Los acuerdos de Oslo no se habrían concretado si no hubiese existido la intifada, el levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza que conmovió a la opinión pública mundial entre los años 1987 y 1992. Tal es la conclusión a la que llegan varios analistas del conflicto árabe-israelí actualmente, con la perspectiva de unos pocos años que los separan de esos sucesos. El poderoso impacto que los enfrentamientos entre adolescentes palestinos arrojando piedras contra soldados israelíes armados provocó sobre la sociedad israelí puede verificarse en el cambio radical experimentado por el asesinado premier Yitzhak Rabin. Fiel exponente de la concepción "halcona" y militarista que caracteriza a una parte de la dirigencia israelí, Rabin dio un giro político-ideológico de 180 grados en el curso de 3-4 años: si en plena intifada, cuando era ministro de Defensa en el gobierno de unidad nacional Likud-laborismo, ordenó al Ejército quebrar manos y piernas de manifestantes palestinos, en 1993 le estrechaba la mano a Yasser Arafat --su cruel enemigo hasta poco tiempo atrás-- en Washington.

Desde la firma de los acuerdos de paz, la dirigencia oficial palestina optó por adoptar la vía del diálogo y las negociaciones para conseguir su meta principal: la creación de un estado propio (a diferencia de los llamados "movimientos del rechazo", como el Hamas y el Yihad Islami, que no abandonaron los métodos terroristas). Esta nueva estrategia, que prioriza el acuerdo político y se desvincula de la vía armada, le confirió a Arafat resultados nada despreciables: el Ejército israelí se retiró primeramente de la mayor parte de la franja de Gaza y de Jericó, luego de varias ciudades de Cisjordania y, finalmente, de las zonas de Hebrón no habitadas por colonos judíos. El repliegue israelí de Hebrón fue la única y la última concesión territorial cumplida por el actual gobierno de Benjamin Netanyhau. Desde entonces, principios de 1997, no ha habido nuevos logros desde el punto de vista palestino. Los principales motivos de festejos, como el principio del fin de la ocupación militar israelí y el levantamiento de un autogobierno palestino en esas zonas desocupadas, ocurrieron durante el anterior gobierno israelí liderado por los laboristas Rabin y Peres. La prolongada dilatación de las actuales negociaciones en torno de la segunda parte del retiro del Ejército israelí de Cisjordania (el "segundo pulso", como se lo llama en Israel) no hace más que aumentar el descontento del lado palestino y la creciente dificultad de su dirigencia para preservar su legitimidad y evitar un posible estallido violento en los territorios controlados por la administración dirigida por Yasser Arafat.

En los medios de ambas partes se destacan, en los últimos días, los pronósticos de una vuelta a la etapa violenta del conflicto. El diario El Kuds, que se edita en Jerusalén oriental, publicó días atrás una nota titulada "Las posibilidades de la explosión". Su autor asegura que ante "el derrumbamiento del proceso de paz el clima es propicio para una explosión, y la pregunta es cuándo sucederá". El matutino israelí Haaretz, por su parte, cita a Pinhas Wallerstein, el titular del consejo regional que abarca a los asentamientos judíos instalados en Cisjordania. "No habrá una nueva intifada --dice Wallerstein-- sino algo completamente distinto. Mi temor principal es a una nueva versión de una guerra de desgaste. Los actos de terrorismo como los atentados cometidos por suicidas o por medio de coche-bombas son terribles, pero son hechos únicos y aislados. Es decir, poco tiempo después de que suceden, la vida vuelve a su curso. Yo le temo a un ataque prolongado, a enfrentamientos armados ininterrumpidos".

Tales predicciones fatalistas contrastan con otras menos radicales de acuerdo con las cuales la dirigencia de Yasser Arafat es el factor más interesado en frenar --o por lo menos en postergar-- el eventual desencadenamiento del derramamiento de sangre. Así lo cree Rasan El-Hatib, titular del Centro Jerosolimitano para la Comunicación (JMCC), quien afirma que Arafat hace ingentes esfuerzos para no toparse con enfrentamientos violentos, dado que "los palestinos son la parte más vulnerable y la que lleva las de perder en un conflicto armado". El-Hatib amplía su explicación: "La administración israelí puede cortar en cualquier momento la comunicación vial entre las zonas palestinas e implantar el cerco de la mayoría de las ciudades y aldeas. Israel puede interrumpir con facilidad el abastecimiento de electricidad, teléfonos y agua a los palestinos y detener la transferencia de dinero y el suministro de víveres. Por otro lado, los disturbios violentos pueden salir de control y los manifestantes pueden dirigir su furor no solamente contra Israel sino también contra la administración palestina. Arafat no va a permitir un estallido de este tipo, salvo que esté claro que no hay alternativa, o sea sólo en caso de que el camino hacia un estado palestino en Gaza y Cisjordania esté totalmente bloqueado".

Las razones tácticas por las que la Autoridad Palestina está dispuesta a frenar un posible estallido de violencia se suman a un dato de la realidad material de Gaza y Cisjordania de los últimos meses, en los que se registró un relativo mejoramiento de la situación económica. Por supuesto que no se puede hablar de bienestar o de seguridad económica, pero el cuadro es menos grave de lo que era un año atrás. El motivo de este cambio positivo es que de hecho el gobierno israelí (a pesar de que no lo ha declarado oficialmente) anuló casi totalmente el cierre de Cisjordania y parcialmente el de Gaza, medida que decretó tras la última ola de atentados transcurridos en agosto de 1997. Como consecuencia del levantamiento de esa restricción, decenas de miles de palestinos pueden llegar diariamente a sus lugares de trabajo, ubicados más allá de la "línea verde" que separa al estado de Israel de los territorios que conquistó como resultado de la guerra de 1967. El empleo de esos trabajadores palestinos en determinadas ramas productivas israelíes (principalmente la construcción, la agricultura y servicios mal pagos) constituye un factor muy importante para la subsistencia de la economía palestina, y su aporte al producto bruto interno es muy significativo.

¿Es este mitigamiento de la crítica situación económica el que explica la ausencia de un anunciado estallido de violencia? Resulta imposible comprobarlo, pero algunos observadores se refieren a sucesos recientes como síntomas de esa relación que intentan demostrar. El periodista Dany Rubinstein, especialista en asuntos árabes del diario Haaretz, sostiene que, a pesar de que en ellas hubo alrededor de cinco muertos y de 70 heridos, las manifestaciones callejeras con las que los palestinos conmemoraron la Nakbah (tragedia) de la que fueron víctimas en la guerra de 1948, sus dimensiones fueron muy pequeñas en relación con las cifras pronosticadas por la Autoridad Palestina. Los enfrentamientos violentos durante esa jornada tuvieron carácter local, reducido y se produjeron "debido a que varios policías palestinos de bajo rango no supieron cuidar el orden". Según Rubinstein, "el estallido popular de los palestinos en los territorios, al estilo de la intifada, no se produce, por lo menos hasta ahora".

Yasser Arafat no logró extender el territorio de la Autonomía Palestina ni un centímetro desde el acuerdo sobre Hebrón, ni obtener el permiso para la apertura de un aeropuerto en el sur de la franja de Gaza, ni inaugurar el tránsito libre entre Gaza y Cisjordania, ni liberar palestinos aún detenidos en cárceles israelíes. A pesar de todo ello, los dirigentes cercanos al líder septuagenario declaran que sus últimos logros políticos pueden medirse sobre la base del amplio apoyo con el que hoy cuenta por parte del mundo árabe, cuyos representantes se alinean a su lado en el conjunto esfuerzo por aislar a Israel. Y sobre la base del reconocimiento y la solidaridad que despierta en Europa y Estados Unidos (la Comunidad Europea acaba de recomendar el boicot a los productos israelíes oriundos de los asentamientos judíos en Gaza y Cisjordania, en tanto que Madeleine Allbright no cede en el reclamo norteamericano de que Israel se retire de un 13 por ciento del territorio destinado a la Autonomía Palestina).

VIOLENTA FRACTURA ENTRE LAICOS Y RELIGIOSOS

LA GUERRA ES TAMBIÉN ENTRE JUDÍOS

Los gritos de "Jomeini" y "judío primitivo", que un grupo de artistas le espetaron al ministro de Cultura un día después del censurado acto con que el Estado festejó sus 50 años, son sólo una muestra de la serie de enfrentamientos entre israelíes laicos preocupados por los ataques a la libertad de expresión y grupos religiosos que presionan a favor de la censura en nombre de la pureza del judaísmo. Una vez más crecen los temores de que la mezcla entre política y religión alcance la dosis explosiva.

Aún no han cesado los ecos y las reacciones que despertó el levantamiento del número artístico que el grupo de danza Batsheva tenía que representar en el acto central en el que se conmemoró el 50º aniversario del estado de Israel. Por el contrario, la ola de protestas aumentó considerablemente después de que ninguno de los responsables de "Las campanas del Jubileo", nombre bajo el que se llevó a cabo el festejo oficial del Día de la Independencia, desmintiera que el programa oficial fue cambiado a causa de las presiones ejercidas por grupos religiosos ortodoxos, para quienes la aparición en público de bailarines con su cuerpo parcialmente descubierto constituye una afrenta a las leyes religiosas que deberían regular la vida pública en el estado judío. Las airadas reacciones contra este ataque a la libertad de expresión fueron múltiples y movilizaron a un muy amplio espectro del mayoritario público laico e incluso a sectores religiosos no ortodoxos, pero a pesar de ello los datos de la realidad indican que la coerción religiosa ha avanzado en los últimos años.

Por esos días hubo dos temas recurrentes en los medios israelíes: el anuncio de un nuevo partido liderado por el intendente de Tel-Aviv, Roni Milo, quien creó con este paso una nueva escisión del partido de gobierno Likud, y la reavivada "guerra cultural" entre laicos y religiosos. A este último conflicto se le sumó un aspecto que uno de los bandos en pugna podría catalogar de "providencial". Es que precisamente esa misma semana la contralora del estado, Miriam Ben-Porat, dio a conocer su informe anual, de cuyas conclusiones surgen como tema central las irregularidades en el otorgamiento de subvenciones públicas a los grupos ultrarreligiosos y sus redes sociales y educativas. La funcionaria, conocida por su independencia de criterio e invulnerabilidad ante presiones partidarias, concluye su pormenorizada y extensa investigación con la determinación de que durante 1997 los partidos religiosos fueron retribuidos con beneficios extras en relación con otros sectores de la población. Una bomba.