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 Una decena de
oficiales de la Gendarmería Nacional acusados por la comisión de delitos aberrantes
durante la dictadura militar, cuando esa fuerza de inseguridad actuó bajo las órdenes
del ex comandante en jefe del Ejército Jorge Videla, ocupan hoy o han ocupado hasta hace
muy poco los cargos de más alta responsabilidad de esa institución, que ahora depende
del ministerio del Interior, entre ellos la Dirección de Inteligencia, la custodia de la
Triple Frontera y la protección (sic) a los edificios de la colectividad judía.
Funcionarios del gobierno nacional han señalado que las leyes de impunidad impedían
procesar a los responsables de aquellos crímenes. Sin embargo, nada impide que sean
separados de las filas. Por el contrario, se les confían tareas de la máxima confianza.
Personas que no han rendido cuentas por sus actos del pasado inciden en la fijación de
políticas para el futuro. La Gendarmería es la pieza maestra en la programación
represiva con que el Ministerio del Interior contempla encarar el último año del mandato
presidencial.En mayo de 1997, este diario reveló que el jefe de las tropas de Gendarmería enviadas a reprimir las movilizaciones de desocupados, docentes y petroleros neuquinos había dirigido hace dos décadas el principal centro de exterminio de prisioneros de la provincia de Tucumán y asistido personalmente al general Domingo Antonio Bussi en la ejecución mediante disparos a la cabeza de personas cuyos cuerpos caían en pozos donde eran quemados con neumáticos y una mezcla de nafta y aceite. En las actuaciones de la comisión investigadora bicameral de la Legislatura de Tucumán, en las de la Conadep y en causas de la justicia federal de Tucumán, está identificado como Eduardo Vicente Jorge, quien al producirse el golpe de 1976 era primer alférez de Gendarmería, a cargo del campo clandestino de concentración que funcionó en la Compañia de Arsenales del Ejército “Miguel de Azcuénaga”. En 1984 el ex cabo Omar Eduardo Torres (un electricista que hoy tiene 44 años y vive en Salta) declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; en 1985 su testimonio condujo a la condena de Videla, y la semana pasada aportó sus conocimientos al juez Baltasar Garzón en Madrid. Explicó que los detenidos eran encadenados a las paredes y torturados con el submarino en un tanque de 200 litros de agua y mediante el paso de corriente eléctrica con teléfonos de campaña. “También tuvo noticias de que les arrancaban las uñas con una tenaza y los golpeaban con cadenas” y pudo ver que a uno “lo enterraron hasta la cabeza en un pozo”. Torres añadió que para matarlos se cavaban pozos en los que “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”. Efectuaba el primer disparo el general Antonio Domingo Bussi. Además de Bussi, daban las órdenes los gendarmes Jorge y Rivero. Jorge era el de mayor antigüedad, dijo Torres en la causa “Compopiano” del juzgado federal 2 de Tucumán. El precio de la paz Luego de la publicación de estos testimonios, el ministro del Interior Carlos Corach solicitó un dictamen a la Subsecretaría de Derechos Humanos. La abogada Alicia Pierini confirmó que el legajo 6667 de la Conadep mencionaba a Jorge como uno de los oficiales que “participaba en las ejecuciones de Tucumán”. Pero interpretó que lo habría hecho “en tanto que parte de un cuerpo institucional. Como tal pudo haber compartido la represión ilegal de la dictadura, al igual que miles y, como tal, forma hoy parte de la reconversión a la democracia”. Concluyó que “la coexistencia en los espacios institucionales de los ex represores” sería “el precio de la paz”. Corach tomó nota: catorce meses más tarde, el comandante mayor Eduardo Jorge sigue prestando funciones, ahora a cargo de la Inspección General de Gendarmería, con oficinas en el tercer piso del edificio Centinela. Un compañero de Jorge en Tucumán fue el ahora Comandante general Paulo Enrique Garro, quien prestó servicios en la Escuelita de Famaillá, en Concepción y en Campo de Mayo, cuando Videla era comandante en jefe del Ejército. En la actualidad es el Subdirector de Gendarmería Nacional y el candidato preferido de Corach para suceder al actual director, comandante general Timar Musumeci. En abril del año pasado, Garro fue el autor de varios documentos secretos, remitidos a Corach, sobre la base de los cuales Menem y miembros del gabinete hablaron de un presunto “rebrote subversivo”. Uno de esos documentos alertaba sobre “reacciones populares, pudiendo ir acompañadas en algunos casos de actos terroristas concretos (se han detectado pintadas y obtenido un importante volumen panfletario)”. La Dirección de Inteligencia que elabora esos informes que consideran terrorista la expresión a través de pintura y tinta de imprenta está a cargo del Comandante mayor Benito Palomo, quien antes fue jefe de la Agrupación Salta, enlace con el Ministerio de Defensa, Director de la Escuela de Gendarmería y jefe de la Región II, Rosario. En el legajo 4636 de la Conadep Palomo es mencionado con el alias de García por su actuación en el campo clandestino El Reformatorio, de Tucumán. Allí figura el testimonio prestado por el ex gendarme Antonio Cruz, el 6 de junio de 1984, en el Juzgado Federal 1 de Tucumán. El Reformatorio funcionaba cerca del centro de Tucumán, a dos cuadras de un río o arroyo; frente a una carnicería y una fábrica de casas rodantes, que antes había ocupado un verdadero reformatorio de varones. “Allí conocí a uno de los que estaban a cargo de interrogar a los detenidos cuyo nombre de guerra era García, pero en realidad se trataba del segundo comandante Benito Palomo”, dijo Cruz, quien también vio en La Perla al “segundo comandante Nazar, de la Escuela de Gendarmería, destinado a inteligencia.” La Junta de Calificaciones había recomendado el ascenso de Palomo a Comandante general, pero Musumeci no se animó a proponerlo. Para encontrar a Vicente Antonio Nazar no hay más que llamar a la Secretaría General de la Gendarmería; antes pasó tres años de comisión en Chile. Otro de los oficiales de Gendarmería mencionados en la causa que instruye Garzón en Madrid, según reveló la abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez, es el ahora comandante principal Marcial Pérez Carvallo, quien también estuvo destinado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán. Hoy es el segundo jefe de la Agrupación Seguridad, que dirige el operativo sobre edificios de la colectividad judía. Hagan juego En sus testimonios ante la Conadep y el juez federal Ricardo Sanjuan, otro gendarme asignado al mismo campo de concentración, Antonio Cruz, describió su experiencia en la denominada Escuelita de Famaillá y la Compañía de Arsenales. Luego de oír los gritos de un torturado por encima de la Misa Criolla “vio que orinaba sangre”. Cuando el interrogador lo supo, “procedieron a colgarlo de las muñecas contra una columna, y allí lo dejaron colgado y se fueron. A la madrugada siguiente murió”. En el Arsenal oyó gritar a un hombre. “Vio que tenía las muñecas lastimadas y llenas de gusanos y la cabeza rota, procediendo de inmediato a dar cuenta al enfermero, y éste con una pincita de depilar le sacó los gusanos y con una aguja e hilo comunes le cosió la cabeza. En el Arsenal se torturaba a puertas abiertas, sin interesarles a los torturadores que alguien pudiera ver lo que se hacía”. También narró un fusilamiento que presenció. El coronel Caffarena, de la Quinta Brigada del Ejército, anunció a tres prisioneros que los dejaría en libertad. “Llamó al deponente y a otros tres o cuatro gendarmes y los condujo por el sendero al pozo. Caffarena los hizo arrodillar y procedió a fusilarlos, cayendo al pozo que se encontraba cubierto de ramas y gomas de autos. Cuando cayeron les tiraron más gomas y una mezcla de aceite con nafta y de lejos les tiraron antorchas. La persona que se le muestra en la fotografía quedó vivo y tenía una rueda de tractor sobre el pecho mientras se quemaba, por lo que el declarante le pidió al primer alférez Celso Alberto Barraza que lo matara, pero éste no le hizo caso y lo dejó morir quemado.” El ahora Comandante principal Celso Alberto Barraza, es uno de los hombres de confianza del Director General Musumeci. En los últimos años fue segundo jefe de la Agrupación Misiones, Director de Operaciones y jefe del decisivo Escuadrón Iguazú, sobre el lado argentino de la Triple Frontera, donde prestaba seguridad a una instalación estratégica: el casino de Iguazú. Fuentes de la Gendarmería atribuyen esa curiosidad a una solicitud de un hombre de negocios dudosos vinculado con el secretario general de la presidencia Alberto Kohan, Miguel Egea. La situación en Iguazú se complicó cuando el jefe de la Sección Puente, comandante Gentile, empezó a anotar en el libro de guardia los camiones que Barraza autorizaba a cruzar sin extremar el control de documentación que la Secretaría de Transporte delegó en Gendarmería. Barraza consiguió incautar esos libros, pero Gentile los había fotocopiado. Su hermano, el comandante principal Carlos Hugo Barraza, quien durante la guerra sucia estuvo destinado en la Escuelita de Famaillá, en Concepción y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga es hoy el secretario privado de Musumeci. El botín Otro integrante de la patota tucumana de entonces que ha hecho carrera hasta hoy es Eugenio Pereyra a) Quintana, mencionado en el legajo 7077 de la Conadep, como alférez primero, integrante de Sección o grupo en el campo clandestino de concentración El Olimpo, Buenos Aires. El testimonio que contiene, prestado en julio de 1984 por el ex gendarme Omar Torres, lo describe como “del Servicio de Inteligencia, un tipo muy duro en el trato no sólo con los gendarmes sino con el resto del personal”. Torres describe su llegada al Olimpo: “Cuando termina el mundial de fútbol unos treinta hombres de los que habían estado en la cancha de fútbol como custodias son convocados a Campo de Mayo, al Destacamento Móvil, en donde reciben instrucciones por parte del Segundo Comandante Guillermo Cardozo cuyo nombre de guerra era Cortez. Este les dijo que tendrían que cumplir una misión especial y que iban a cobrar un sobresueldo y que debían dejarse el pelo largo y la barba y usar sobrenombres o apodos”. Según el mismo testimonio, ese campo tuvo dos jefes sucesivos: el mayor del Ejército Guillermo Antonio Minicucci a) Rolando, y el gendarme Cardozo/Cortez. Entre el 10 y el 17 de octubre de 1978, una comisión integrada por los gendarmes Cortés y Quintana, junto con otros caballeros que respondían a los apelativos de Ciri, Centeno, El Alemán, Odera, Nelson, Miguel, Guerra, La Foca, y El Sapo, marcharon a un procedimiento en el que esperaban encontrar mucho dinero. Los primeros tres miembros del grupo arrojaron una granada antes de entrar aunque “los moradores de la vivienda no habían ofrecido ninguna resistencia”. El resto de los incursores “arroja otra granada con la intención de eliminar a los tres oficiales que habían entrado”. De la casa sacaron el cuerpo de un hombre y de una mujer, ambos malheridos, y una nena de tres años. “Cree que el hombre se llamaba Raúl. Que los cuerpos estuvieron en el suelo hasta el otro día a la mañana. Que sabe que a los muertos les sacaron las huellas dactilares y también fotografías” y sus cuerpos fueron quemados. “Que a los cuerpos de la mujer y del hombre los vio el dicente tirados en el piso en el Olimpo, ya sin vida. Ambos estaban muy heridos y presentaban en el rostro características de las que se presentan cuando son heridos por el estallido de una granada. Que recuerda que la mujer estaba embarazada”. La criatura “estuvo pocas horas dentro del Olimpo y después no la vio más”. También murió Ciri, mientras “Miguel y Centeno resultaron heridos”. Al tiempo, Miguel “que era del Ejército, capitán o teniente, apareció por el pozo y se peleó con Cortez. Que ambos se insultaron y Miguel le pegó a Cortez un golpe en la cabeza con la pistola, viendo que de la cabeza de Cortez manaba sangre. Que el comentario que había entre sus compañeros era que esa pelea tenía su origen en el tema del reparto del botín y el episodio de la granada”. Acusado por 105 privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios como jefe de El Banco y El Olimpo, Minicucci fue detenido con prisión preventiva por la Cámara Federal por 16 casos de torturas. La dictadura lo condecoró, Alfonsín lo puso en libertad con la ley de obediencia debida. Cuando ya estaba retirado, Menem propuso su ascenso retroactivo y Alicia Saadi informó al Senado que sólo tenía una sanción disciplinaria por uso excesivo de tarjeta de crédito, de modo que consiguió el grado y el sueldo de coronel. Entre las personas de cuya desaparición es responsable están el periodista Luis Guagnini y el científico Alfredo Giorgi. Guillermo Víctor Cardozo, alias Cortés, responsable de aquel campo de concentración dependiente de Videla, del que desapareció una criatura de tres años, es ahora Comandante mayor y fue hasta hace un par de meses Segundo Jefe de la Región II, Rosario, de Gendarmería. Mientras cumple los seis meses de disponibilidad previa al retiro, concurre todos los días a la sede de la Región, en el Boulevard Nicasio Oroño 1340. Su compañero de patota, Eugenio Pereyra, alias Quintana, está ahora en la Dirección de Planeamiento y Educación de Gendarmería. Un buen lugar para formar a los gendarmes del siglo XXI. EL OSTRACISMO DE LOS MILITARES QUE PRACTICARON
LA ETICA
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