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 Verdadero
cerebro del proyecto económico social de Tony Blair, el ministro de Economía Gordon
Brown, número dos y coarquitecto del Nuevo Laborismo volvió a sorprender a partidarios y
enemigos esta semana cuando enterró un viejo tótem del laborismo y anunció que el
gobierno privatizará bienes y servicios del Estado por valor de 12.000 millones de libras
(20 mil millones de dólares). El autodenominado “Ministro de Hierro” indicó
que el gobierno impulsará una nueva era de cooperación entre el sector público y el
privado que le permitirá financiar inversiones en infraestructura, hospitales y
educación sin apartarse de la regla de oro del gobierno: no gastar más de lo que se
recauda. A Gordon Brown le agradan los golpes de efecto. El año pasado, a sólo cinco días del triunfo en las urnas, anunció que el Banco Central sería un ente independiente del poder político, que decidiría entre otras cosas el manejo de un instrumento clave de toda política económica: las tasas de interés. Este jueves el ministro de Economía laborista volvió a asombrar a sus pares al anunciar en la Cámara de los Comunes que privatizaría el control del tráfico aéreo, la Casa de la Moneda, el hipódromo, una radio, y otra serie de bienes estatales. Las medidas, que el laborismo opuso durante largo tiempo, fueron recibidas con risas y burlas por la oposición conservadora que durante 18 años de privatizaciones padeció las virulentas críticas del laborismo. Inmutable, Gordon Brown negó que se tratara de privatizaciones y reafirmó la existencia de un third way (“tercer camino”, “tercera vía”) equidistante de la agenda ultraprivatizadora del thatcherismo y del estatismo del viejo laborismo. Versión de los ‘90 de las distintas terceras posiciones que se acuñaron desde los ‘30 (Hitler, Mussolini, Perón, Nasser, Kadhafi), los laboristas proponen la creación de una “nueva era de cooperación entre el sector público y privado en los proyectos de interés común” que los críticos sospechan que es un manto de retórica para una política que es thatcherismo básico. En algunos casos esta parternship (asociación) significa que el gobierno retiene un 49 por ciento de la propiedad de la compañía como sucede con el control del tráfico aéreo. En otros casos se trataría de proyectos de infraestructura financiados conjuntamente por el Estado y la iniciativa privada. La venta de bienes del Estado se diferencia de las impulsadas durante 18 años por los conservadores en otro aspecto fundamental: el uso que se dará al dinero recaudado. Mientras los tories se dedicaron a la reducción impositiva, cuyos mayores beneficiarios fueron la clase media y los sectores más acomodados, los laboristas lo usarán para financiar un incremento del gasto público de 29 mil millones de libras (45 mil millones de dólares) en los próximos tres años concentrado especialmente en educación y salud. Los hospitales públicos, cuyas gigantescas listas de espera para operaciones y atención especializada aumentaron durante el año de gobierno laborista, recibirían una inyección salvadora de capital. Otra de las deudas sociales que el laborismo prometió subsanar durante la campaña electoral –las escuelas primarias y secundarias– acapararían la otra gran parte de la nueva inversión estatal del trienio. La fórmula debería ser ideal: la prudencia fiscal que entusiasma a la City y la inversión que desean los laboristas para “recomponer el tejido social que destruyeron los conservadores”. Brown demostró claramente la importancia que otorga a la opinión de los primeros al hacer coincidir su anuncio con el banquete anual que el intendente de la City londinense ofrece con gran pompa cada junio al ministro de Economía de turno. Los aplausos del mundo de las finanzas al discurso con que Brown coronó la cena fueron un clarísimo respaldo a los anuncios que había realizado por la tarde a la Cámara de los Comunes. En cambio, entre los miembros del “tejido social destruido por los conservadores”, la respuesta fue más fría. “No discutimos la necesidad de prudencia fiscal pero en este momento las finanzas están en perfectas condiciones como para invertirse todo lo que se necesita”, indicó a la BBC el secretario general de los empleados estatales, Rodney Bickerstaffe. Analistas independientes coinciden con la opinión del sindicalista. “Las cuentas fiscales del último año han cerrado con un cómodo superávit, en parte porque el laborismo se comprometió antes de las elecciones a mantener por dos años los límites de gasto público heredados de los conservadores”, señala Chris Giles del Instituto de Estudios Fiscales. La principal queja de los sindicatos es que el gobierno quiere invertir en infraestructura pero no en el personal que la pone en funcionamiento. La regla de oro del gobierno ha tenido por el momento una variable de ajuste indudable: los maestros, profesores, enfermeras y otros trabajadores del Estado. Mientras los salarios del sector privado están creciendo a un promedio de un 6 por ciento anual, los del sector público se encuentran entre el 2 y el 3 por ciento. El resultado es que los incrementos del sector estatal quedaron rezagados respecto de la inflación. Entre los diputados laboristas hay divisiones entre los que apoyan el third way y los que temen que una agenda aún más privatizadora termine arrasando con las pocas cosas que quedan en manos del Estado: Correos, el Sistema Nacional de Salud, los subterráneos. Este último sector iniciará una huelga el próximo lunes y martes en protesta por las condiciones salariales y el peligro de una privatización de las líneas. El jueves pasado los equipos técnicos de la BBC se declararon en huelga por los mismos temas. Educación y salud siguen siendo, sin embargo, los sectores clave porque podrían hacer naufragar las dos grandes promesas electorales del laborismo: salvar el sistema nacional de salud y dar prioridad a la educación. Entre maestros y profesores hay un estado de movilización desde principios de año. Las enfermeras, que raramente recurren a la huelga, han amenazado con que hay límites para su paciencia. La cuadratura del círculo que propone el laborismo de la tercera vía –mayor inversión estatal y cuentas fiscales en orden– dependerá en gran medida de la resolución de estas tensiones sociales de fondo.
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