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Por Fernando Almirón Roberto Marquevich dictó la captura y encarceló al ex dictador Jorge Rafael Videla cuando en la Cámara de Diputados se disponían a tratar un pedido de juicio político en su contra presentado por la frepasista Diana Conti. La legisladora acusó al magistrado por mal desempeño de funciones en la causa que investiga los atentados y amenazas sufridas por los familiares del fiscal Pablo Lanusse, quien entendía en la denominada "causa del oro" mediante la cual se evaporaron 150 millones de dólares del Tesoro nacional. Marquevich había anulado 1500 fojas del expediente que involucraban directamente a Alfredo Yabrán y sus empresas de seguridad en la secuencia de intimidaciones que sufrieron el fiscal y sus hermanas. El magistrado dictó la medida en tiempo record a instancias del abogado Pablo Argibay Molina cuatro días antes de que el empresario postal apareciera muerto en su estancia de Entre Ríos. El jueves pasado la Cámara Federal de San Martín revocó la resolución del juez de San Martín que deberá regresar las fojas anuladas al expediente. Los primeros intentos por desvincular a Yabrán de las intimidaciones sufridas por Lanusse y sus familiares estuvieron a cargo del abogado Pablo Argibay Molina, quien recusó al juez que se ocupó de la causa desde sus inicios, Conrado Bergesio, por "falta de imparcialidad". El motivo argumentado para la recusación fue la presunta relación amistosa que Bergesio habría tenido con Domingo Cavallo. Cavallo fue el que le sugirió al magistrado las coincidencias en el modus operandi utilizado por los hombres de la agencias de seguridad de Yabrán para intimidar a sus competidores y el utilizado para amedrentar a la familia Lanusse. Incluso circuló un identikit de un hombre que habría participado en un atentado contra una empresa postal y también estaría entre los que atacaron a Patricia Lanusse de Rawson en Barrio Norte. La investigación avanzó en ese sentido. Con Bergesio recusado la causa pasó, tal como lo quería Argibay Molina, a manos de Marquevich, que en menos de veinte días estudió las 6 mil fojas del expediente y resolvió anular las 1500 hojas que comprometían a Yabrán y a sus hombres. Fue cuatro días antes de que el empresario apareciera muerto en un baño de su estancia entrerriana. Ahora la Cámara Federal de San Martín resolvió no hacer lugar a la anulación de esa parte del expediente y le ordenó al juez que continúe con esa línea de investigación. La diputada Diana Conti, quien había presentado un pedido de juicio político por este motivo, quiere activar el tratamiento del desempeño de Marquevich e impulsar su destitución. En la Comisión de Juicio Político también descansa otro de pedido de procesamiento contra Marquevich presentando en octubre del año pasado por Ana Feldmann de Jajan. Un año antes, también en octubre, los secretarios de Marquevich abrieron el tribunal de San Isidro a la 1.30 de la madrugada para escuchar a Julieta La Valle y Samantha Farjat cuando el abogado Mariano Cúneo Libarona, luego de intentarlo con otros jueces, finalmente obtuvo en Marquevich la predisposición para tomarles a las "chicas" una declaración que modificaba la que ellas mismas habían realizado días antes ante el juez de Dolores Hernán Bernasconi. "No tengo nada en contra de Marquevich, pero tengo serias dudas sobre su proceder", aseguró Conti, quien no descarta la posibilidad de interconsultas cotidianas entre el despacho del magistrado y el Gobierno nacional. "La resolución de la Cámara apoya el pedido de juicio político", concluyó la legisladora.
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