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Por Horacio Verbitsky  Para los organismos de derechos humanos la competencia por la
investigación de los delitos de sustracción de menores no corresponde al juez federal de
San Isidro Roberto Marquevich, quien ordenó la detención del dictador Jorge Videla, sino
al juez federal de la Capital Adolfo Bagnasco, quien ya estaba investigando los partos
clandestinos en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Esta posición se analizó ayer
durante una reunión de dos horas, en la Asociación de Familiares de Desaparecidos por
Razones Políticas. "Marquevich no es competente para juzgar la autoría mediata y
mucho menos si el autor de que se trate ejerció sus funciones en la sede del sistema de
poder, es decir en la Capital Federal", dijo a este diario uno de los asistentes a la
reunión. El martes o el miércoles una delegación de los organismos de Derechos Humanos
visitará a Bagnasco para reiterarle el apoyo a su investigación y solicitarle que dicte
procesamientos subiendo por la cadena de comando. "Este análisis no atenta contra el
profundo significado simbólico y emocional que se desprende de la figura del máximo
represor entre rejas. Tiende, por el contrario, a asegurar la plenitud y eficacia del
enjuiciamiento necesario", añadió el vocero.
El 27 de mayo, los organismos de derechos humanos ya habían expresado su pleno apoyo a la investigación de Bagnasco y denunciado al ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y al presidente Carlos Menem por prestar oídos y prometer apoyo a las inquietudes expresadas por las Fuerzas Armadas por ésta y otras investigaciones judiciales, como las que llevan a cabo las Cámaras Federales de la Capital, de La Plata y ahora de Córdoba, y el juez español Baltasar Garzón. Menem también se opone a la creación por el Congreso de una Comisión de la Verdad. Calmada la excitación de ver al ex dictador esposado dentro de un celular policial y de saber que no fue conducido a un chalet de fin de semana en una unidad militar, sino a una cárcel (donde convive con personajes como el juez coimero Carlos Wowe y el procesado por estafa al programa Sol sin Drogas Adolfo Green), los organismos de derechos humanos han comenzado a analizar con cautela la situación. Una de las fracciones de las Madres de Plaza de Mayo (la línea Bonafini--Cerruti) acusó a Marquevich de haber actuado con fines subalternos, como aliviar la presión sobre el presidente Menem por la cuestión de los derechos humanos durante su gira europea o distraer la atención del escándalo por la venta clandestina de armas a Ecuador y Croacia durante los conflictos bélicos con Perú y Serbia. El resto de los organismos no opina acerca de presuntas intenciones políticas, pero intenta prever los problemas jurídicos del caso. Según los organismos de derechos humanos, en la base de la cadena de mandos está el mayor Julio César Caserotto, que fue jefe de Ginecología del Hospital Militar de Campo de Mayo, cuya responsabilidad en la sustracción de menores fue plenamente acreditada. El eslabón siguiente es el ex director del Hospital, el general médico Agatino Di Benedetto, quien hace dos semanas, en el Día del Ejército, reconoció ante Bagnasco el sistema clandestino de ingreso de embarazadas, que luego del parto eran retiradas junto con los chicos por oficiales del Comando de Institutos Militares. Esto remite en forma directa al eslabón siguiente, el ex comandante de la Zona 4 que funcionaba en ese Comando, general Santiago Omar Riveros. De allí debería ascenderse a la jefatura de Estado Mayor, que desempeñaba el fallecido ex general Roberto Viola y, como último nivel, a Videla. Según el análisis de los organismos, en las causas en las que Marquevich investigaba a los autores materiales de la sustracción de menores (Miguel Angel Furci, Carlos De Luccía, Norberto Bianco,Hernán Tetzlaff y las esposas de cada uno de ellos) ni los particulares damnificados ni la fiscalía habían apuntado a los autores mediatos, ni el juez había orientado su pesquisa en esa dirección. Hasta el personal del juzgado que intervino en las causas se sorprendió por la decisión de Marquevich de procesar a Videla, de lo cual no tuvieron ningún indicio previo. Los organismos de derechos humanos sostienen que Marquevich sabía que Bagnasco tendía a investigar la responsabilidad de la cúpula militar, porque le había solicitado copias certificadas de varios documentos. "Se saltea eslabones en la cadena de mandos, incursiona en un terreno que ya está investigando eficazmente otro juez y detiene al único represor que está en condición de invocar defensas que no pueden ignorarse. Esto plantea problemas de fondo: eventual existencia de cosa juzgada y de prescripción, y de competencia", sostienen. Este es su análisis sobre cada uno: La cosa juzgada. En 1985 la Cámara Federal de la Capital condenó a los ex Comandantes como autores mediatos de los tres delitos que básicamente habían integrado el plan criminal: privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, pero los absolvió por el de sustracción de menores, alegando que no formó parte del plan criminal. La Cámara dijo que si bien el proceso se había circunscripto a los 700 casos paradigmáticos elegidos por la Fiscalía, prescindiendo de miles de otros, los imputados no podrían volver a ser perseguidos "por otros hechos del mismo tipo". Entre ellos estarían los centenares de casos de sustracción de menores que en los casi tres lustros posteriores se fueron probando. Este es el argumento de la defensa de Videla y del fiscal adjunto en el juicio de 1985, Luis Moreno Ocampo. Pero para los organismos ninguna sentencia judicial puede producir cosa juzgada más allá de los casos juzgados. De lo contrario se cercenaría la plenitud de facultades de otros tribunales, cuando se trata de otros hechos y de otras víctimas. Pero no ignoran el obstáculo que implica el que Videla haya sido absuelto como autor mediato. Es por demás llamativo que en su auto de procesamiento, Marquevich haya hecho referencia al juicio de 1985, pero sin contestar el punto de la sentencia que absolvió a Videla por sustracción de menores. La prescripción. Videla está imputado por su capacidad de decisión como jefe de un aparato organizado de poder. El razonamiento defensista sostiene que el reloj de la impunidad habría empezado a correr para él cuando entregó el mando a Viola, en 1981. Como el plazo más largo del Código Penal es de 15 años, la prescripción ya habría operado. Sin embargo, en la causa que lleva Bagnasco, los abogados de las abuelas, Alberto Pedroncini y David Baigún sostuvieron que las causas no habían prescripto. Como en la mayoría de los casos los menores de 10 años secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio no han aparecido, debe suponerse que fueron asesinados, reducidos a servidumbre o se convirtieron en desaparecidos, y ese delito debe ser investigado. De otro modo, si el menor fue secuestrado junto con su madre o su padre, el adulto seguiría teniendo protección penal como objeto del delito permanente de desaparición, pero al cumplir los diez años de edad, el menor quedaría librado a la voluntad de un aprehensor impune. Los organismos también entienden que el nacimiento en las condiciones inhumanas de un campo de concentración, la separación de la madre y el asesinato de ésta, son cubiertos por la Convención Internacional contra la Tortura. La competencia. Para los organismos de derechos humanos el plan criminal construido desde la cúspide de un sistema de poder centralizado y las responsabilidades de los autores mediatos deben ser juzgados por un solo tribunal, como ocurrió en 1985 con la Cámara Federal de la Capital en la causa 13 contra Videla, Massera & Cía. De otro modo, un juez podría decir que un determinado delito formó parte del plan y otro que no, en lo que técnicamente se llama un escándalo jurídico. La conclusión es que la competencia corresponde al juez que ya estaba investigando estos delitos en la Capital, sede del comando que ejerció Videla, es decir Bagnasco. Si de prever los acontecimientos se trata, vale la pena recordar que en su testimonio Di Benedetto dijo que las embarazadas eran alojadas en el área de Epidemiología del Hospital, que estaba a cargo del doctor Domínguez. El hoy general de Sanidad Domínguez es director del Hospital Militar de Campo de Mayo y el primer militar en actividad involucrado en las investigaciones.
Habían imputado como autores materiales o mediatos o partícipes necesarios de los delitos a los generales Jorge Olivera Róvere, José Montes, Andrés Aníbal Ferrero, José Rogelio Villarreal y Adolfo Sigwald, como ex comandantes de Subzonas de la Zona 1; a los jefes de las subzonas que dependían de la Zona 4, a cargo de Riveros: los generales Fernando Humberto Santiago, Benito Bignone y Antonio Domingo Bussi; al Jefe de Inteligencia de la Zona 4, el entonces coronel Fernando Verplaetsen, ninguno de los cuales puede alegar que ya fue juzgado. También a la plana mayor y los oficiales y suboficiales de la Armada Manuel García Tallada, José Suppicich, Jorge Vildoza, Horacio Pedro Estrada, Carlos Octavio Capdevila, Adolfo Miguel Donda, Héctor Antonio Febres, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, Carlos Carella, Juan Antonio Azic, Francis Whamond, Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Luis D'Imperio. Algunos de ellos han muerto, como el general Ferrero o el almirante D'Imperio. Otros continúan en actividad como el marino médico Capdevila, que controlaba la resistencia de los torturados en la ESMA y luego participó del contingente argentino en la Operación Tormenta del Desierto. También hay quienes se han volcado a la actividad privada: Estrada supervisó el embarque clandestino de armas a Ecuador durante la veda impuesta por el conflicto con Perú, y Donda es uno de los marinos reclutados para el dispositivo de seguridad de Alfredo Yabrán. Verplaetsen cumplió en marzo veinte días de arresto que le impuso el jefe de Estado Mayor, por la difusión de una carta en la que propuso "reivindicar la lucha contra la subversión" que calificó de "sana y patriótica".
Por Romina Calderaro
"Sé que soy un kamikaze, pero pienso así", explicó ayer a este diario Luis Moreno Ocampo. Todo comenzó el jueves en el programa de Mariano Grondona, cuando el abogado dijo que Videla debería quedar en libertad "por un principio básico del derecho que dice que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, y Videla en ese tema ya fue absuelto". Ayer, las repercusiones no se hicieron esperar. Página/12 dialogó al respecto con Moreno Ocampo. --El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Simón Lázara, dice que en este caso no hay "cosa juzgada" porque en el '85 la Cámara absolvió a Videla en seis casos puntuales que no se pudieron probar, pero ahora surgen cinco que sí podrían ser juzgados. --No es así. Cuando los jueces lo absuelven por el delito de sustracción de menores lo que dicen es que ese delito no formaba parte del plan criminal aprobado por Videla. Eso está claro en la sentencia. Entonces si en ese momento la Cámara falló que no hubo sistematización en la sustracción de menores, las pruebas que surjan ahora demostrando lo contrario no sirven. Creo que el juicio a las juntas fue la piedra fundamental de la democracia. Lamentablemente, el indulto destruye esto y establece la impunidad. A partir de eso todo está mal, pero es así. Lo demás es juzgar sin fundamentos. Para Julio César Strassera, las cosas no están tan claras. "En ese momento había cosas que no se sabían muy claramente. Hay que acordarse de que eran muy pocos casos que no le daban a la Cámara pie para entenderlos como sistemáticos". Sobre ese punto explicó que, "la investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo ha demostrado acabadamente que esto era parte del sistema. En derecho a veces las cosas no son tan fáciles y requieren una interpretación judicial". Más tarde subrayó que Videla "puede ser enjuiciado porque el delito de sustracción de menores no aparece cubierto por las leyes de obediencia debida y punto final". El abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, no cree que sea imposible reabrir la causa. "La cosa juzgada derivada del fallo de la Cámara Federal es muy singular y merece un análisis jurídico para que se determine si corresponde a este caso", explicó. Y siguió: "No hay precedentes jurídicos en cuanto a una cosa juzgada donde se enjuicia a un sistema sólo a través de un número determinado de casos y se dice que la sentencia queda automáticamente extendida a todos los demás casos del mismo tipo, aunque no hayan sido juzgados". Para Moreno Ocampo no hay dudas al respecto. No se puede volver a juzgar a Videla. --Entonces, ¿usted cree que Marquevich está procediendo mal? --preguntó este diario. --Yo creo que está equivocado, quiero ver los fallos. Yo dejé mi vida, trabajé cinco años de mi vida en el juicio a las juntas y sé que es lo más importante que hice en mi carrera. Quiero ver a Videla preso, pero como país tenemos que aprender a respetar las leyes. Por otra parte, Videla ya está condenado por la sociedad y por los jueces. No me gustaría estar en su lugar. Pero los argentinos tenemos que profundizar el debate de cómo establecemos la ley. Porque, si no, nos vamos a seguir tragando sapos. El debate no está concluido. Más de un integrante del Tribunal que juzgó a las juntas militares prometió a este diario "repasar la sentencia" para luego opinar.
EL GOBIERNO INSISTE EN QUE NO ACCIONO SOBRE
MARQUEVICH
El gobierno nacional instruyó a cada uno de sus funcionarios para que desestimen toda participación del Ejecutivo en la captura y encarcelamiento de Jorge Rafael Videla, ordenada el martes por el juez Federal de San Isidro, Roberto Marquevich. A tono con lo que se podría interpretar como un contundente cambio de rumbo del menemismo en su política sobre derechos humanos, que entre otras medidas indultó a los comandantes de la dictadura, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, señaló la necesidad de "clarificar todo lo ocurrido con los niños de los desaparecidos". Dijo que eran "estupideces" las especulaciones de la oposición que cree ver detrás del caso Videla una maniobra para mejorar la imagen del presidente Menem con vistas a su proyecto de re-reelección. Y volvió sobre sus pasos al asegurar que "el Gobierno no va a colaborar con el juez español Baltasar Garzón quien lleva una causa en la que se investiga la desaparición de ciudadanos españoles en la Argentina. El funcionario no aclaró por qué en un caso resulta necesario conocer la verdad y en el otro no. En la misma sintonía, Ramón "Palito" Ortega consideró como "disparatadas" las versiones sobre una maniobra del Gobierno para mejorar su imagen. "Hay que dejar actuar a la Justicia", dijo. "Es un tema estrictamente vinculado a la Justicia y respetamos esa decisión", abonó por su parte el viceministro del Interior, Jorge Matzkin. "El Poder Judicial es independiente y el Ejecutivo no puede opinar sobre un debate judicial", insistió la subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez. Sin embargo, para la oposición resulta curiosa la repentina determinación de Roberto Marquevich, sobre él pesan dos pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados y que habría sido propuesto por el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, como el posible reemplazante de Hugo Anzorreguy al frente de la SIDE, lo que por cierto no habla de un hombre sin vínculos con el Gobierno. Desde la cárcel, el jefe carapintada Mohamed Alí Seineldín asegura que "dentro del nuevo orden internacional", el Gobierno montó una operación "para enviar a todos los generales del Proceso a un juicio internacional".
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