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En diálogo con Página/12, el secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma volvió a negar que el proyecto implique "un cercenamiento de la libertad de expresión". Pero abogados consultados por Página/12 señalaron que "es peligroso aplicar sanciones o penas a un medio o un comunicador que sin fines delictivos difunda el contenido de una casete o un video". Por su parte, el director de Noticias de Canal 9, Eduardo Cura, ex jefe del equipo Telenoche Investiga que utilizaba el recurso de las cámaras ocultas para poner al descubierto diversos casos de corrupción, consideró que los términos "grabare o reprodujere","son sólo un juego de palabras". Agregó que es "el interés público el que debe motivar el interés periodístico, ya que el contrato del periodista es con la opinión pública. El periodista no es un auxiliar de la autoridad judicial". El ex convencional constituyente por el justicialismo, Alberto García Lema defendió el proyecto del oficialismo aunque dijo estar de acuerdo con la "intención de no afectar la libertad de expresión. Por esa razón hay que circunscribirlo a los que ingresan ilícitamente a una vivienda para colocar micrófonos o cámaras y violan la intimidad". Según García Lema, la postura del oficialismo "no afecta la reserva de las fuentes", en contraposición con lo que señalaron letrados consultados ayer por Página/12, para quienes el proyecto le concedía la posibilidad a un procesado de "solicitarle a la Justicia que le exija al periodista que revele sus fuentes". El ex procurador general de la Nación Aldo Montesano Rebón consideró que "hay que tener mucho cuidado con sanciones de este tipo que afecten la libertad de investigación de un periodista". Montesano Rebón dijo que "debemos tener cuidado de que la ley termine evitando que el periodismo pueda investigar a un político corrupto, más que impedir que alguien espíe lo que hace el vecino". En otros sectores del oficialismo recurren a la figura del dueño de un clausurado prostíbulo, de quien se dice tendría en su poder videos comprometedores en los que aparecen jueces, políticos y periodistas. Esta situación es tomada como el caso testigo sobre el cual hubiera caído la sanción que se pretende tipificar en el proyecto, si hubiera violado la intimidad de personas para extorsionarlas. Para Toma, "hay mucha tela para cortar y la palabra final la tendrán los legisladores".
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El Gobierno insiste en que su proyecto de penalizar las escuchas telefónicas y la
obtención ilícita de videos, que ingresará hoy al Parlamento, no constituye una
violación a la libertad de prensa. Pero por la ambigüedad de los términos utilizados en
el artículo donde se prevé la aplicación de una pena de un mes a dos años de prisión
al que "grabare o reprodujere imágenes o sonidos", violando la intimidad de
otra persona, periodistas y juristas manifestaron sus dudas y alertaron acerca de la
posibilidad de una nueva avanzada del oficialismo sobre los medios.