DETUVIERON AL EX DICTADOR POR LA SUSTRACCIÓN DE CINCO MENORES. EL JUEZ FEDERAL ROBERTO MARQUEVICH DISPUSO SU ALOJAMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA FEDERAL EN SAN ISIDRO.
VIDELA ES MUNDIAL

El ex dictador Jorge Videla, quien no ofreció resistencia, fue detenido ayer por la Policía Federal y puesto a disposición del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, quien ordenó su captura como autor mediato de los delitos de sustracción, de cinco menores, supresión de sus estados civiles y falsificación de sus documentos de identidad. El concurso real de los delitos redundaría en una pena mínima de tres años de prisión y una máxima de entre quince y veinte. Videla, condenado en 1985 a prisión perpetua por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios por la Cámara Federal de la Capital fue indultado en 1990 por el presidente Carlos Menem, quien ayer se enteró en Francia de que la Argentina volvió a ser noticia mundial. La Policía Federal cumplió la orden de Marquevich poco después de las 18.45 en el domicilio de Videla en Cabildo 639, en el barrio de Belgrano, desde donde lo trasladó en un Peugeot 504 blanco a dependencias de su Delegación Regional en San Isidro. El corte de la avenida Cabildo, dispuesto por la comisaría 31ª creó una aglomeración de gente frente al domicilio del destituido ex dictador. Al salir acompañado por los cinco policías que penetraron al edificio, Videla, peinado a la gomina, se tapó la cara para impedir que le tomaran fotografías.

Marquevich se propone tomar declaración indagatoria al ex militar hoy o mañana. La causa, por la que está detenido en Paraguay el mayor médico del Ejército Norberto Bianco, quien durante la dictadura se desempeñó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, se tramita según el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, según el cual Marquevich tiene a su cargo la instrucción pero también el plenario, hasta el dictado de la sentencia, que podrá ser apelada ante la Cámara Federal. Los defensores oficial y de confianza de Videla, Carlos Alberto Tavares y Alberto Rodríguez Varela (que fueron respectivamente su defensor oficial en la causa de 1985 y su ministro de Justicia durante la dictadura) se presentaron anoche en el juzgado pero no pudieron enterarse del contenido de las actuaciones, por el secreto impuesto al sumario.

Marquevich apeló a la misma construcción jurídica por la que Videla ya había sido condenado en 1985: la doctrina de la autoría mediata de los delitos, durante su desempeño como comandante en jefe del Ejército. El juez tuvo en cuenta cuatro causas de la jurisdicción de San Isidro en la que cinco niños fueron separados en forma violenta de sus padres y entregados a militares o personal de las fuerzas de inseguridad, que los inscribieron falsamente como propios. En cada una de esas causas, además, fueron procesados o condenados los autores inmediatos del delito, pero la reiteración del modus operandi compromete también a la autoridad superior de quiénes dependían. El artículo 146 del Código Penal castiga con reclusión o prisión de 3 a 10 años a quien "sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y a quien lo retuviere u ocultare". El 138, pena con prisión de seis meses a dos años a quien "alterare o suprimiere el estado civil de otro". El 292, de 3 a 8 años la falsificación de documento de identidad.

La ley de obediencia debida, de 1986, perdonó todos los delitos cometidos por órdenes superiores, salvo los de sustracción de menores. Esto permitió que avanzaran diversas causas en todo el país. Cuando cuatro de ellas indicaron la misma pauta de comportamiento en la jurisdicción de San Isidro, Marquevich ordenó la detención de Videla, quien no había sido alcanzado por la ley de obediencia debida, ya que no recibió sino impartió las órdenes de la guerra sucia. El indulto que lo rescató de la ex prisión militar de Magdalena perdonó los delitos por los que había sido condenado, pero no aquellos de los que aún no había sido hecho responsable.

Estas son las cuatro causas que tomó en consideración Marquevich para ordenar la detención del ex dictador:

* María Zaffaroni Islas, es una niña uruguaya cuyos padres desaparecieron en el campo clandestino de concentración Automotores Orletti, que dependía del Cuerpo de Ejército I. Con un certificado falso de nacimiento el agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado Héctor Furci y su esposa Adriana María González la inscribieron como propia. Marquevich los condenó a cinco y tres años de prisión respectivamente.

* El también uruguayo Carlos Rodolfo D'Elía, fue anotado como hijo propio por el teniente de navío (R) de la Armada Carlos de Luccía y su esposa Martha Leiro, con un certificado de nacimiento firmado en 1978 por el médico policial Jorge Alberto Bergés. El marino murió antes que concluyera la causa, pero el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Isidro condenó a la mujer a tres años de prisión por retención y ocultamiento del chico, cuya identidad se ordenó restituir. Durante la instrucción de la causa, Marquevich había ordenado también el procesamiento y detención de Bergés, pero como en su caso sólo se le recriminó la falsificación del documento, quedó en libertad por prescripción de la acción penal. Aunque el apropiador era un oficial de la marina de guerra, sus padres, César D'Elía Pallares y Yolanda Casco estuvieron en un campo clandestino de concentración que dependía del Ejército: el Comando de Operaciones Tácticas de Martínez (COT) y la mujer dio a luz en el denominado Pozo de Banfield.

* El oficial del Ejército Hernán Antonio Tetzlaff y su esposa María del Carmen Eduartes inscribieron como propia a una criatura a quien llamaron María Sol, quien hoy es mayor de edad. Los estudios genéticos ordenados por Marquevich indican que no es hija de la pareja. Aunque en este caso no se determinó todavía cómo la obtuvieron. Durante su desempeño en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, el teniente coronel Tetzlaff fue jefe del Area de Seguridad San Isidro y se presume que la niña es otra de las nacidas en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

* El mayor médico del Ejército Norberto Bianco y su esposa Nilda Wehrli están bajo arresto domiciliario en Asunción del Paraguay, por la inscripción como hijos propios de los jóvenes Carolina y Pablo Hernán. Bianco, quien actuó en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura, está mencionado en los legajos 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525 y 6372 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Denunciados por las Abuelas de Plaza de Mayo, los Bianco huyeron del país en 1986 y se refugiaron en Asunción para eludir los análisis genéticos. Los dos chicos son ya mayores de edad, se casaron y tienen hijos en Paraguay. La Corte Suprema paraguaya concedió la extradición de Bianco y su esposa hace diez años, junto con la del comisario Samuel Miara. Pero mientras la última se cumplió, la de los Bianco sigue en suspenso. Su régimen de detención domiciliaria es lo suficientemente flexible como para que Bianco pudiera conceder reportajes en los que defendió lo actuado durante la dictadura militar. Marquevich le dictó la prisión preventiva, que fue confirmada por la Cámara Federal de San Isidro y tramita ante la Cancillería la puesta en práctica de la extradición, sobre la base de los testimonios prestados en la causa por personal paramédico de Campo de Mayo.

Fuentes del Ejército consultadas al cierre de esta edición dijeron que el Jefe de Estado Mayor Martín Antonio Balza no tenía comentarios que hacer sobre las decisiones de la Justicia, cuyo acatamiento no estaba en discusión. También el juez federal de la Capital Adolfo Bagnasco instruye una causa sobre apropiación de menores. Hace pocos días, Bagnasco tomó declaración al ex director del Hospital Militar de Campo de Mayo, general médico Agatino Di Benedetto, quien admitió que entre 1975 y 1979 se habían atendido allí los partos clandestinos de varias mujeres trasladadas desde la cárcel de Campo de Mayo. Lo mismo dijo el médico Carlos Raffinetti, quien añadió que el personal civil no tenía acceso a esa zona. Bagnasco también recibió la declaración testimonial de Balza, quien en un oficio dijo que no le constaba la existencia de casos de apropiación de menores nacidos en centros clandestinos de detención. Hoy Videla debía declarar ante un juzgado civil de San Martín en la causa por la ubicación de los restos de Roberto Santucho. Anoche al retirarse del juzgado, Marquevich confirmó que Videla está procesado, pero se negó a responder sobre la tipificación del delito. Marquevich pudo eludir el cerco periodístico cuando todas las cámaras siguieron a Hebe Bonafini, quien luego de increpar al juez, dijo que la detención de Videla obedecía a la necesidad de Menem de aliviar la presión internacional y de las Fuerzas Armadas de demostrar que hay militares malos y buenos. Añadió que "Balza también es un asesino".

Por Romina Calderaro

"Los domingos a la mañana va a misa a la Iglesia Castrense. Como queda a tres cuadras de acá, va caminando con su mujer. Durante la semana me lo cruzo muy frecuentemente, y jamás lo vi con custodia. Va y viene como cualquier persona, pero por suerte a mí nunca me compró nada", dijo a este diario el dueño del kiosco ubicado en la esquina de la casa de Jorge Rafael Videla. El kiosquero atiende ese puesto desde hace veinte años, y convive con Videla desde hace cinco, cuando el general destituido decidió mudarse al quinto "A" de Cabildo 639. Los vecinos consultados por Página/12 saben bien con quién conviven y coinciden en que "hace una vida normal".

Una mujer llegó al edificio de Cabildo pasadas las siete, acompañada de su hija. "Mi ex suegra vive acá. Yo traigo a la nena seguido. ¿No sabían que acá vive Videla?", dijo con sorpresa. Después trató de persuadir al portero de que la dejara entrar porque ella no era periodista. Más tarde, cuando se resignó a quedarse afuera, contó su experiencia con Videla. "Siempre lo veo salir directamente del garaje con el auto. Tiene un Peugeot 405 rojo. Yo lo odio, pero presumo que mi ex suegra lo debe querer", explicó. El kiosquero también opinó sobre quienes comparten el inmueble con Videla. "Ese edificio es de milicos", dijo. La mujer de la nena recordó más tarde que ya había pasado por una situación similar. "Después del atentado a la AMIA no se podía entrar acá. Había que tener mil juegos de llaves", explicó.

La empleada del negocio que está pegado a la casa de Videla, al principio se negó a hablar. "No voy a decir nada, si él no habla de mí, por qué voy a hablar de él", argumentó, pero más tarde reconoció con bronca que el ex dictador "hace una vida común, como la de cualquier vecino. El no se priva de nada".

CORACH SALIÓ CORRIENDO A AVISARLE AL PRESIDENTE

"Nos tomó a todos por sorpresa", dijeron los voceros oficiales consultados por Página/12 sobre la decisión del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, de ordenar la detención del ex dictador Jorge Rafael Videla, aunque rápidamente el ministro del Interior, Carlos Corach, le comunicó la novedad al presidente Menem en plena medianoche parisina. "El Presidente sólo escuchó y no dijo nada", aseguró Corach, seguramente sin mucha ilusión de que le creyeran. Jorge Domínguez, ministro de Defensa, nada dijo. Para justificar su silencio ante un hecho que conmoverá las relaciones entre Gobierno y Fuerzas Armadas, optó por una gambeta formal: "No es un militar, no pertenece más al Ejército".

Fuentes gubernamentales explicaron que en la Casa Rosada tomaron conocimiento de la disposición de Marquevich luego de que el magistrado le girara un oficio a su par porteño Gabriel Cavallo, solicitándole la detención de Videla (ver principal).

Corach fue el único funcionario que formuló declaraciones a la prensa: "El Gobierno no hace ninguna lectura, y se limita a cumplimentar las órdenes del Poder Judicial y pone a su disposición la Policía Federal en el carácter de auxiliar de la Justicia".

Según Corach, el Presidente "sólo escuchó", y luego comió una picada con algunos allegados en el bar del hotel donde se hospeda, pero antes de retirarse a la suite le concedió una entrevista exclusiva a Graciela Alfano, enviada especial de un canal argentino para cubrir las "notas de color" del Mundial.

En referencia a los delitos que se le imputan al ex dictador, "sustracción, retención y ocultación de menores, supresión del estado civil y falsificación de documento público", Corach manifestó que "es un delito muy especial, imprescriptible, de lesa humanidad, conforme con las convenciones internacionales que, de acuerdo con la Constitución de 1994, son ley de la Nación".

Ante la posibilidad de que otros ex miembros de las juntas militares pudieran ser, también, detenidos por causas similares, Corach dijo "no saber", pero reconoció que se trata de un delito "muy especial".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que el titular de la cartera, Jorge Domínguez, no se referiría al caso por considerar que "Videla es un ex militar, no pertenece más al arma", el Ejército. Sus compañeros de armas (ver recuadro) también se despegaron del ex dictador genocida.

Al Presidente los reclamos por derechos humanos suelen aguarle sus paseos. La última vez que visitó París, el presidente francés, Jacques Chirac, le reclamó por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. En la gira que realizó hace dos semanas por Suecia, Noruega y Finlandia, las autoridades suecas reclamaron por Dagmar Hagelin, quien fue secuestrada en la Argentina en 1977. Días más tarde, el presidente finés Martti Ahtisaari reclamó el esclarecimiento de la desaparición de Hanna Hietala, su hijo y su nuera, también secuestrados por un grupo de tareas en 1977.

LA CURIOSA HISTORIA DE RODOLFO MARQUEVICH
EL JUEZ QUE ELIGIÓ SAMANTHA FARJAT

No es habitual que un juzgado se abra a las dos de la mañana para recibir la declaración de testigos. Pero eso ocurrió el 27 de octubre de 1966, en San Isidro, cuando Samantha Farjat y Julieta La Valle se presentaron ante Roberto Marquevich, y acompañadas por sus respectivos abogados, uno de ellos Mariano Cúneo Libarona. El testimonio de las nínfulas imprimió un viraje al "caso Coppola": el juez interviniente, Hernán Bernasconi, pasó de investigador a investigado; los policías que actuaban a las órdenes del juzgado de Dolores, Diamante (Daniel) y Gerase (Antonio) fueron a ocupar el lugar que Coppola dejaría libre, por esa misma declaración, en Institutos Penitenciarios. Marquevich se convirtió, entonces, en el juez que hizo posible que el representante de futbolistas se librara de la pesadilla del jarrón.

Sin embargo, no fue la única instrucción de alto nivel llevada a cabo por Marquevich: en 1995 había dictado la prisión preventiva del médico torturador Jorge Bergés en la causa por "sustracción de menor" que involucraba a los hijos del matrimonio Casco-D'Elía, secuestrados y desaparecidos en el Pozo de Banfield. Otra performance de fuste la encaró ese mismo año al solicitar la extradición de siete ciudadanos libaneses ligados, según se sospechaba, al tráfico de armas y el hallazgo de un arsenal en una isla del Tigre en la que habitaba el ex agente de inteligencia Alejandro Sucksdorf. Aunque, en realidad, para el juez Marquevich el año '95 iba a estar sembrado de éxitos y sinsabores: el ministro de Economía Domingo Cavallo lo marcaría a fuego al sostener que tanto Marquevich como el fiscal federal Raúl Plee se encontraban relacionados con el empresario postal Alfredo Yabrán. El enfrentamiento de Marquevich con el economista tenía historia: los primeros chisporroteos habían surgido a raíz del procesamiento de Francisco Macri, acusado de evasión tributaria. Cavallo no tuvo dudas y el nombre del juez federal resonó luego en los sets de televisión y en el hemiciclo de la Cámara de Diputados asociado al cargo de armar causas "de acuerdo a la conveniencia de Yabrán".

A mediados de 1997 Marquevich volvió a ser el centro del espectacular decomiso de 2200 kilos de cocaína que aguardaban en un depósito el traslado a Alemania. Era la que la policía bautizó como "operación Strawberry", porque la droga había sido camuflada dentro de tambores de pulpa de frutilla. Se aseguró en aquellos días que el cargamento de narcóticos llevaba el sello del cartel de Cali y la impronta del "señor Londoño", uno de los jefes tras la detención de los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero la asombrosa cantidad cocaína no alcanzó para ahogar las persistentes denuncias de Cavallo ni para aventar las sombras que éstas echaban sobre las relaciones del magistrado. La detención del ex dictador Jorge Rafael Videla quizá pueda más, en ese aspecto, que el pringoso jarabe de frutilla.

PARA SU MUJER ERA "INTROVERTIDO", PARA MASSERA UN "IMBÉCIL"

Durante años cultivó el bajo perfil. La imagen de un anciano austero y atlético, que hacía flexiones calisténicas por las mañanas y flexiones devotas por las noches. Lo ayudó a pasar relativamente desapercibido ese rasgo de carácter que su esposa, la generala Alicia Hartridge, llamó alguna vez su "natural introversión". También la pronunciada imbecilidad que le atribuía su compañero de Junta, el extrovertido Emilio Massera. Características éstas que no disminuyen en un ápice su responsabilidad decisiva en la dictadura militar más feroz de la historia argentina. Ayer, el ex teniente Jorge Rafael Videla regresó (quién sabe por cuánto tiempo) a una condición de preso de la que nunca debió salir. La noticia es muy buena, porque ratifica una tendencia creciente de la sociedad a fisurar el muro de la impunidad, de la que se van haciendo eco, a veces de buena fe y otras con oportunismo, legisladores y jueces de una democracia en deuda. Pero es una buena suerte incompleta, porque Videla siempre ha sido juzgado en la Argentina por la parcialidad de sus delitos y no por la suma de ellos que es el plan deliberado para el genocidio, plasmado en las Directivas Secretas de 1976. Sólo el juez español Baltasar Garzón lo tiene procesado por genocida.

Como otros dictadores que se singularizaron en lo público por su ferocidad represiva, Videla es en lo personal un hombre muy menor.

Nació en 1925, en la ubérrima Mercedes, de donde también era oriundo el obispo Adolfo Tortolo, socio ideológico de la dictadura. Y una de sus víctimas, Héctor Cámpora, un vecino que alguna vez vio jugar en la vereda al hijo del teniente coronel Rafael Videla, sin poder imaginar que décadas más tarde el chico del triciclo lo mantendría encerrado en la embajada mexicana hasta que un cáncer terminal le abriera la puerta.

Se graduó de subteniente en 1944, cuando el coronel Perón estaba en ascenso y siguió, paso a paso, las peripecias de una vida diagramada mucho antes: se casó con una mujer de carácter fuerte, tuvo católicamente seis hijos y para ascender debió hacer los cursos de la Escuela Superior de Guerra amén de aquellos que cursó en la Junta Interamericana de Defensa. Como otros militares de su generación, que egresaron en los tiempos augurales del peronismo, fue a partir del '55 un antiperonista visceral, enrolado en la llamada "corriente liberal" del Ejército, que sólo tenía de tal el apego al neoliberalismo económico más ortodoxo. Pasó sin pena ni gloria los años de militarismo que van del '55 al '73 y en abril de este último año su vecino Cámpora --primer presidente justicialista tras 17 años de proscripciones-- se lo encontró (ya como general de Brigada) al frente del Colegio Militar. Allí escuchó, con cara sombría e inexpresiva, el discurso de un hombre que pretendía una Fuerzas Armadas subordinadas a la democracia y no al gran capital.

Luego llegó al poder y al horror de manera burocrática: ascendió a general de división en octubre de 1975 y en diciembre de ese mismo año, cuando el gobierno de Isabel Perón hacía agua por los cuatro costados, fue designado comandante en jefe del Ejército y teniente general.

Para ese entonces el plan secreto de los dueños del país ya estaba en marcha. Algunos operadores astutos e implacables del capital extranjero, como los hermanos Roberto y Juan Alemann, ya lo habían anticipado (en 1974), en su diario Argentinisches Tageblatt, en un editorial titulado Nacht und nebel, como la consigna hitleriana del holocausto: los guerrilleros debían desaparecer en la "noche y la niebla", para siempre. Teoría que compartía su socio en intereses azucareros y suizos, José Alfredo Martínez de Hoz (Joe), que luego de producido el golpe lo diría abiertamente: "La guerra no se puede hacer con guante blanco". Y que en ese diciembre de 1975 ya era el ministro de Economía en la sombra del golpe anunciado. Para realizar lo que se escondía detrás de la pretendida "guerra contra la subversión": un cambio estructural de la economía argentina que comenzara la demolición de ciertas industrias y del estado fuerte desarrollado por el primer peronismo.

Fiel intérprete de ese plan, Videla emitió un ultimátum al gobierno de Isabel en Tucumán y luego anunció, en la conferencia de ejércitos americanos, que morirían "todos los que hagan falta". El 24 de marzo de 1976 pasó de las amenazas a los hechos y "desaparecieron" treinta mil argentinos. El primer gobierno de la democracia lo juzgó y condenó a reclusión perpetua por hechos puntuales y probados: 66 homicidios agravados; 306 secuestros; 96 casos de tortura; 4 de tormentos seguidos de muerte y 26 robos. El 29 de diciembre de 1990, Carlos Menem lo indultó junto con otros once condenados y procesados. No se conformó con el indulto y pidió "el desagravio a las Fuerzas Armadas". Creía que la historia estaba de su lado, a pesar de que las encuestas marcaban con elocuencia que un 63 por ciento de los ciudadanos rechazaba el perdón presidencial. Estólido, introvertido, abotagado por el incienso, todavía debe creerlo. Pero esa batalla ya la perdió en las conciencias.

HACIAN PARIR A LAS MADRES Y DESPUES LAS ARROJABAN AL MAR
EL PLAN PARA APROPIARSE DE LOS CHICOS

"Cuentan las obstetras que las detenidas estaban atadas de pies y manos, con los ojos vendados o con anteojos oscuros y con prohibición de hablar; que en la hoja de enfermería no figuraban sus nombres y apellidos, solamente NN. Los partos casi siempre los realizaban médicos militares por las noches, utilizando algunas veces técnicas en desuso o experimentales." Después del parto, las detenidas eran llevadas a los hangares de la pista de aviación desde donde partían los vuelos de la muerte. Los bebés eran entregados a militares. Este procedimiento fue utilizado decenas de veces en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo, entre 1976 y 1980, y puede convertirse ahora en la causa que llevará a prisión al ex dictador Jorge Rafael Videla.

"La enfermera Rosalinda Salguero atendió partos y describe la situación de las detenidas y el tiempo que estaban en esa sección." "La obstetra Yolanda Arroche de Sala García relata la existencia de chicos ya nacidos y la participación de monjas en el cuidado de éstos." "La enfermera Ernestina Larretapa describe cómo las parturientas llegaban y se iban en coches particulares." "La enfermera María Estela Herrera relató que acompañaba al doctor Bianco a realizar curaciones dentro de la Sección Epidemiología a las detenidas desaparecidas, y otras descripciones importantes..." Son empleados del Hospital Militar de Campo de Mayo que demuestran que la apropiación de menores, tras la tortura y asesinato de sus madres, no era un hecho aislado, sino un plan concebido por los altos mandos y ejecutado por efectivos militares.

El mayor médico Norberto Atilio Bianco y el mayor Julio Caserotto eran responsables de la maternidad. "Bianco traía personalmente a las detenidas desaparecidas embarazadas desde el lugar de detención llamado 'El Campito', al pabellón de Epidemiología --relata uno de los testigos--, estaban perfectamente atadas de pies y manos, con los ojos vendados. Eran alojadas en una sala general junto a detenidos heridos y niños que allí alojaban. Se los denominaba los NN o los subversivos." También actuaba allí el teniente primero Ricardo Lederer, quien tenía "la pretensión de mejorar la raza".

El Campito fue el campo de concentración que el Ejército montó en Campo de Mayo. Se calcula que por allí pasaron más de cinco mil detenidos desaparecidos y cumplía una función equivalente a la de la ESMA para la Armada, aunque en este caso hubo menos sobrevivientes y por lo tanto es menos conocido. Este centro tenía sus propios grupos de tareas y además centralizaba la llegada de detenidos desaparecidos de otros centros menores. Al igual que la ESMA, tenía maternidad y su propio sistema de vuelos de la muerte. Caserotto era el responsable de la maternidad.

Los partos con presencia de personal militar se efectuaban en la enfermería de la cárcel de encausados de Campo de Mayo o en la Sala de Partos del Hospital Militar. "Solían ser normales o espontáneos pero, como lo reflejan los testimonios, eran planificados, practicándose numerosas operaciones cesáreas y en horas de la noche."

Inmediatamente después del parto, las madres eran separadas de sus hijos y trasladadas afuera del Hospital. "Algunas, todavía convalecientes, eran llevadas a los hangares de la pista de aviación de Campo de Mayo." Algunos niños pasaban por la nursery y otros no, tenían nombres pero no apellidos y eran entregados en adopción ilegal a miembros de las Fuerzas Armadas. El mayor Bianco se apropió de un niño y una niña y los anotó como hijos propios. Actualmente Bianco y su esposa tienen prisión preventiva y la causa que los involucra es la que ha llevado a Videla a la cárcel.

"Sobrevivientes del campo de concentración dan cuenta de que allí vieron embarazadas a Estela Dorado, Valeria Beláustegui Herrera, Ana María Lanzillotto, Beatriz Recchia, Silvia Quintela, Diana y Mariana Oesterheld y Norma Tato y que todas tuvieron sus hijos en la maternidad".

Cuenta un enfermero que a las madres convalecientes del parto se las llevaba el doctor Bianco en su coche con destino a los hangares que están en la pista de aviación de Campo de Mayo. Este enfermero vivía en un barrio junto a las pistas. "Relata que de vez en cuando un avión tipo Hércules del Ejército despegaba entre las 23 o 24 horas con rumbo sur-este y que regresaba una hora después. Por comentarios que se hacían, allí llevaban a los subversivos." Los cuerpos eran arrojados al mar o al Río de la Plata.

TRAS LOS BIANCO, DESDE 1984

La causa Bianco es una de las tantas que preocupa a los represores porque investiga crímenes cuya impunidad no quedó garantizada ni con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ni con el indulto ya que implica el secuestro de menores durante la dictadura. En trámite desde 1984, el expediente cobró impulso recién en marzo pasado cuando la Justicia logró, después de más de diez años de reclamos, extraditar desde Paraguay al ex mayor médico del Ejército, Norberto Bianco, y a su esposa, Susana Wherli, quienes desde entonces permanecen detenidos por haberse apropiado de dos hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.

Bianco fue uno de los represores del centro clandestino de detención que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando la reapertura democrática les permitió rastrear el destino de los niños nacidos en cautiverio, las Abuelas de Plaza de Mayo concluyeron que el ex mayor médico del Ejército y su mujer anotaron como propios a dos bebés que habrían nacido en ese lugar entre 1976 y 1977 y lo denunciaron penalmente. Acorralados por la Justicia, los Bianco se fugaron en 1986 a Paraguay con Pablo y Carolina. En la causa estaba probado entonces que las partidas de nacimiento de los chicos eran falsas y --al igual que otros represores, como el ex subcomisario Samuel Miara-- el matrimonio buscó la segura protección que por aquella época ofrecía el régimen de Alfredo Stroessner.

Derrocado el dictador paraguayo, la Corte Suprema de Justicia de ese país dispuso la extradición de los Bianco en marzo de 1989, pero sus abogados lograron postergarla por medio de diversos recursos legales. Bianco y Wherli fueron finalmente extraditados a la Argentina en marzo del año pasado y desde entonces están detenidos: sobre ellos pesa la prisión preventiva por "sustracción, ocultación y retención de menores; supresión y suposición de estado civil y falsificación de documentos públicos" que les impuso el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich y que en segunda instancia confirmó la Cámara Federal de San Martín. La pena prevista para los delitos que se les imputan impiden su excarcelación.

Lo que resta determinar aún es la verdadera filiación de los chicos apropiados por el represor y su mujer, quienes podrían ser hijos de desaparecidos de apellido Recchia de García, Casariego, Quintela, Beláustegui o Lanzilotto. El problema es que Pablo y Carolina todavía viven en Paraguay y la Justicia de ese país sostiene que no se los puede someter compulsivamente a los análisis genéticos para averiguar su identidad real por considerarlos mayores y emancipados desde que los Bianco los autorizaron a casarse (con 21 años, Carolina ya tiene inclusive dos hijos y Pablo, de 20 años, uno). La resolución del caso está pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que recurrieron las Abuelas de Plaza de Mayo ante las trabas impuestas por Paraguay.

"VIDELA ERA ESFINGE; SEGURO QUE NO DIRÁ NADA"

"Videla era la esfinge". El ex fiscal Julio César Strassera, autor de la acusación y el alegato de condena a los ex comandantes de la última dictadura militar, eligió esa definición para explicar la actitud, inmutable, reconcentrada, del ex dictador durante el histórico juicio a las juntas militares. Strassera cree que el ex general, ahora detenido, se refugiará en el mismo mutismo a la hora de ser indagado por la apropiación de menores. El ex fiscal considera que Videla también podría ser condenado como "autor mediato" de este delito aberrante que no prescribe ni fue borrado por las sucesivas leyes y decretos de perdón y olvido. Strassera descarta que el general Martín Balza no tomará ninguna "actitud contestataria" ante al detención de Videla y pronostica, socarrón, que los militares retirados escribirán, seguramente, "alguna carta de lectores" de repudio.

--¿Cómo analiza la detención de Videla?

--Es un avance positivo máxime si se tiene en cuenta la poca voluntad del poder político oficialista por esclarecer los hechos y la vergüenza del indulto. Si nos quejamos de la obediencia debida, el decreto del indulto es inmoral, es algo que no reclamaba nadie. Esta detención constituye una reivindicación frente a esa inmoralidad. Creo que dictarle el procesamiento es lo correcto. No conozco detalles. Si durante su máxima comandancia en jefe se produjeron las apropiaciones de menores es de suponer que él es el autor mediato, es decir el autor de la orden, sin perjuicio de quién llevó adelante los secuestros. Estos son hechos que no están cubiertos por el punto final y Videla no puede invocar la obediencia debida. Además no creo que sean hechos que puedan haber prescripto.

--¿En el caso de los menores también se puede aplicar el criterio de haber liderado un plan criminal para su secuestro?

--Depende del juez. Si el tribunal entiende que hay autoría mediata porque él era responsable del aparato de poder es culpable de la misma manera que si hubiera secuestrado de mano propia. Yo lo acusé por homicidios y él no disparó ningún tiro contra nadie. Videla seguro que no va a abrir la boca, aunque esto no quiere decir que se las lleve gratis.

--¿Durante el juicio a las juntas ustedes recibieron muchas denuncias por la apropiación de menores?

--Se habló de la apropiación de menores, pero la labor fundamental fue de las Abuelas de Plaza de Mayo que llegaron a los responsables inmediatos y a los apropiadores.

--¿Cómo recuerda la actitud de Videla durante el juicio?

--Videla estaba como ausente, para él el juicio no existía, le tuvieron que nombrar un defensor de oficio. No lo escuché hablar nunca. Leía un libro religioso, han pasado tantos años que ya no me acuerdo cuál. Ni siquiera habló al final del juicio, no dijo las bestialidades de Emilio Eduardo Massera.

--¿Cómo definiría la personalidad de Videla?

--Videla era la esfinge. Yo lo definí como el responsable criminal de hechos atroces y aberrantes. Adentrarme en su personalidad excede mis posibilidades: es un caso claramente para psicólogos. El no habló nunca ni antes ni después. Cuando leí el alegato había algunos que lo seguían palabra por palabra como el almirante Isaac Anaya, gente agresiva como Roberto Viola y Massera, Videla era la esfinge.

--¿Después del indulto se imaginó como posible que Videla fuera detenido?

--Me resultó sorprendente pero se enmarca en hechos que superaron la voluntad obstruccionista del Gobierno como la derogación de leyes de punto final y obediencia debida, la condena internacional de estas leyes como del indulto; los juicios abiertos en España, Italia, Francia y Alemania. --¿Qué repercusión cree que va a tener esta detención en las Fuerzas Armadas?

--No tengo dudas de que el general Martín Balza no va a asumir ninguna actitud contestataria. El ya se pronunció sobre la ilegitimidad de órdenes delictivas. No sé qué pensarán los cuadros menores. Los retirados algo van a hacer... escribirán alguna carta de lectores. No hay marco posible, ni a nivel nacional ni internacional, para otra clase de actitudes.

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