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Por Horacio Verbitsky  La Cámara de Apelaciones
en lo Civil condenó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo a pagar al periodista
Bernardo Neustadt una reparación por daño moral de 15.000 pesos, más casi tres años de
intereses, por haberlo mencionado como "influenciable" por Alfredo Yabrán. La
causa se inició a raíz de la denuncia de Cavallo en la Cámara de Diputados, en agosto
de 1995, donde describió a Yabrán como "jefe de la mafia" del correo y a
Neustadt como parte de su dispositivo. En primera instancia la jueza Alicia Alvarez había
absuelto al ex hombre fuerte del gobierno del presidente Carlos Menem, pero la sala D de
la Cámara, por el voto unánime de sus jueces Domingo A. Mercante, Alberto J. Bueres y
Eduardo Martínez Alvarez hizo lugar a la apelación del periodista. Cavallo deberá
publicar la extensa sentencia a su costa en diarios y revistas. En cambio la Cámara no
hizo lugar al pedido de Neustadt de que la sentencia se publicara también en programas de
televisión. Es la primera vez que un funcionario del gobierno nacional debe hacerse
responsable por sus agravios a un periodista.
Cavallo había dicho que durante una comida el empresario asintió cuando él le mencionó a Neustadt entre los periodistas que tenía bajo su influencia. Abierta la causa a prueba, tanto Yabrán como el tercer comensal, Haroldo Grisanti confirmaron que fue Cavallo quien mencionó a Neustadt. Pero Yabrán negó haber aceptado las influencias que Cavallo le atribuía. "Como no la tenía, le dije que era imposible" para él incidir en las posiciones de Neustadt sobre la privatización del correo. Grisanti respondió, de un modo que la Cámara considera dubitativo, que Yabrán "evidentemente tenía algo que ver con Neustadt". De estas declaraciones, dice el fallo, "sólo puede extraerse que fue Cavallo quien introdujo el nombre de Neustadt en la conversación. Fue Cavallo quien pidió su colaboración a Yabrán para influir sobre Neustadt, pero de ninguna de las dos surge con meridiana claridad que Yabrán tuviera influencia sobre Neustadt y autorizara a Cavallo a expresarse en la Cámara de Diputados en los términos en los que lo hizo". Por el contrario, la negativa de Yabrán es aceptable "y ratificaría que la idea estaba preinstalada en la mente de Cavallo tratando de ratificarla en esa conversación sin conseguirlo". Si la respuesta de Yabrán hubiera sido tan terminante como Cavallo sostuvo en el Congreso ("Me dijo que sí"), no se explicaría la duda del "colaborador y amigo de Cavallo". El entonces ministro "no tuvo fuente alguna" para incluir a Neustadt en su denuncia. "Fue él quien lo trajo a colación" por lo cual "aceptó la responsabilidad consecuente". Al analizar los efectos de la presentación de Cavallo la Cámara sostuvo que "el patrimonio profesional de un periodista puede resumirse en una sola palabra: credibilidad". Esta fue afectada cuando "nada menos que un ministro del Poder Ejecutivo de la Nación denunció, ante la reunión de los representantes de la totalidad de los habitantes del país a un periodista como manejado por una (o varias, como dijo el acusador) mafias extorsionistas, terroristas y corruptas". El ex ministro había invocado la doctrina de la real malicia, según la cual correspondía a Neustadt demostrar que los hechos afirmados eran falsos y que Cavallo lo sabía en el momento de decirlo. Pero la Cámara entendió que la doctrina es aplicable cuando se trata de proteger la libertad de prensa de un funcionario público, pero no a la inversa. "No hay aquí una potencial responsabilidad de un periodista, sino de un personaje público frente a un periodista. Luego, la real malicia nunca tendría aplicación". Autor del voto fue el camarista Mercante, hijo del ex gobernador de Buenos Aires durante la primera presidencia de Juan D. Perón y sin simpatías por el menemismo.
CONTRATO INFORMATICO DE LA DGI POR 500
MILLONES
La DGI contrató en abril de 1994 a IBM-Banelco para implementar el sistema de recaudación y fiscalización de los aportes previsionales. Seis meses después, extendió la prestación a los principales impuestos nacionales. En julio del año siguiente, Cossio renunció al cargo. "Hasta que me alejé de la DGI, no sabíamos de pagos indebidos relacionados al contrato con IBM-Banelco, pero en el caso del Banco Nación sabíamos y los denunciamos", declaró el ex funcionario ayer en el programa "A Dos Voces", de TN. Con sus dichos, Cossio amplió las sospechas sobre la existencia de ilícitos en los pagos realizados por IBM-Banelco a los subcontratistas. "Cuando se pagan facturas truchas, hay dos posibilidades: se están inventando gastos para evadir impuesto a las ganancias, o se están pagando coimas", definió Cossio. La investigación sobre el contrato con la DGI detectó pagos sin contraprestación por más de 10 millones de pesos a Consad --empresa de soluciones informáticas pertenecientes a Juan Carlos Cattáneo, ex subsecretario general de la Presidencia de la Nación-- y un pago por 500 mil pesos a Segurex (asesoría contable), que tras una extraña trayectoria de pagos sucesivos terminó en manos de Sisteco, la que 48 horas después giró fondos por una cifra similar al exterior. "Durante mi gestión se denunció a CCR --otra empresa informática ligada a Consad-- por pago de facturas apócrifas y a Consad por evasión de impuestos, así que si me preguntan si pongo las manos en el fuego por Cattáneo, creo que la respuesta es obvia", señaló Cossio. Sin embargo, justificó la presencia de la empresa de Cattáneo en la operación con IBM como subcontratista --que él habría pedido expresamente, según otras fuentes--. "Consad fue proveedora de la DGI desde 1990, e hizo aportes importantes; hubiera sido irresponsable dejarla afuera", precisó. También negó haber sido socio de Juan Carlos Cattáneo, ex titular de la firma Consad, a quien lo unía una amistad desde la adolescencia. E igualmente rechazó tener vinculación con Ricardo Martorana, ex presidente de IBM durante la etapa de firma del contrato con la DGI. Cossio consideró como "una manipulación de la opinión pública" los valores que se manejan en cuanto a la diferencia del contrato con un supuesto precio real. Negó que se hubiera pagado sobreprecio y justificó la diferencia entre el valor previsto para dicha operación en documentos públicos (55 millones de pesos) y el finalmente contratado (425 millones, por la informatización del sistema previsional). "Es muy simple de explicar: la ley obliga a fijar la plata que se necesitará para cada proyecto, y en este caso se hizo referencia a un valor de mínima de 55 millones de pesos de inversión; pero el resto son servicios, solución informática, que está fuera de ese presupuesto y que hasta a los mismos peritos (judiciales) les resultó difícil de comparar con algún valor de mercado", detalló. "Me han tratado de perjudicar, han faltado a la verdad personas importantes, por lo cual inicié querellas contra varias personas" que no identificó, aunque sí se refirió al Frepaso, del que dijo que se ha "encargado de golpear mi honra".
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