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Por David Cufré El Gobierno fijó las condiciones para la capitalización de la deuda del Grupo Yoma con los bancos Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El decreto que firmó ayer Carlos Menem da lugar a un negocio chino para las arcas del Estado. La propuesta lleva a que las entidades oficiales resignen alrededor de 100 millones de dólares, sobre una acreencia total de 140 millones. Sin embargo, para que ello ocurra, el Ciudad y el Provincia deben aceptar el convite del Gobierno, alternativa que los bancos desecharían. "El objetivo es salvar a las empresas, no a los empresarios", dijeron en Economía a Página/12. El diseño de la capitalización fue realizado por esa cartera. Se basa en que los Yoma vendan la curtiembre, a cambio de saldar su deuda con los bancos. Pero los activos cubren apenas el 28 por ciento de esos pasivos. El decreto obliga al Nación a aceptar la propuesta, pero su presidente, Roque Maccarone, la considera un "despropósito", según confió en privado. Este diario tuvo acceso a la resolución oficial. Fija cuatro condiciones básicas que los ex parientes del Presidente deben cumplir para aprovechar la oferta. En primer lugar, se les otorga un plazo de 120 días para conseguir un comprador. La misma tarea les habían encomendado los bancos a principios de año para aceptar una nueva refinanciación de la deuda. Como el grupo riojano no pudo satisfacer el pedido, esa opción se cayó. Y los Yoma quedaron al borde de la quiebra, que ahora podrían esquivar si consiguen la capitalización. Justamente, el segundo requisito que establece el decreto para que ello suceda es que el Ciudad y el Provincia convaliden el esquema de rescate de deuda planteado por Economía. Horacio Chighizola, presidente del primero de esos bancos, se opone. Y en el Provincia aún no definieron su posición, pero compartirían el rechazo. El tercer condicionamiento que impuso el Gobierno para la capitalización es que un estudio contable realice una auditoría a la empresa y a sus balances, para determinar el monto en que podría venderse. De acuerdo con los cálculos de uno de los bancos acreedores, la compañía valdría alrededor de 40 millones, menos de una tercera parte de lo que adeuda. Por último, se fijó que los Yoma deberán desprenderse de toda participación en la curtiembre, y no podrán reingresar ni siquiera con un porcentaje minoritario. Pero el artículo más polémico del decreto es el que establece que se capitalizará el 100 por ciento de la deuda. Como se contó más arriba, son 140 millones de dólares. Ese es el punto con el que discrepan los bancos y que podría hacer naufragar esa salida. Existen dos lecturas sobre la propuesta de Economía. Por un lado, que es sumamente beneficiosa con los Yoma porque conseguirían licuar gran parte de la deuda. La segunda es que, de esta manera, Roque Fernández se desentiende del problema y ahora el entuerto queda para los bancos. Si rehúsan la alternativa, lo más probable es que la empresa se declare en quiebra, con lo cual recuperarían menos fondos que con la capitalización. Pero si la aceptan, y el Grupo logra responder a las difíciles condiciones planteadas, pueden quedar ante la opinión pública pegados al Gobierno en su rescate a los Yoma. Desde el Palacio de Hacienda se adujo que la capitalización fue concedida porque la empresa es "económicamente viable". "La capitalización y la venta serán realizadas en forma simultánea. Por lo tanto, si no hay venta (de la empresa), no se produce la capitalización", explicaron. Otra aclaración fue que el mecanismo "no implica estatización de firmas privadas ni el manejo de las empresas por el Estado en ningún momento", dado que son los deudores quienes tienen que conseguir el comprador.
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