Página/12

A las tres de la tarde, los periodistas y fotógrafos se reunieron ayer en el tercer piso, donde se realizaban las reuniones bilaterales, esperando que Carlos Menem y Thomas Mc Larty, hombre de confianza de Bill Clinton en lo que a asuntos latinoamericanos se refiere, hiciesen su aparición después de un encuentro programado. A las tres y diez algo pasadas, las puertas se abrieron y el presidente Menem avanzó flanqueado por Alberto Kohan, Raúl Granillo Ocampo y los agentes de seguridad. El Presidente lucía una sonrisa algo indescifrable. Los fotógrafos comenzaron a hacer su tarea. "¿Donde está Mc Larty? ¿Se hizo la reunión?", preguntó uno de ellos. Menem acentuó la sonrisa: "Todo bien, todo bien", dijo en forma también indescifrable. Posó junto a un logo de Naciones Unidas, hizo un chiste referido a River, equipo de sus amores, y desapareció en el ascensor siempre diligentemente escoltado por el secretario de la Presidencia y el ministro de Justicia. Hubo miradas de desconcierto. ¿Se había hecho o no la reunión?

Minutos más tarde, Página/12 se tropezó en una de las entradas del enorme edificio de la calle Primera con el embajador Diego Guelar, que llegaba corriendo agitado y revoleando el bastón que porta últimamente. "Hay un tráfico horrible. Recién llegó y Mc Larty también. Le pasó lo mismo que a mí. Se demoro por el tráfico", comentó. Menem ya se había ido, fue informado. "Ah, ¡qué pena! Es que con todas las calles cortadas y el tráfico pesadísimo, este tipo de cosas pasan", explicó tratando de conformarse también a sí mismo. Quedó en claro entonces que el único que había desairado a Menem era el endemoniado tráfico neoyorquino.

Posteriormente, en rueda de prensa, Alberto Kohan relativizó el incidente. ¿La reunión con Mc Larty? "Posiblemente se hará esta tarde a última hora. Es una reunión puramente protocolar. Mc Larty se está yendo de su puesto", puntualizó el secretario de la Presidencia con tono de voz uniforme y recitativo. Kohan prefirió destacar el encuentro informal con Bill Clinton en el recinto donde los líderes que participaban del encuentro esperaban su turno para hablar frente a la Asamblea. "Hubo contactos con el presidente Clinton", indicó Kohan sin abundar. A última hora de la tarde, trascendió que finalmente Mc Larty y Menem habían tenido oportunidad de saludarse en el hotel Waldorf Astoria.

Pero a pesar del desencanto pasajero ocasionado por un día de tráfico pesado, la jornada de Carlos Menem fue positiva. A la mañana, ante los representantes de unos 150 países, ofreció un discurso bien estructurado, similar en varios puntos al de Estados Unidos. También tuvo reuniones bilaterales con los presidentes Alberto Fujimori, de Perú; Miguel Angel Rodríguez, de Costa Rica; Fabián Alarcón, de Ecuador; el primer ministro de Kirguizistán, Sisavath Keobounphanh, y Timothy Haas, presidente de Coca Cola para América latina.

En el discurso, Menem subrayó la necesidad de "acordar una óptica de responsabilidad compartida terminando con las dicotomías que algunas veces fundamentaron estériles divisiones entre los países". Instó a promover un equilibrio "entre el control de la oferta y reducción de la demanda" de narcóticos. Y señaló como motivo de preocupación el de los delitos conexos, especialmente "el control de precursores químicos, con la industria involucrada en su producción y comercio".

La condena al lavado de dinero también fue explícita. El Presidente señaló la importancia de "desarrollar cooperación jurídica para lograr que no existan santuarios para los delincuentes y controlar el lavado de dinero para impedir que los narcotraficantes y los corruptos puedan blanquear aquellos ingresos mal habidos". En esa línea, propuso "considerar la posibilidad de internacionalizar el juzgamiento del delito del narcotráfico". Idea ésta que luego fue ampliada por Kohan en la reunión con los periodistas. "Podría crearse un tribunal como el de La Haya", comentó el secretario general de la Presidencia.

Con Fujimori y Alarcón, Menem intercambió ideas acerca del conflicto limítrofe entre los dos países andinos. La Argentina es uno de los países garantes implicados en la búsqueda de una solución del litigio. Frente a ambos mandatarios, el argentino insistió en la necesidad de que se realice un encuentro de cancilleres de las partes involucradas y de los países que son garantes.

El Mercosur, la exportación de carne argentina a Costa Rica y la frecuencia aérea de Lacsa, la aerolínea costarricense, fueron los temas tratados con el presidente Miguel Angel Rodríguez, de Costa Rica. Kohan señaló que el país centroamericano había solicitado asesoramiento en materia de reforma del Estado y privatizaciones. "Ellos están por empezar la reforma e indicaron que les gustaría tener más conocimiento de lo que hicimos nosotros", dijo.

Timothy Haas, quien se reunió con Menem a primera hora de la mañana, conversó con el presidente sobre el plan de inversiones de Coca Cola establecido hasta el año 2000. Coca Cola ya lleva invertidos 400 millones de dólares y tiene como meta invertir en total mil millones para la fecha programada, dentro de dos años. Elegantemente, nadie dijo nada en público de la noticia que el domingo le amargó al Presidente las primeras horas en Nueva York. Coca Cola fue una de los principales impulsores de la presión de las empresas norteamericanas sobre el Congreso argentino para que no apruebe la reforma impositiva diseñada por Roque Fernández. La dulzura, se sabe, está reñida con cualquier aumento de impuestos.

Menem aprovechó para reunirse con el presidente Fujimori.
Intercambió ideas sobre el conflicto de Perú con Ecuador.

"Esta oportunidad está perdida de antemano", dicen dos prestigiosas organizaciones no gubernamentales acerca de la reunión de las Naciones Unidas sobre drogas y narcotráfico. Y no lo dicen porque estén bajoneadas, porque necesiten algún estímulo para un día difícil, sino porque la política que se impulsa en esta reunión --cortar la producción en los países de origen-- "ya fracasó: cada vez hay más y más baratas drogas ilegales". Ese fracaso costó miles de millones de dólares que, para colmo, fueron a fortalecer a "los peores violadores de los derechos humanos". Según estas entidades (que, como informó ayer este diario, impulsaron una carta firmada por mil personalidades diciendo que "la guerra contra la droga causa más daño que el abuso de drogas"), los organizadores de la reunión de la ONU se negaron a escuchar a los expertos independientes, ya que "la tragedia de la política internacional de las drogas es que está manejada por políticos de Estados Unidos". En cuanto a la auténtica solución, se dibujan dos propuestas, no contradictorias: a) que Estados Unidos mire de frente su propio problema de abuso de drogas, en vez de centrarse en frenar la producción en otros países; b) legalizar las sustancias ahora prohibidas.

"Si las políticas de erradicación e interdicción funcionaran, las drogas serían ahora carísimas", razona el Lindesmith Center, instituto de investigación sobre políticas antinarcóticas, y observa que, según datos de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), el precio de la cocaína bajó más de un 50 por ciento desde 1983. Los cultivos de coca se duplicaron desde 1985, y ya superan las 225.000 hectáreas.

"La `guerra contra las drogas' fracasó --explicó a Página/12 Coletta Youngers, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entidad promotora de los derechos humanos-- porque quiso desafiar la lógica de la economía: cuando tuvieron algún éxito en reducir la oferta, los precios subieron, lo cual atrajo al mercado a nuevos productores y distribuidores, que volvieron a hacer subir la oferta: ahora hay más drogas ilegales, son más baratas y más fáciles de conseguir."

El principal destino de la ayuda antinarcótica norteamericana es Colombia, que recibió ya mil millones de dólares y que en los últimos diez años triplicó su producción de coca; ese país, que hace cuatro años no producía heroína, es hoy el cuarto productor mundial, y el tercer cultivador de amapola. Para colmo, "en nombre de la guerra contra las drogas en Perú y Colombia, Estados Unidos y otros gobiernos dan asistencia a militares y servicios de inteligencia considerados los peores violadores de los derechos humanos del Hemisferio --destaca WOLA--; en Bolivia los esfuerzos de erradicación de coca desencadenaron una amplia protesta social y conflictos con un saldo de ocho muertos sólo en este año".

Ethan Nadelmann, director del Centro Lindesmith, observó que la prohibición "limita la diversidad del producto, favoreciendo las presentaciones más potentes y fáciles de contrabandear": las más peligrosas. El Centro Lindesmith "apoya los esfuerzos en Bolivia y Perú para legalizar la exportación de base de coca y otros productos con pequeñas cantidades de cocaína", ya que "la inclusión de la coca en los convenios internacionales de prohibición de drogas fue desacreditada como testimonio de mala ciencia y de prejuicio cultural: en Sudamérica la coca es una planta de larga y honorable historia".

Según Coletta Youngers, la ONU, orientada por Estados Unidos, "no permitió que una comisión de expertos independientes evaluara las políticas, y negó participación a las organizaciones no gubernamentales: es que muchos políticos de Estados Unidos se niegan a analizar el problema del abuso de drogas en su país y le echan la culpa a los países extranjeros. La tragedia de la política internacional de las drogas es que está manejada por políticos domésticos de Estados Unidos".

Despenalizar por consenso

Por P.L.

"Hay que despenalizar las sustancias hoy ilegales", dijo a este diario el filósofo español Fernando Savater, uno de los mil firmantes de la carta que critica la llamada guerra a las drogas. La despenalización iría acompañada por "información sobre uso y abuso, en términos de la libertad de las personas" y "requeriría consenso internacional, no podría darse en un solo país".

--¿Pueden las Naciones Unidas resolver el problema? --preguntó Página/12.

--Podría resolverlo una ONU donde no hubiera miles de funcionarios que viven de perseguir la droga y necesitan conservar su trabajo --contestó Savater.

El peruano Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas y firmante de la carta, dijo a este diario que "quisiera ver en los países consumidores, como Estados Unidos, un esfuerzo por reducir el consumo, pero hay intereses que lo obstaculizan. En cambio, a la ONU le resulta más fácil incidir en los países productores, más pobres y débiles".

Los empresarios le aguaron nuevamente a Carlos Menem su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas. Primero fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que disparó munición gruesa contra la reforma tributaria. Ayer, mientras el jefe de Estado convocaba a las naciones a luchar juntas contra el narcotráfico, la Asociación de Bancos de la República Argentina (ADEBA) daba a conocer un informe denostando el proyecto oficial que penaliza el lavado de dinero.

"No nos oponemos a una ley sobre este tema, pero queremos una ley que efectivamente pueda aplicarse", destaca el documento de Adeba, al que tuvo acceso Página/12. El principal cuestionamiento de los banqueros a la iniciativa que impulsa el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Eduardo Amadeo, es a la condena que contempla para ellos. El proyecto establece que los bancos, financieras, casas de cambio, empresas que exploten juegos de azar, mercado de valores, escribanos y despachantes de aduana, entre otros, deberán informar cada vez que reciban "operaciones sospechosas" de sus clientes. Esto es, cuando les propongan negocios que "presenten una magnitud o complejidad inusitadas, o que no sean habituales". La norma establece sanciones de uno a cuatro años de cárcel para quien, "a sabiendas, o debiendo saber, administre o use dinero procedente del narcotráfico" o de otras actividades ilícitas. Además, impone multas de 10 a 50 veces el monto de la operación sospechada. "Tal como está descripta, la obligación de informar es inadmisible, pues se coloca en cabeza de las entidades en general, sin individualizar personas físicas responsables. Por lo tanto, puede recaer sobre un operario de télex o un cajero", subraya el documento de Adeba.

En tanto, considera que la multa "resulta absolutamente desproporcionada" y que "no existen antecedentes similares en la legislación internacional". El informe indica que la única opción para los bancos sería "denunciar como sospechosa toda transacción en la que intervengan", lo cual, además de imposible, "viola los principios de legalidad y reserva, deviniendo inconstitucional". Adeba planteará su queja esta semana ante el presidente del Central, Pedro Pou, y ante Roque Fernández.