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LAS NANAS DE LA REFORMA TRIBUTARIA
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Por Cledis Candelaresi
La visita de la UIA a la Comisión es la última etapa --y la más significativa-- de una serie de encuentros que ya tuvieron los directivos fabriles con todos los bloques para explicar que no es conveniente generalizar el IVA, gravar los créditos y activos, ni eliminar las exenciones de Ganancias ni concretar ninguno de los otros cambios proyectados. A semejanza de otras entidades patronales, la entidad que preside Claudio Sebastiani prefiere resignar la prometida rebaja de aportes, con tal que no se suba la presión fiscal. Un planteo similar formuló por escrito la Cámara que representa a las poderosas firmas norteamericanas radicadas en el país. En un paper elevado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, esa entidad detalló sus críticas a cada uno de los puntos de la reforma impositiva, poniendo en duda las supuestas ventajas derivadas de una posible rebaja de contribuciones patronales. "Queda supeditada a una decisión del Poder Ejecutivo", advierte el aludido documento, el mismo en el que las firmas estadounidenses alertan sobre la "inseguridad jurídica" que generarán los cambios en las reglas de juego tributarias. La UIA y la Cámara de Comercio estadounidense se oponen a toda la reforma en bloque. El resto de las organizaciones empresarias que se acercaron al Congreso --la semana pasada acabó una ronda de consultas-- cuestionaron puntos determinados del proyecto de ley, ligados a sus intereses específicos. Esta presión sobre los diputados amenaza con ahondar las diferencias de criterio que existen entre los legisladores, incluso, los del bloque oficialista. Para el justicialismo parlamentario la reforma es "conceptualmente buena", porque, supuestamente, "cambia el eje de tributación, gravando a los más ricos", a decir de Oscar Lamberto. Según el titular de la Comisión de Presupuesto, existe una prueba irrefutable de que el proyecto es progresivo (que grava a los que más tienen): que la oposición empresaria hasta ahora provino de los grandes grupos y no de las empresas chicas. Sin embargo, hay por lo menos dos temas que fracturan a la bancada oficial, casi tanto como a los partidos de la oposición. Uno es la proyectada suba de impuestos internos, a la que se oponen los representantes de las provincias frutihortícolas y tabacaleras, por el impacto que este incremento tendría en sus economías. Otro, es cómo se prorrateará la futura recaudación de impuestos. Si el Parlamento aprobara la reforma tal cual la envió Economía, y la prometida rebaja de aportes patronales se concretara, el sistema previsional (es decir, la Nación) perdería recursos, al tiempo que crecerían los fondos coparticipables, de los que las provincias capturan casi la mitad. Para compensar esa eventual pérdida de recursos para la Nación, Fernández comenzó a entrevistarse con los gobernadores para testear si estarían dispuestos a resignar a favor del poder central aunque sea parte de aquellos futuros ingresos. El ministro sostiene que hasta ahora no le fue mal, impresión que no comparten los parlamentarios del PJ. Los legisladores, en gran medida resortes de sus respectivos gobiernos, ponen en duda un acuerdo semejante. No sólo porque es difícil que las provincias sacrifiquen recaudación, sino porque un arreglo de este tipo requeriría un nuevo pacto fiscal o una nueva ley de coparticipación. Proyecto éste, más difícil de consensuar que el de la propia reforma fiscal.
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La Unión Industrial Argentina
planteará formalmente mañana su oposición a la reforma tributaria ante la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de Diputados, sugiriendo al Congreso no analizar ningún cambio
impositivo hasta después de las elecciones presidenciales. La UIA presionará sobre los
legisladores en el mismo sentido y con similar ímpetu que la Cámara de Comercio de
Estados Unidos en la Argentina, cuyas devastadoras críticas al proyecto de Roque
Fernández quedaron plasmadas en un duro documento del que Página/12 dio cuenta en
su edición de ayer. Pero la oposición patronal es sólo uno de los escollos que deberá
vencer la iniciativa: Economía también tiene que cerrar un difícil acuerdo con las
provincias sobre cómo se repartirán los recursos adicionales que pueda proporcionar la
reforma.