|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Los represores
que actuaron en la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército --con sede en la
provincia de Córdoba--, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, podrían
correr la misma suerte que el ex dictador Jorge Rafael Videla. La Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba resolvió abrir las causas referidas a las violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar. Si bien en principio el
objetivo será, como en los procesos abiertos por la Cámara porteña y la de La Plata,
buscar la verdad sobre lo ocurrido con los desaparecidos sin llegar a la condena penal;
también se investigará sobre la desaparición de menores y se tratará de condenar a los
culpables.La reapertura de las causas fue decidida por unanimidad por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Según explicaron los camaristas, las investigaciones estarán centradas en conocer cuál fue la suerte y paradero de los desaparecidos: se tratará de establecer los lugares y las formas de secuestros, los sitios donde estuvieron detenidos, cómo murieron y dónde están enterrados. Pero, indicaron, esto no implicará la continuación de los procesos abiertos contra los militares que resultaron beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final y por los indultos. Además, los camaristas aseguraron que la determinación de abrir las causas también se tomó con el objetivo de investigar y condenar a los culpables de la desaparición de menores. Los jueces Gustavo Becerra Ferrer, José Mosquera, Humberto Aliaga Yofre, Pedro León Feit, Raúl Amílcar Sánchez Freytes y Luisa Rueda tomaron esta resolución a partir de la petición formulada en febrero por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María Elba Martínez en representación del Servicio de Paz y Justicia (SerPaj) para que se reinicien las investigaciones en el área comandada entre 1976 y 1978 por el general Luciano Benjamín Menéndez, que además de Córdoba abarca 10 provincias de Cuyo y el Nordeste. En el escrito presentado por Pérez Esquivel y Martínez se apeló al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1992 y 1997 dictaminó que las leyes y los indultos violan varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica y exigen al Estado argentino continuar las investigaciones a fines de determinar lo sucedido con las víctimas de la represión ilegal. El 4 de mayo, el fiscal Humberto Vidal Lascano dictaminó que correspondía dictar la reapertura de las causas, teniendo en cuenta la limitación existente por las leyes dictadas durante el gobierno de Alfonsín. La investigación retomará los más de 500 casos que se habían seleccionado dentro de las denuncias del Tercer Cuerpo para el juicio contra Menéndez que quedó trunco quince días antes de la realización de la primera audiencia oral y pública, cuando en octubre de 1989 el general fue favorecido por el Indulto. En los archivos de los tribunales federales de Córdoba todavía están las 17 mil fojas de los 85 cuerpo que conforman la causa. En este sentido, la estrategia del Serpaj apuntaría a "abrir el espectro" tratando de incorporar no sólo las causas por menores sino también incluir delitos económicos, tampoco contemplados por las leyes que beneficiaron a mas de 100 militares. Se apuntaría, además, a incluir nuevos partícipes y responsables, que no fueron beneficiados por las leyes, y que, a partir de que fueron derogadas, no podrán recurrir a ellas. Informe: Victoria Ginsberg
HISTORIA DE DOS CHICOS SUSTRAIDOS ILEGALMENTE Por José Natanson
En la causa Bianco se investigan crímenes cuya impunidad no quedó garantizada ni con las leyes de Punto Final y Obediencia debida ni con el indulto. En marzo pasado, la Justicia argentina logró la extradición del matrimonio, que se había fugado a Paraguay en 1986. En el expediente está probado que las partidas de nacimiento de Carolina y Pablo fueron falsificadas y que el mayor Bianco se desempeñó como médico en el centro ilegal de detención que funcionó en Campo de Mayo, en donde nacieron los dos chicos. Ayer, Carolina aseguró que en 1986 el matrimonio Bianco les reveló a ella y a su hermano que eran adoptados. "Tenía nueve años, pero no le di mayor importancia porque para mí ellos son mis padres. Yo los amo, los quiero muchísimo." Nelson Castro le preguntó ayer por Radio Del Plata si sabía que tanto ella como su hermano eran hijos de desaparecidos. --No, no, no. Eso es algo que no está comprobado y no es la verdad. Carolina, de 22 años, está casada, tiene dos hijos y vive en Asunción del Paraguay. "Es mi derecho negarme a los estudios genéticos. Es algo mío y creo que se tiene que respetar. Mi hermano tiene la misma posición que yo", aseguró ayer. La Justicia paraguaya sostuvo que no puede someter a los jóvenes a análisis genéticos compulsivos por considerarlos mayores y emancipados desde que se casaron. Carolina dijo ayer que tanto ella como su hermano mantienen un "contacto constante" con los Bianco. Cuando el periodista le comentó que en la otra línea se encontraba una persona que podría ser su tía, la joven aseguró que no tenía intención de hablar con ella. "No importa, la quiero, la respeto y no quiero hacerle daño", dijo, emocionada, Alba Lanzilotto, quien luego agregó que Carolina "podría ser hija de Ana María Lanzilotto por fecha y lugar de nacimiento". Por su parte, Abel Madariaga, el presunto padre de Carolina o de Pablo, cuestionó la actitud de las autoridades paraguayas de no someter a los jóvenes a los análisis genéticos y añadió que "este camino ha sido muy largo y muy tortuoso hasta llegar al día de hoy, en que Bianco y su mujer han reconocido el delito de la expropiación de dos menores". Madariaga agregó que "presume" que uno los dos chicos criados por el matrimonio Bianco es hijo suyo. "Una persona que estuvo detenida dijo que mi mujer dio a luz en Campo de Mayo en 1977."
|
