Los embajadores de los Estados Unidos no podrían hacer lobby en forma inmediata ante los gobiernos de los países en los que estuvieron acreditados, de aprobarse un proyecto de ley que está estudiando la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida por el Republicano Jesse Helms. La legislación comenzó a elaborarse a raíz de la estridente participación de los ex embajadores James Cheek y Terence Todman en licitaciones en la Argentina. Así lo informó ayer el diario "Miami Herald", en un artículo de su columnista Andrés Oppenheimer ilustrado con una fotografía de Cheek junto al presidente Carlos Menem.

La extensión del periodo de veda aún no ha sido determinada por Helms. Las leyes vigentes establecen que los funcionarios que dejan un cargo jerárquico en el gobierno de los Estados Unidos deben esperar un año antes de efectuar contactos por negocios con otros funcionarios de las dependencias u organismos en los que prestaron servicio, o de representar a gobiernos o partidos políticos extranjeros ante el gobierno norteamericano. En temas que hubieran sido de la competencia directa del funcionario, la veda se extiende a dos años. Si se trata de asuntos en los que hubieran intervenido personalmente, como investigaciones sobre empresas privadas, la prohibición rige de por vida. Además de las restricciones legales también hay denominados "compromisos éticos". En cumplimiento de ellos los funcionarios superiores del servicio exterior, como es el caso de los embajadores, deben observar la veda de negocios ante su propio gobierno hasta por cinco años. Pero nada les prohíbe usar sus influencias fuera de los Estados Unidos.

Oppenheimer señala entre los casos que motivaron la mayor inquietud legislativa los de Cheek y Todman que "están facturando gracias a sus conocimientos y contactos" en la Argentina. Cuando dejó la embajada, en diciembre de 1996, "Cheek era uno de los enviados norteamericanos más populares de la historia. Antes de enero de este año estaba de vuelta, visitando las oficinas gubernamentales como lobbista de un grupo multinacional que participaba en una licitación por 5.000 millones de dólares. Su principal rival por la privatización de los mayores aeropuertos argentinos era su inmediato antecesor en la embajada, Terence Todman, quien representaba a otro grupo inversor". Durante la pugna Cheek visitó la Casa de Gobierno y dijo a los periodistas que el gobierno de su país apoyaba a la compañía para la que él trabajaba, Ogden Corp, que obtuvo el contrato. El número cada vez mayor de diplomáticos que se pasan al sector privado se vincula con el creciente énfasis del servicio exterior en las cuestiones económicas y comerciales, lo cual los convierte en reclutas interesantes para las empresas multinacionales que buscan consejo y contactos, dice Oppenheimer. Otros ex embajadores, como Charles "Tony" Gillespie y Otto Reich, están asesorando a empresas de los Estados Unidos en el acceso a los mercados de Chile y Venezuela. Entre sus clientes está el fabricante de los aviones de combate Fuerza16, LockheedMartin. El ex embajador en Colombia, Diego Asencio, es asesor del candidato presidencial Horacio Serpa y el ex embajador en Paraguay, Timothy L. Towell se inscribió como agente extranjero, representando al presidente de Paraguay en Washington.

Cheek negó que se tratara de tráfico de influencias. "Eso es una tontería. ¿Qué quieren que hagan los diplomáticos jubilados? ¿Qué se internen en un asilo?" Agregó que muchos estadounidenses famosos desarrollaron nuevas carreras como consultores de empresas norteamericanas al terminar sus servicios, y mencionó como ejemplo al ex secretario de Estado Henry Kissinger. Según Cheek, el periodo de veda equivaldría a una condena de muerte laboral para los ex embajadores. "Si uno no empieza a trabajar en el primer año después de la jubilación, todos lo olvidan. Es importante empezar cuando la gente todavía te recuerda". Reconoció que también representaba ante el gobierno argentino los intereses de otras empresas estadounidenses, entre las que mencionó a American Airlines y TCI, pero dijo que había rechazado un contrato de consultoría en la licitación por los documentos nacionales de identidad, porque había intervenido en el tema como embajador. Sin embargo, ninguna restricción legal le hubiera impedido hacerlo. "Es muy ofensivo que un embajador represente a la mayor superpotencia del mundo el lunes, y al mayor cotizante en una licitación el martes", dijo el ex secretario de Estado adjunto para asuntos latinoamericanos Elliott Abrams. "Rebaja el significado de ser embajador de los Estados Unidos que la importancia del título pueda comprarse y venderse de este modo", agregó. Dan Geisler, presidente de la Asociación del Personal del Servicio Exterior, que representa a 23.000 funcionarios en actividad y retirados dijo que la organización se opondría al proyecto de ley. "El apoyo a las empresas norteamericanas es una antigua tradición de la diplomacia. Si los embajadores norteamericanos vuelven a los países en los que estuvieron acreditados y defienden a las empresas norteamericanas, eso ayuda a los Estados Unidos", dijo.

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