Página/12

Al llegar y al retirarse del juzgado dentro de un celular de la Policía Federal, Videla fue insultado por manifestantes que le gritaron asesino mientras arrojaban huevos y algunas piedras sobre el vehículo. Lo mismo ocurrió con sus abogados, lo que produjo la rotura de la luneta trasera del auto en que se conducían. Uno de los proyectiles lastimó al cameraman Hernán Uñez del canal 11 de televisión. Videla se cubrió el rostro con un pañuelo. De San Isidro, Videla fue conducido a la alcaidía de los tribunales de la Capital, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia frente a Plaza Lavalle, donde médicos forenses le practicaron los análisis de cuerpo y mente que ordena el artículo 261 del Código Procesal viejo, para determinar "su estado mental y capacidad para delinquir". Videla volvió a la Alcaidía, haciendo escala para su nuevo domicilio de los próximos tiempos que será la cárcel vieja de Caseros (ver recuadro aparte). Entre 1984 y 1990 Videla estuvo alojado como detenido en un chalet del penal militar de Magdalena. La instrucción del sumario tiene un plazo previsto de seis meses, durante los cuales el juez no está obligado a pronunciarse sobre su situación procesal, salvo que los defensores soliciten que sea eximido de prisión. En tal caso, Marquevich tendría 24 horas para ponerlo en libertad o dictarle la prisión preventiva, exponiendo sus fundamentos. Sin embargo, el juez anticipó al retirarse que podría emitir un pronunciamiento en seis o siete días. Marquevich decidió el procesamiento y la detención de Videla por la "posible existencia de un sistema ilegal" ordenado cuando era comandante en jefe del Ejército, tendiente "al apoderamiento de menores". Luego de la salida de Videla del juzgado, se conoció la respectiva resolución de Marquevich.

En ese texto el juez enumera las constancias de cuatro causas que se tramitaron en su tribunal, por averiguación de las circunstancias de la desaparición de los menores Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D'Elía, Pablo Hernán, Carolina y María Sol, nacidos en cautiverio hace dos décadas e inscriptos como hijos propios por el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por el teniente de navío de la Armada Carlos De Luccía, por el mayor médico del Ejército Norberto Bianco y por el teniente coronel Hernán Tetzlaff y las esposas de cada uno de ellos, Adriana González de Furci, Marta Elvira Leiro, Nilda Susana Wehrli y María del Carmen Eduartes. Mariana es hija de María Islas Gatti de Zaffaroni y Jorge Zaffaroni, secuestrados el 27 de setiembre de 1976 en Florida. El 5 de agosto de 1994 Furci y González fueron condenados a cinco y tres años de prisión como autores de su ocultación y retención. En la causa se estableció que Furci recibió a la niña "en el sector de mujeres detenidas del centro clandestino de detención de la SIDE conocido como Automotores Orletti" y la inscribió "como hija propio del matrimonio, mediante la utilización de un acta de nacimiento ideológicamente falsa". Carlos es hijo de Julio César D'Elía Pallares y Yolanda Iris Casco Ghelfi, secuestrados en su departamento de San Fernando. El Tribunal Oral Federal 2, que condenó a tres años a María Elvira Leiro como autora del delito, estableció que Yolanda dio a luz en la Brigada policial conocida como Pozo de Banfield y que la criatura fue inscripta en Quilmes como si hubiera sido hijo de Leiro y De Luccía. La identidad de los padres de María Sol aún no fue establecida, pero en la causa iniciada por la denuncia de la ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Isabel Chorobik de Mariani se determinó que no era hija de Tetzlaff ni de Eduartes, que la inscribieron como propia. "A la fecha del presunto alumbramiento, 28 de mayo de 1976, Tetzlaff era oficial del Ejército, destinado en la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo y se desempeñaba como jefe de seguridad". Tetzlaff y su esposa están detenidos, con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal de San Martín. Lo mismo ocurre con Bianco y Wehrli, quienes "insertaron o hicieron insertar datos falsos en las respectivas constataciones y certificados de nacimiento y los documentos nacionales de identidad" de Pablo Hernán y Carolina.

La resolución de Marquevich destaca que "al tiempo de la recepción de los menores, Bianco revistaba como mayor médico en el Hospital Militar de Campo de Mayo" y "la incontrastable y probada circunstancia de la presencia en dicho lugar de mujeres clandestinamente detenidas en estado de gravidez, según constancias de autos". También cita la declaración indagatoria de Julio César Caserotto quien en febrero de este año dijo que durante la dictadura existían en el Hospital de Campo de Mayo, sector maternidad "órdenes verbales y escritas por la superioridad para que se asistiera a las parturientas traídas por personal de inteligencia". Esas órdenes escritas tenían como título "Plan de Operaciones Normales para con el personal de inteligencia" y estaban firmadas por el director del hospital. Las órdenes que recibió Caserotto consistían en "asistir a partos y no registrar a las parturientas y los nacimientos". Agregó que cuando volvía a su trabajo, al día siguiente de un parto, "la parturienta y el recién nacido ya no se encontraban en el lugar".

Los cuatro casos, concluye Marquevich, "están lejos de parecer consecuencia de designios criminales individuales y por tanto su semejanza obra de la casualidad; por el contrario [parecen] el resultado de un propósito único o concierto previo. Así las cosas, existen ahora fundadas presunciones que permiten suponer la existencia de un plan delictivo, en lo que por el momento son estos cuatro casos, cuyo diseño y ejecución excede la directa intervención que en los hechos les cupo a los imputados ya mencionados. Y en esta afirmación no se excluye a las diversas causas relativas al apoderamiento de menores durante el último régimen de facto, que tramitan o tramitaron ante distintos órganos jurisdiccionales del país. La conclusión, entre otras tantas, de la causa 13 del año 1984 de la Cámara Federal de la Capital, en cuanto a que los individuos que realizaban procedimientos de detenciones ilegales respondían jerárquicamente a la autoridad militar suprema en el país en modo alguno alcanzada por los efectos del decreto 2741/90 del Poder Ejecutivo más lo expuesto en los apartados anteriores, me obligan a ampliar el objeto de la presente investigación ante la posible existencia de un sistema ilegal ordenado por el comandante en jefe del Ejército entre los años 1976 y 1980 destinado al deliberado apoderamiento de menores". La resolución concluye con la solicitud a Abuelas de Plaza de Mayo y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de que aporten la nómina completa de causas con sentencia definitiva por apoderamiento de menores desaparecidos o nacidos en cautiverio. Ayer Marquevich recibió las respuestas que identifican una docena de causas, entre ellas las de los mellizos Reggiardo Tolosa, Jimena Vicario y Laura Scaccheri.

EMPUJONES, NARANJAZOS, GRITOS Y PALOS FRENTE AL JUZGADO
CON LA CARA TAPADA, ESPOSADO Y EN CELULAR

Con las manos esposadas adelante, tratando de ocultar la cara y de evitar a los fotógrafos y la furia de los manifestantes, fue la imagen del ex dictador Jorge Videla ayer, cuando lo llevaron de la Regional San Isidro de la Policía Federal hasta el juzgado de Roberto Marquevich y después, cuando fue trasladado hacia la alcaidía de Tribunales.

Frente a la delegación de la Policía Federal de San Isidro se habían apostado numerosos periodistas desde temprano. Algunos fotógrafos pasaron allí la noche para conseguir la imagen de Videla esposado. El edificio estaba protegido por un vallado, detrás estaban los periodistas amontonados y detrás y entre ellos, los fotógrafos con escaleras y bancos. La negociación con las autoridades policiales para que facilitaran el trabajo de los hombres de prensa estaba en pleno trámite cuando comenzó a salir una Trafic celular y un camarógrafo gritó que lo llevaban a Videla. Eran las diez de la mañana.

El vehículo avanzó en forma brusca y tiró algunas de las vallas lo que generó confusión entre los periodistas y algunos fotógrafos cayeron de sus puestos de observación. De la delegación al juzgado hay unos 80 metros. La Trafic tomó por una calle lateral empedrada y angosta con automóviles estacionados en ambas aceras. Sólo quedaba espacio para la camioneta, que avanzó lentamente, seguida al trote por el enjambre de periodistas.

En la puerta del juzgado no había vallas, por lo que las entradas estaban resguardadas por una doble hilera de efectivos policiales que contenían al centenar de manifestantes con carteles del MST, PTS, Patria Libre y Quebracho. La camioneta intentó entrar de culata para proteger el descenso del ex dictador, pero luego de varios intentos fallidos entró de trompa y dejó media cabina afuera. Los manifestantes comenzaron a gritar "¡Asesino!", "¡Asesino!" y se produjeron empujones con los efectivos policiales.

Pero la presencia del mayor responsable del genocidio de argentinos durante la última dictadura provocó la furia de los pocos manifestantes que se lanzaron sobre la camioneta para darle patadas y puñetazos, al mismo tiempo que la sacudían de un lado a otro.

Ante esa situación, la policía trató de alejarlos. Algunos muchachos comenzaron a arrancar naranjas de los árboles de la cuadra y se las arrojaron. En ese momento se abrieron las puertas traseras de la Trafic y salió Videla con un sobretodo azul, inclinado hacia adelante con las manos esposadas, rodeado por unos diez policías que lo protegían con sus cuerpos y prácticamente llevado en andas por dos de ellos. Una lluvia de insultos, naranjas, piedras y palos cayó sobre la comitiva.

Videla estuvo seis horas en el interior del juzgado. En ese lapso, llegaron sus abogados Alberto Rodríguez Varela y Carlos Tabárez. También estuvo una delegación de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini, quien afirmó que "la detención de Videla es una parodia para tapar otros hechos de corrupción: ya no se habla de Yabrán, ni de la venta de armas y además le sirve a Menem para mejorar su imagen ante la re-reelección".

Un grupo de chicos de la Escuela Nacional de San Isidro llegó con pancartas, se plantó frente al juzgado y con megáfonos saludaron a las Madres y realizaron un homenaje a los diez estudiantes de ese establecimiento desaparecidos durante la dictadura. Luego regresaron a clase.

Cuando Videla se retiró, a las 16.35, recomenzaron los insultos, empujones, naranjazos y pedradas, que destruyeron la luneta trasera del automóvil de los abogados defensores del ex dictador. La policía cargó con escudos y palos y en los entreveros un camarógrafo de Telefé recibió una pedrada en la cabeza.

El ex general ingresó a las 17.00 a la alcaidía de Tribunales, estaba sin esposas ni corbata. Su destino final sería la Unidad 16 de la cárcel de Caseros, donde están los detenidos que provienen de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para protegerlos de los otros presos. Frente a Tribunales volvió a reunirse un grupo de personas. Un señor gritó en defensa del ex militar y fue apartado a empujones y escupidas. La defensa de Videla no es una causa simpática.

Balza reconoció que el ejército tenía un reglamento que establecía cómo tratar a los niños, copiado de uno norteamericano.

General Martín Balza, jefe del Ejército.
"No me consta la desaparición de menores."

En diálogo con El Ventilador de Radio América, el jefe del Ejército aclaró de inmediato que "un reglamento no es una orden" y ratificó que "a mí no me consta la desaparición de menores". La aclaración apunta a conjurar toda interpretación que implique deducir de ese código la existencia de un plan de acción. El reglamento en cuestión fue presentado en diciembre pasado por el fiscal federal Eduardo Freiler ante el juez Adolfo Bagnasco en la causa en la que se investiga el secuestro y apropiación de más de doscientos menores hijos de desaparecidos.

Desde Mendoza, adonde se trasladó para agasajar a la prensa por el Día del Periodista, Balza dijo que en el Ejército circuló "un reglamento, una prescripción doctrinaria general, de esas que existieron y fueron anuladas, que se habrían transcripto de una doctrina extranjera, concretamente creo que era de los Estados Unidos, en caso de tropas que actúen en situación de guerra subversiva. Estoy seguro de que lo habían escrito para su intervención en Vietnam. Pero eso era un reglamento, no una orden dada para proceder en el caso sobre hechos de esa naturaleza".

--¿El reglamento tenía alguna alusión al tema de los niños? --le repreguntó María O'Donnell.

--Creo que tenía alusión a cómo proceder con la población, a separar, sí. Pero era un reglamento, no era una orden dada al Ejército.

Los hombres de Balza se ocuparon en aclarar que "de ningún modo de esto se puede deducir una orden de cómo actuar en cada caso", porque eran "prescripciones generales". Sin embargo, el tenor de esas "prescripciones" suenan aterradoras. Página/12 publicó el 15 de marzo pasado párrafos centrales de esos documentos del Ejército, fechados en 1977. En "El Reglamento de Operaciones contra Elementos Subversivos" se afirma que de iniciarse un combate todos los enemigos deben ser aniquilados y no deben aceptarse rendiciones. El otro texto, que fue aportado a la Justicia, "Instrucción para Operaciones de Seguridad", ordena separar de inmediato a los niños de sus padres en el momento de un secuestro y dispone que en esos casos debían usarse capuchas o vendas para trasladar a los detenidos.

El capítulo 1 del primer reglamento sobre "Aplicación del poder de combate con la máxima violencia" sostiene que "la acción militar es siempre violenta y sangrienta" y que "su concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas deber ser aniquilado, dado que cuando las Fuerzas Armadas entran en operaciones contra estos delincuentes, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones". En el inciso h), el reglamento establece que las "órdenes verbales serán también normales", pero que deben ser claras y precisas para no imponer a quienes las reciben "responsabilidades que excedan su nivel y jerarquía; por ello no pueden quedar librados al criterio del subordinado aspectos de ejecución que hacen a esa responsabilidad. Por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o se los detiene, si se destruyen bienes, si se procura preservarlos, etc.".

En su segunda autocrítica parcial sobre la actuación del Ejército durante la represión ilegal, el pasado febrero, Balza precisó que entre los actos repudiables que perjudicaron la imagen institucional está "la disposición de niños nacidos en centros de detención y la sustitución de sus identidades". El jefe del Ejército en su respuesta, por escrito, ante el juez Bagnasco aseguró que a él no le consta la desaparición de menores. Ayer, en su diálogo radial, ratificó que a pesar de los radiogramas internos que envió a las distintas unidades para que le aporten información sobre este delito, que no fue perdonado por las sucesivas leyes de punto final y obediencia debida y el indulto, no recibió respuestas favorables. La confirmación de la existencia de los reglamentos muestra que el terrorismo de Estado respondió a una definición doctrinaria y no al vandalismo de "elementos" aislados dentro del Ejército.

"Es imposible que este sistema haya sido ignorado por la cúpula militar más importante. Funcionó en el Hospital de Campo de Mayo, en el Hospital Militar Central y en otras unidades sanitarias militares. Para que haya ocurrido de esa forma tiene que haber habido una coordinación. No fue producto de la acción de un médico loco que vendía chicos", reiteró ayer el ex capitán de caballería José Luis D'Andrea Mohr en relación al robo de bebés que se implementó durante la última dictadura militar. También explicó cuál era el procedimiento empleado para llevar a cabo el robo.

Ayer, D'Andrea Mohr se levantó temprano. Lo despertaron de varias radios para comentar la nota de tapa de Página/12, en la que se reprodujo parte de la investigación que realizó el ex militar junto a su par Federico Mittelbach. En la nota se consignaba la lista de oficiales que formaron la cadena de mandos en las cuatro causas por secuestro de niños que investiga el juez Roberto Marquevich, desde la persona que dio la orden superior hasta la que efectuó la sustracción de menores. D'Andrea Mohr reiteró ayer a las radios la conclusión que sacó en su investigación al comparar la documentación del Ejército con los casos de robos de chicos que investigaron las Abuelas de Plaza de Mayo: "De ninguna manera pudieron operar como maternidades clandestinas establecimientos como el Hospital Militar Central y el de Campo de Mayo si no hubiera existido un plan".

También explicó el procedimiento que empleaba la dictadura para robar los bebés: "Los partos se producían después de que las chicas estuvieran bien alimentadas, bien tratadas", dijo, y después pasó a describir los detalles del asunto: "Si el niño nacía en forma normal, se lo dejaban a la madre dos días. Después, el chiquito iba a la nursery del hospital y a la mamá la desaparecían. Si el parto se había producido por cesárea, se lo dejaban cinco días y pasaba lo mismo que en el caso anterior. Esto consta en declaraciones de parteras, enfermeros, ex soldados conscriptos, algún soldado conscripto que aparece en mi libro de desaparecidos por estas causas".

Al cierre de esta edición, D'Andrea Mohr hablaba en "Hora Clave" con Mariano Grondona y explicaba que "es imposible pensar que existiera esa metodología sistemática" si no se hubiera respetado la cadena de mandos.