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| Por Cledis Candelaresi
El proyecto alentado con tanto ahínco desde la Nación consiste en llevar agua para riego desde Tucumán hasta el noreste riojano, mediante un conducto (con diques y estaciones de bombeo), que también atravesaría Santiago del Estero, Catamarca y el norte de Córdoba. Gracias a este gigantesco acueducto, La Rioja no sólo se transformaría en beneficiaria de la cuenca del Salí-Dulce --a la que geográficamente no corresponde-- sino que obtendría un rédito desproporcionadamente alto: a ella se destinaría la mitad del caudal comprometido en la obra, contra el escaso 13 por ciento que le quedaría reservado a Tucumán, la provincia desde la cual se originará el recurso hídrico. Así, el Gobierno consigue poner en marcha un proyecto que no cuenta con el acuerdo de todas las jurisdicciones, promete un beneficio escaso en relación con su alto costo y con un gran impacto ambiental, básicamente sobre toda el área de la laguna de Mar Chiquita (Córdoba), que podría perder su status como reserva ecológica internacional. Uno de los aspectos cuestionados de esta iniciativa es que el gran esfuerzo fiscal sólo serviría para valorizar terrenos que hasta ahora se cotizan a sólo unos pocos centavos la hectárea. Otra es que tanto Tucumán como Córdoba se oponen a la obra, que les reportaría escaso rédito. En agosto pasado, el gobernador Antonio Bussi envió una carta al Consejo Federal de Inversiones negándose a firmar un acuerdo con sus pares para avanzar en la construcción del Canal Federal. En esa nota remitida al CFI --Consejo Federal de Inversiones, autoridad de aplicación junto al Ministerio del Interior--, aclaró que "en Tucumán no se dan las condiciones políticas para incluir un tema todavía no incorporado a la conciencia pública y rechazado por los sectores políticos". Gran parte del agua de que dispone esta provincia está muy contaminada por los desechos de la industria azucarera, por lo que mucho le costaría resignar ese preciado recurso. También hay resistencia en Córdoba, donde el defensor del Pueblo aconsejó a su gobierno presentar un recurso de amparo para evitar que prospere el proyecto del canal, ya que éste pone en riesgo la vida económica de una extensa área de la provincia. En diciembre de 1989, las cinco provincias involucradas habían convenido comenzar estudios para sistematizar la cuenca del los ríos Salí y Dulce, con la idea de llevar el agua a La Rioja "preservando la laguna de Mar Chiquita". En 1993, los mismos estados firmaron, junto al entonces ministro del Interior, Gustavo Beliz, el Convenio Canal Federal, creando un ente interjurisdiccional que evalúe "pormenorizadamente" todos los proyectos y estudios ambientales. Pero antes de que este ente se expida sobre la razonabilidad de la iniciativa, y con el expreso cuestionamiento tucumano y cordobés, el 25 de marzo pasado Carlos Menem firmó con los gobernadores de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero un acuerdo para la "iniciación de las obras del canal" que, curiosamente, no fue publicado en el Boletín Oficial. El círculo terminó de cerrarse con el reciente llamado a licitación de la Secretaría de Recursos Naturales, que desde hace pocos meses tiene a su cargo el desarrollo de las obras hídricas. La convocatoria de Alsogaray está dirigida a las empresas "calificadas oportunamente" para construir en Santiago del Estero el "Canal Tramo 1", con un presupuesto de 69 millones de dólares; una estación de bombeo en la misma provincia, por 55,8 millones; y la construcción del embalse El Bolsón sobre el río Albigasta en Catamarca, disponiendo para ello de 154,4 millones. El 23 de junio próximo se abrirán las ofertas para estos emprendimientos, que no están asociados expresamente al Canal Federal, aunque son parte necesaria de él. Los casi 300 millones que demandarán esas obras están aún lejos de los aproximadamente 1200 millones de costo total estimados originalmente. Pero como el proyecto de llevar agua hasta La Rioja sólo es técnicamente razonable si este recurso se extrae de las abundantes fuentes tucumanas, es casi un hecho que luego deberán ejecutarse otras obras hasta completar todo el acueducto. Es más: en el boletín informativo del Ministerio de Economía fechado en marzo, se incluye a Tucumán como parte del canal. Lo llamativo es el empeño presidencial en que se ejecute esa obra, incluida en el Plan Quinquenal de 1995 y en la nómina de emprendimientos que debían financiar los recursos de la venta del Banco Hipotecario. La incertidumbre sobre estos fondos --que posiblemente no puedan utilizarse para costear infraestructura pública--, así como las dudas sobre la razonabilidad del canal, amenazaron con dejarlo en stand by. Pero el Presidente parece haber conseguido, de la mano de María Julia, una vía para defender su empecinado sueño.
LOS EXPERTOS DENUNICAN LOS RIESGOS PARA EL ECOSISTEMA GRAVE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE
Un trabajo técnico de la Universidad Nacional de Córdoba y otro de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente advirtieron sobre los peligros ambientales, económicos y legales de alterar el equilibrio en la región: Argentina incumpliría tratados internacionales por los cuales el país está obligado a preservar el segundo "Sitio de Sudamérica" de que disponen aquellas bandadas. En rigor, la primera falta del Gobierno consiste en avanzar en el proyecto sin haber realizado antes un estudio del impacto ambiental que tendría todo el canal a lo largo de su trazado. La otra es haber desoído las opiniones técnicas que ya existen sobre el posible efecto sobre el noroeste cordobés. A pesar de las restricciones presupuestarias, un equipo de técnicos universitarios de Córdoba consiguió avanzar en un trabajo titulado "Valoración del impacto ambiental en la región de Mar Chiquita y la cuenca afectada por el Canal Federal en la provincia". Allí se advierte que "la mayor regulación disminuirá los desbordes del río Dulce y, en consecuencia, se afectarían los bañados que, aparte de su enorme importancia biológica, se utilizan como pastura para el ganado (...). La iniciativa podría transformar a la economía regional en una de tipo expulsivo, generadora de migraciones al no poder sustentar más la población actual", sentencia el texto. El mismo trabajo advierte que "todo tipo de obras que aumenten el riesgo de la laguna deberían ser cuidadosamente evaluadas pues ponen en riesgo, de parte de la República Argentina, el cumplimiento de compromisos asumidos en Pactos Internacionales para la defensa de esos humedales y reservas protegidas internacionalmente". Ya en diciembre de 1994 otro estudio, firmado por el biólogo Raúl Montenegro, de la Funam, llamó la atención sobre estos mismos peligros. Al restringir el agua de los bañados del río Dulce y la laguna, dice, "se afectaría grave e irreversiblemente los ambientes y ecosistemas del norte de la provincia, haciendo desaparecer total o parcialmente distintas especies, entre ellas el pejerrey y la nutria". Según el estudio, el canal también tendría un efecto lapidario sobre "las pasturas ribereñas y los proyectos de turismo". Entre otras penurias legales, el ex gobernador Eduardo Angeloz tendrá que responder por haber suscripto un acuerdo que impulsa el proyecto de construir el Canal Federal, ignorando las advertencias formuladas por aquellos especialistas. El ex mandatario radical tiene una causa penal iniciada en su contra, en la que se lo acusa de haber comprometido el patrimonio hídrico de la provincia, que enfrenta grandes problemas en el suministro de aguas a muchas regiones.
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La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente acaba de dar los primeros pasos para
concretar la construcción del Canal Federal, obra faraónica originalmente presupuestada
en 1200 millones de dólares, cuyo único beneficio sería el de llevar agua a desérticos
e impermeables terrenos privados en propiedad de muy pocas y ricas familias de la
provincia natal del presidente Carlos Menem, La Rioja. María Julia Alsogaray llamó a
licitación pública para realizar tres obras presuntamente independientes entre sí --dos
en Santiago del Estero y una en Catamarca--, que son los primeros eslabones de aquel
conducto acuífero, cuya planificación enfrenta a las provincias involucradas.