Panorama político
DE MANIOBRAS
Por J. M. Pasquini Durán

Los antecedentes de la situación, la oportunidad para el procedimiento y la generalizada incredulidad acerca de la palabra oficial cubrieron de sospechas la detención de Jorge Rafael Videla, indultado en diciembre de 1990 por decisión del presidente Carlos Menem, que proponía el olvido por decreto. Con un poco de memoria, sumado a la actuación de un juez que está al borde del juicio político, surgen las presunciones negativas más extremas según las cuales en pocos días más, tal vez en horas, el indultado conseguirá zafar, otra vez, de la prisión merecida y el caso se apagará como fuego artificial. Los augurios optimistas, en cambio, imaginan la punta de un ovillo que arrastrará a una cadena de mandos a la cárcel, ya sea por la comisión de los crímenes aberrantes imprescriptibles vinculados a la sustracción de menores o por genocidio.

En la peor de las hipótesis (la maniobra falaz y oportunista), de todos modos el trámite judicial es auspicioso. Ante todo, porque evidencia que la impunidad y el olvido no consiguen imponerse a las demandas de verdad y justicia. ¿En cuántas ciudades del mundo, que hayan pasado por años de plomo semejantes a los de aquí, pueden encontrarse en una calle cualquiera anuncios como los del escrache: "En esta casa vive un criminal genocida"? Este es un mérito de la incansable actividad de los defensores de los derechos humanos, de todos ellos pero en especial de las Abuelas de Plaza de Mayo por lo que se refiere al horroroso capítulo de los partos clandestinos, el robo de los recién nacidos y el asesinato de sus madres. Todo eso fue parte de un plan genocida, según quedó probado en el juicio a las Juntas y acaba de reconocerlo hasta el general Martín Balza, jefe del Ejército.

Si el juez Roberto Marquevich, en defensa propia, o por mandato del oficialismo, tiene que recurrir a este expediente, significa que la presión de la opinión pública, aquí y en el mundo, le va ganando a la doctrina del encubrimiento. Si el Presidente indultador necesita de esta maniobra para responder a los constantes reproches por derechos humanos, de gobernantes y periodistas de los países que visita, aun en los más remotos, hay dos conclusiones obvias: 1) fracasó su política de falsa "reconciliación nacional", y 2) la impunidad tiene patas cortas. A cambio de un argumento pasajero, ya que si Videla zafa las explicaciones incómodas regresarán aumentadas, para el itinerario oficial la pérdida sustancial es considerable.

Hoy son los genocidas y mañana serán los corruptos quienes ocupen el banquillo de los acusados, porque ya no alcanza con la complicidad del poder para obtener privilegios permanentes. No es poco decir respecto de un gobierno que hizo de aquellas políticas una cuestión central, equiparables en sus ámbitos, e inseparables, con la política económica de desnacionalización patrimonial y mayoritaria exclusión social.

La reacción social y política en las primeras horas de la prisión de Videla muestra que, aun con las suspicacias del caso, la inmensa mayoría del pueblo venció los miedos implantados por el terrorismo de Estado y rescata la memoria con integridad moral, aunque la tarea suponga un tránsito de incomodidad y amargura. Los miedos anulan o amortiguan los juicios de valor y sin éstos las relaciones entre las personas son apenas instrumentales. Quiere decir que los otros son, todos, sujetos de los que deberíamos cuidarnos y, por lo tanto, la convivencia democrática es inalcanzable.

Si verdugos y víctimas pueden cruzarse por la calle en igualdad de condiciones, no sólo la legalidad es improbable. Como lo demostró el filósofo inglés Peter Strawson, en su tesis sobre "Libertad y resentimiento", el juicio de valor implica también una profunda suposición de libertad. En la verdad y la justicia cada uno es más libre para saldar las cuentas pendientes y para trazar la línea del horizonte. Ninguna persona, al igual que ninguna sociedad, puede resolver por propia voluntad hacia dónde va si no sabe de dónde viene.

La actitud frente a esta inesperada situación no es la primera, sin embargo, que muestra esa mudanza de opinión popular. A principios de este año, las encuestas desarmaron la renuencia de los legisladores del oficialismo y la oposición a derogar las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, porque siete de cada diez argentinos así lo querían. También entonces hubo voces levantadas, con razonable disgusto, porque el Congreso derogaba en lugar de anular esas normas inicuas. Hubo quienes presumían que era sólo maquillaje, sin ninguna consecuencia real, mientras otros pensaban que, en este tipo de revisiones, todo acercamiento hacia la justicia es un paso adelante, a veces pequeño, a veces mayor.

Tampoco la decisión del juez Marquevich es la primera decisión judicial auspiciosa. Hace poco tiempo, los abogados del caso Dagmar Hagelin lograron un fallo favorable para un recurso de queja contra la decisión de "cosa juzgada" por parte de la Corte Suprema. Primero el juez Osvaldo Guglielmino y ahora la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazaron la intención del Poder Ejecutivo nacional de hacer tabla rasa con las instalaciones de la ESMA. La Cámara Federal de Córdoba decidió reabrir las causas que involucraron a la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército durante la dictadura, bajo el mando de Luciano Menéndez. El juez federal Adolfo Bagnasco investiga otros casos presentados por Abuelas. Habría más y variado para el recuento. ¿Dónde colocar los fallos que rechazaron los intentos de amordazar a la opinión de la prensa? ¿En qué columna del balance tendrá que figurar el suicidio, voluntario o inducido, de Alfredo Yabrán?

Tampoco hay motivo para alardear, como lo hizo el presidente Menem con entusiasmo duhaldista, sobre "la mejor Justicia del mundo", ni mucho menos. Ni siquiera sobre la plenitud de libertad en la sociedad, cuando el miedo y la inseguridad forman parte de la vida cotidiana de tanta gente. Basta repasar la reciente encuesta del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, realizada en la Capital y el Conurbano, donde seis de cada diez personas aparecen cambiando sus hábitos de vida por temor a la delincuencia. Ejércitos irregulares de hombres armados patrullan la sociedad cometiendo desmanes que, por lo general, quedan sin castigo adecuado, cuando no son cómplices de quienes deberían reprimirlos.

Esta es una larga marcha, con avances y retrocesos, cuya meta final lo más probable es que nunca sea alcanzada, pero que tiene etapas y vale la pena regocijarse cuando alguna de ellas queda cumplida. La imagen de Videla en una celda es una de esas oportunidades para el regocijo, no por la persona, aunque sea repudiable del todo, sino por la capacidad social para restablecer principios de conducta. Es una escaramuza ganada a la impunidad, pero también al escepticismo y a la desesperanza. Vale la pena la prédica pertinaz en favor de la libertad y los derechos humanos. Nada de lo que se haga en ese sentido es en vano, sean los juicios en Francia, España, Italia y Alemania, los reclamos escandinavos, los escraches, las rondas, las marchas, los pleitos en tribunales y las denuncias periodísticas.

Hay que decir que todavía las dirigencias políticas muestran reflejos lentos y débiles para acompañar las angustias y las expectativas populares, obnubiladas muchas veces por la práctica diaria de las mezquinas internas partidarias, que deforman la realidad, otorgándole a todo lo que sucede una dimensión conspirativa que anula los impulsos vitales más sanos. El conspirador manipula la decepción de los otros para abrirse camino, mientras que el idealista confía en la esperanza. Puede ser que los políticos, obligados a confrontar con la gris realidad de cada día, sean menos idealistas, pero tampoco es necesario que adopten el sigilo de los conspiradores. La actitud que asuman influirá en la marcha de los asuntos públicos, que son su materia prima desde el momento en que pidieron el voto de confianza de sus conciudadanos.

Así, si la prisión de Videla y las otras ventanas abiertas para ventilar el pasado vuelven a cerrarse o se abren del todo, dependerá de muchos factores más que la voluntad, sincera o fingida, de unos cuantos jueces o fiscales. Es un asunto que excede incluso a los movimientos en favor de los derechos humanos, así como la educación y la salud exceden a maestros y médicos. Son temas de importancia nacional, porque está en juego el interés colectivo. Sería interesante, por ejemplo, que los legisladores alentaran a los jueces que, por la razón que fuere, han abierto esas ventanas, del mismo modo que lo hicieron con el juez que actúa en la investigación del atentado contra la AMIA. Nadie extendería un cheque en blanco para tribunales que se han ganado el desprestigio público por sobradas razones, pero también es cierto que, en situaciones como la presente, el respaldo político, y el compromiso que supone, para seguir en la huella pueden compensar el tráfico de influencias conspirativas que suelen manipular los expedientes judiciales.

Los autores de un libro reciente (El terror y la gloria, La vida, el fútbol y la política en la Argentina del Mundial 78, de Gilbert y Vitagliano) eran adolescentes cuando Videla asaltó el poder. Veinte años después, en tiempos de otro Mundial, volvieron sobre el pasado para recontar las huellas que los trajeron hasta hoy. En uno de esos tramos encontraron las extrañas maneras en que una sociedad puede encontrar códigos para descifrar la realidad en una canción o en una simple frase que, a lo mejor, nunca quiso decir lo que se entendió. Recuerdan, también, lo que escribió en sus memorias la norteamericana Lilian Hellman, que sufrió el macartismo en su país con su compañero, el eminente Dashiell Hammett: "¿Desde cuándo es necesario estar de acuerdo con alguien para defenderlo de la injusticia?... La verdad lo convertía a uno en traidor, como a menudo sucede en tiempo de canallas". El tiempo de canallas nacionales, que se empeña en perdurar, ya salió de las sombras, nadie puede dejar de verlo ni necesita claves especiales para entender lo irrefutable. Por lo tanto, es tiempo de que la verdad sea sinónimo de lealtad y nobleza.

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