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Por Juan Jesús Aznárez desde México  Ya sin ningún diálogo
político productivo imaginable, el gobierno mexicano cumple con su promesa de desmantelar
los ilegales "municipios autónomos" zapatistas en Chiapas, pero no queda claro
que esa finalización a tiros vaya a facilitar una solución negociada del conflicto.
Nueve personas resultaron muertas --un policía y el resto simpatizantes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)--, otras ocho fueron heridas y 57 detenidas,
durante el desalojo del ayuntamiento rebelde San Juan de la Libertad, efectuado el
miércoles por un destacamento del Cuerpo de Seguridad Pública y del ejército. La
situación se complica en ese empobrecido estado tras el primer choque serio desde hace
cuatro años entre zapatistas armados y militares y fuerzas de seguridad. Constituye el
hecho de sangre más grave desde la matanza de Acteal, en diciembre de 1997.
El desmantelamiento del municipio San Juan de la Libertad, llamado El Bosque antes de su toma por el zapatismo, y de otros dos concejos subordinados, sigue al llevado a efecto en tres aldeas rebeldes, y a la detención de sus promotores: primero fue el municipio Ricardo Flores Magín (Taniperla), el 11 de abril; después municipio Tierra y Libertad (Amparo Aguatinta), el 1º de mayo, y el municipio Nicolás Ruiz, el pasado 3 de junio. En el caso de San Juan de la Libertad, los zapatistas optaron por pasar a la acción. Los hechos se produjeron cuando varias columnas motorizadas, integradas por varios cientos de policías y soldados, se dirigían hacia los concejos insurrectos con órdenes de desmantelamiento y arresto. Un grupo de rebeldes se apostó con rifles en varios cerros cercanos a la ruta seguida por el convoy, y disparó contra los uniformados, indicaron las autoridades estatales. El destacamento desplegó sus hombres y tanquetas artilladas, y un helicóptero, alcanzado por un disparo, sobrevoló el teatro de operaciones informando a las tropas. Los indígenas zapatistas fueron dispersados mediante ráfagas de ametralladora. Ocho murieron, y cuatro más fueron heridos. Murió también un policía y cuatro fueron trasladados a centros hospitalarios. "Cinco de las personas muertas vestían uniforme de tipo militar, semejante al utilizado por los miembros del EZLN", informó el procurador de Chiapas, Rodolfo Soto Monzón. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, no cree posible un diálogo directo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mientras se aplique una "represión selectiva" en Chiapas. "Se está pensando ahora que con los enfrentamientos que se provocan en las comunidades, haciendo que se hagan pedazos y se dividan, y tratando de detener el movimiento de unos y otros aplastándolos, va a haber paz", declaró. El prelado abandona su mediación oficial pero no la particular. "La construcción de la paz es para todo obispo una tarea irrenunciable (...) Aunque estoy viejecito (74 años) no estoy diciendo que estoy cansado y me voy a sentar", dijo en una concentración de indígenas de Chiapas. Y en el Congreso, donde los hechos del miércoles acentuaron las divisiones existentes, la diputada del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlene Herrera, insistía en el criterio del Ejecutivo sobre el obispo, secundado en ese punto por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN): "Lo único que hizo fue frenar el proceso de negociación y enrarecer el diálogo". El congresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gilberto López y Rivas carga contra la administración, a la que acusa de ejecutar una política de guerra. Coincide con esa tesis el comunicado de una agrupación de ONG. "Cómo se puede proponer la vigencia del estado de derecho cuando permanecen impunes los autores de la matanza de Acteal", denuncian. Pero la mayoría de las fuerzas parlamentarias coinciden en algo: apoyar algún tipo de mediación, algún mecanismo que facilite el diálogo entre las partes. Se manejan varias alternativas, entre ellas devolver su protagonismo a la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).
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