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Por Cledis Candelaresi
Las empresas norteamericanas tampoco parecen seducidas por la rebaja del 10 por ciento en los aportes patronales --anzuelo con el que Roque Fernández aspira a conquistar el aval patronal a su propuesta--, en principio, porque la ven como una promesa vaga. "Mientras todos los impuestos que se crean o aumentan tienen prevista una fecha determinada de vigencia, la rebaja de aportes patronales queda subordinada a una decisión posterior del Poder Ejecutivo", sostiene aquel texto en su introducción. Pero lejos de ser el principal desvelo norteamericano, esa reducción es casi una moneda de cambio que los empresarios pretenden utilizar para evitar, por ejemplo, una suba en los impuestos internos. "Prefieren continuar pagando los aportes actuales antes que se suban los gravámenes sobre las gaseosas", asegura Lamberto, uno de los legisladores que debatió cara a cara el contenido del proyecto de ley con todos los grupos empresarios interesados en la reforma. La explicación de este criterio es clara: las empresas ya tienen sus costos estimados en base al actual nivel de contribuciones patronales, pero no saben cuánto pueden caer sus ventas si suben los precios por una mayor alícuota de internos. Las firmas norteamericanas interpretan que la propuesta oficial de subir las alícuotas y extender internos sobre productos no gravados "lleva, en muchos casos, la presión fiscal a niveles intolerables (...) que pueden producir un efecto inverso al buscado con una reducción de esos consumos" y, por lo tanto, de la recaudación esperada. "Constituye un incentivo adicional al contrabando y conlleva evasión", remata el título tercero del documento. Tampoco ven con buenos ojos la generalización del IVA que, "en algunos casos, podría producir incrementos en el costo de servicios esenciales, que perjudicarían a los sectores medios y bajos de la sociedad (...). En este sentido, se consideraría discriminatorio que se alcance a los servicios de cable y no se grave a las exhibiciones de películas cinematográficas", sostiene el documento. La eliminación de exenciones al Impuesto a las Ganancias es otro de los cambios planeados que la cámara empresaria objeta duramente. Extenderlo a los intereses sobre créditos obtenidos en el exterior "aumentará el costo de las nuevas inversiones"; abarcar con él casi todas las reestructuraciones empresarias, aseguran, "afecta la reconversión de varios sectores de la economía", y gravar la distribución de utilidades de empresas promocionadas, que hoy no tributan, "afectará la seguridad jurídica de los potenciales inversores argentinos y extranjero", afirman. Justamente, una de las advertencias reiteradas en varios pasajes del documento está referida a "los cambios en las reglas de juego" que impondría la reforma tributaria, cuya consecuencia es el posible desaliento de las inversiones. En esa categoría se encuadraría la decisión de gravar con Ganancias las deudas empresarias. "Es otro ejemplo de inseguridad jurídica", sentencia el texto. La cámara estadounidense también objeta los retoques sobre normas que regulan la relación entre casas matrices y sus subsidiarias. No ve bien que se grave con el 35 por ciento de Ganancias a los intereses sobre créditos tomados en el exterior, incluyendo al auxilio financiero que se otorgan empresas que pertenecen a un mismo conjunto económico. Tampoco le simpatiza que las transacciones entre ellas no puedan hacerse libremente, sino que tengan que estar basadas en "precios de referencia". Estos y otros tantos cuestionamientos detallados en el papel que la entidad giró al Congreso pueden caer en terreno fértil. No sólo por el probado poder de lobby que tienen las firmas norteamericanas, sino porque los propios legisladores tienen grandes dificultades para aunar posiciones, especialmente sobre el posible aumento de impuestos internos, gravamen que tiene impacto directo sobre varias economías regionales.
MENEM, UN ARGENTINO DURO EN NUEVA YORK
Menem llegó ayer a Nueva York y se tomó el día libre para pasear con su hija Zulemita y practicar tenis y golf, sus deportes favoritos. Por la noche regresó al hotel para ajustar el discurso que ofrecerá en la mañana hoy, y que hace hincapié en tres puntos: * Que no se ponga sólo el acento en los países productores de droga sino también en los consumidores y los de tránsito. * Que haya un "equilibrio" entre el control de la oferta y los intentos de reducir la demanda de la droga. * Que se disponga de un mayor control de los precursores químicos, en alusión a las sustancias que se utilizan para la producción de la droga. Horas antes de su presentación el Presidente aprovechará para reunirse con Timothy Hass, el titular de Coca Cola, una de las empresas que encabezó el rechazo a la reforma impositiva que impulsa Roque Fernández en el Congreso (ver página 3). Menem acudirá a la sede del organismo internacional para escuchar los discursos inaugurales del secretario general, Koffi Annan, y del presidente de los Estados Unidos, William Clinton. La tribuna será ocupada por el representante argentino hacia el mediodía. Detrás de él se sentarán el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo; el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan; el vicecanciller, Andrés Cisneros; y el secretario de Lucha contra la Droga, Eduardo Amadeo. El Presidente realizará algunos paréntesis en la sesión de la ONU para dialogar con sus pares de Costa Rica y Kirguizistán, Miguel Rodríguez y Kubannychbek Jumaliev. También intentará hablar con su amigo peruano Alberto Fujimori. En Naciones Unidas se aguarda que este vigésimo período extraordinario sirva para aprobar sin modificaciones el documento elaborado por representantes de 130 gobiernos, en marzo pasado, en Viena. El trabajo fija un plazo hasta el año 2003 para aplicar políticas destinadas a reducir la demanda de estupefacientes y hasta el 2008 para los sistemas alternativos de producción en los campos en los que se cultiva coca. La delegación argentina partirá esta noche hacia París, donde asistirá a la ceremonia y al partido inaugural del Mundial de Fútbol, entre Brasil y Escocia, en el flamante estadio Saint Dennis. Su regreso a la Argentina está previsto para el miércoles por la noche.
Por Eduardo Videla
"Persistir en las actuales políticas se va a traducir solamente en un mayor abuso de las drogas, mayor fortalecimiento del narcotráfico y de los criminales que lo controlan, más enfermedad y sufrimiento", advierte el documento, que será presentado durante la sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza hoy en Nueva York. El texto fue impulsado por el Lindesmith Center y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). El Lindesmith Center es un instituto de investigación sobre políticas antinarcóticas, con sede en Nueva York, y el WOLA es una ONG destinada a promover los derechos humanos y la paz en América latina. El escrito, firmado por más de mil personalidades de todo el mundo, cuestiona las políticas impulsadas en los últimos años desde las Naciones Unidas, enfocadas "hacia la criminalización y penalización, que restringen las capacidades de cada nación para idear soluciones efectivas a los problemas locales de drogas". Según el documento, las medidas punitivas de control y las estrategias más severas no han dado resultados: según la propia ONU, "el ingreso anual generado por la industria ilegal de las drogas es de 400 billones de dólares, lo que equivale al 8 por ciento del comercio internacional". "Esta industria ha fortalecido organizaciones criminales, corrompido gobiernos a todos los niveles, desgastado la seguridad interna, estimulado la violencia y deformado los valores morales de la sociedad. Esto es consecuencia no sólo del uso de drogas sino de décadas de implementación de políticas erróneas e inútiles", sostiene el informe. El texto advierte que "con frecuencia, los que promueven un debate abierto y la consideración seria de otras alternativas son acusados de haberse rendido". "Pero la verdadera rendición --afirma-- viene cuando el miedo y la inercia cierran el debate y suprimen el análisis crítico". El documento está firmado, además, por los ex presidentes de Colombia, Belisario Betancur; de Nicaragua, Violeta Chamorro; de Bolivia, Lydia Gueiler; de Costa Rica, el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias. También suscriben el ex titular de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, los escritores Ariel Dorfman y Gunter Grass, el Premio Nobel de Literatura Dario Fo y el ministro griego George Papandreu. Pérez Esquivel dijo a Página/12 que "el combate contra la droga no se va a lograr sólo con políticas de represión, sino poniendo el acento en la prevención". "La droga existe porque tiene un mercado --sostuvo--, porque muchos jóvenes pierden el sentido de la vida, por falta de educación y trabajo". Cuestionó a los Estados Unidos que "se ha embarcado en una guerra contra la droga fuera de su frontera, sin tener en cuenta que el problema lo tiene dentro de su sociedad". Sin embargo, Pérez Esquivel expresó sus reservas respecto de una eventual despenalización de la droga. "Los traficantes de la muerte deben ser penalizados con todo el rigor, pero no la gente que es consumidora, porque está padeciendo una enfermedad y necesita tratamiento, no castigo", aseguró.
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Mientras el presidente Carlos
Menem transita las calles de Nueva York buscando nuevas formas de estrechar vínculos con
la Administración Clinton, en Buenos Aires las empresas estadounidenses le dieron un
golpe mortal a la reforma impositiva que su equipo económico impulsa en el Congreso. En
un prolijo documento enviado al jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
Diputados, Oscar Lamberto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina
(Amcham, sus siglas en inglés) cuestionó uno a uno los puntos de la propuesta oficial
que, a su juicio, "genera inseguridad jurídica", "desalienta las
inversiones" y hasta "incentiva el contrabando". La fuerte embestida contra
la reforma tributaria de los empresarios norteamericanos contraría su política de gestos
cordiales hacia el Gobierno, pero habla a las claras de los límites que enfrenta el
menemismo para alinear al empresariado, especialmente en este último año y medio que le
queda de gestión. Entre los aspectos más urticantes para las firmas de origen
estadounidense está la suba de impuestos internos sobre productos que fabrican sus
empresas, como Pepsi y Coca Cola, la extensión del IVA a la televisión por cable,
negocio en el que incursionan el CEI (con fuerte participación de fondos estadounidenses)
y TCI, o gravámenes a los combustibles que afectarían a los intereses de Esso, Ford y
General Motors.
