expresión. Salvo error u omisión, éste es el sexto proyecto de ley remitido al Congreso con el objetivo de amordazar al periodismo independiente: el gobierno considera que el castigo no debe alcanzar sólo a quienes efectúen la grabación subrepticia sino a quienes la reproduzcan, es decir, los medios de comunicación. Es obvio entonces que las grabaciones clandestinas continuarán como hasta ahora, sólo que "el público en general" no podrá enterarse. Ese es el verdadero objetivo perseguido.

Pero además, el proyecto de ley equipara alegremente dos hechos incomparables. Una cosa es la violación a la privacidad de dos personas que hablan por teléfono o hacen el amor sin saber que están siendo registradas por un desconocido, anónimo y distante. Otra distinta, el ocultamiento de cámaras o grabadores por uno de los dos interlocutores de una transacción ilegal, que una vez conocida la grabación asume la responsabilidad de su acto. La primera actividad forma parte del control totalitario de las personas por el Estado o por organizaciones de extorsionadores, que aquí y ahora parecen coincidir. La segunda ha servido al periodismo, a ciudadanos honestos y también a la Justicia para desenmascarar a un número inquietante de funcionarios corruptos. Por último, para el proyecto de ley es lo mismo "vulnerar la intimidad de otro" (lo cual sólo cubre actos privados) que "descubrir sus secretos" (lo cual también incluye la comisión de delitos en la función pública). Con el noble pretexto de proteger a los ciudadanos contra la invasión de sus "acciones privadas" que "de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero" y que "están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados", como expresa el artículo 19 de la Constitución Nacional, con los actos criminales que se cometan al amparo del secreto que esta ley vergonzosa intenta preservar. Si Tato Bores viviera, ésta podría llamarse la "Ley Carnaghi", de protección a los compañeros ladrones.