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LOS DIPUTADOS ACTIVAN EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A MARQUEVICH

El pedido se funda en su actuación en dos causas. Una es la de amenazas y atentados contra el fiscal Lanusse. La otra es una vinculada a Yabrán en la que Marquevich anuló 1500 fojas.

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Roberto Marquevich, juez de San Isidro, en la mira de los diputados.
"Tengo serias dudas acerca de su proceder", dice Diana Conti.


Por Fernando Almirón

t.gif (67 bytes)  Roberto Marquevich dictó la captura y encarceló al ex dictador Jorge Rafael Videla cuando en la Cámara de Diputados se disponían a tratar un pedido de juicio político en su contra presentado por la frepasista Diana Conti. La legisladora acusó al magistrado por mal desempeño de funciones en la causa que investiga los atentados y amenazas sufridas por los familiares del fiscal Pablo Lanusse, quien entendía en la denominada "causa del oro" mediante la cual se evaporaron 150 millones de dólares del Tesoro nacional. Marquevich había anulado 1500 fojas del expediente que involucraban directamente a Alfredo Yabrán y sus empresas de seguridad en la secuencia de intimidaciones que sufrieron el fiscal y sus hermanas. El magistrado dictó la medida en tiempo record a instancias del abogado Pablo Argibay Molina cuatro días antes de que el empresario postal apareciera muerto en su estancia de Entre Ríos. El jueves pasado la Cámara Federal de San Martín revocó la resolución del juez de San Martín que deberá regresar las fojas anuladas al expediente.

Los primeros intentos por desvincular a Yabrán de las intimidaciones sufridas por Lanusse y sus familiares estuvieron a cargo del abogado Pablo Argibay Molina, quien recusó al juez que se ocupó de la causa desde sus inicios, Conrado Bergesio, por "falta de imparcialidad". El motivo argumentado para la recusación fue la presunta relación amistosa que Bergesio habría tenido con Domingo Cavallo. Cavallo fue el que le sugirió al magistrado las coincidencias en el modus operandi utilizado por los hombres de la agencias de seguridad de Yabrán para intimidar a sus competidores y el utilizado para amedrentar a la familia Lanusse. Incluso circuló un identikit de un hombre que habría participado en un atentado contra una empresa postal y también estaría entre los que atacaron a Patricia Lanusse de Rawson en Barrio Norte. La investigación avanzó en ese sentido.

Con Bergesio recusado la causa pasó, tal como lo quería Argibay Molina, a manos de Marquevich, que en menos de veinte días estudió las 6 mil fojas del expediente y resolvió anular las 1500 hojas que comprometían a Yabrán y a sus hombres. Fue cuatro días antes de que el empresario apareciera muerto en un baño de su estancia entrerriana.

Ahora la Cámara Federal de San Martín resolvió no hacer lugar a la anulación de esa parte del expediente y le ordenó al juez que continúe con esa línea de investigación. La diputada Diana Conti, quien había presentado un pedido de juicio político por este motivo, quiere activar el tratamiento del desempeño de Marquevich e impulsar su destitución.

En la Comisión de Juicio Político también descansa otro de pedido de procesamiento contra Marquevich presentando en octubre del año pasado por Ana Feldmann de Jajan. Un año antes, también en octubre, los secretarios de Marquevich abrieron el tribunal de San Isidro a la 1.30 de la madrugada para escuchar a Julieta La Valle y Samantha Farjat cuando el abogado Mariano Cúneo Libarona, luego de intentarlo con otros jueces, finalmente obtuvo en Marquevich la predisposición para tomarles a las "chicas" una declaración que modificaba la que ellas mismas habían realizado días antes ante el juez de Dolores Hernán Bernasconi.

"No tengo nada en contra de Marquevich, pero tengo serias dudas sobre su proceder", aseguró Conti, quien no descarta la posibilidad de interconsultas cotidianas entre el despacho del magistrado y el Gobierno nacional. "La resolución de la Cámara apoya el pedido de juicio político", concluyó la legisladora.

 

 

MAS DE DOSCIENTOS PEDIDOS DE JUICIO POLITICO EN DIPUTADOS

DISPAREN CONTRA LOS FEDERALES

Por F. A.

El desempeño del Poder Judicial que nunca como antes en la historia fue tan permeable a los deseos del poder político derivó en más de doscientos pedidos de juicio político contra magistrados, que se acumulan en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchos de ellos quedarán encajonados para el olvido. Otros, derivados de casos más resonantes, son motivo de arduas negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición. Algunos jueces quedaron el camino: Francisco Trovato, Carlos Branca, Remigio González Moreno, Héctor Ramos. Otros ya están procesados: Norberto Oyarbide, Guillermo Tiscornia y Hernán Bernasconi. Roberto Marquevich está en las gateras, aunque el presidente de la Comisión de Juicio Político, César Arias, haya intentado en estos días de protagonismo del juez esconder el expediente que ya acumula dos pedidos de enjuiciamiento parlamentario. La mayoría de las causas pasarán al Consejo de la Magistratura, a fin de año.

"Hay una crisis judicial y uno de sus motivos es la imparcialidad de muchos magistrados nombrados con excesiva influencia política por parte del oficialismo", asegura Melchor Cruchaga, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de Diputados.

"A esta crisis se suma otra, la de falta de capacidad. Muchos jueces fueron nombrados por conveniencia política y no están preparados para el cargo. Llegaron a la magistratura sin antecedentes en el Poder Judicial", asegura Cruchaga y ofrece un ejemplo: "El caso de la jueza Rogovsky Tapia, sin ir más lejos. Renunció a su cargo después que se supo que había intentado contratar a un abogado particular para que redactara las sentencias de su juzgado, porque ella no sabía hacerlo".

Otros casos resultaron más graves:

* El juez criminal Héctor Ramos renunció después de haber protagonizado un escándalo en un hotel alojamiento en la zona de Retiro, al que llegó acompañado por una prostituta. El magistrado, completamente borracho, agredió al personal del albergue después de destruir parte del mobiliario. * El juez penal Remigio González Moreno intentó extorsionar a los directivos del Sanatorio Güemes después de haber descubierto irregularidades en la manipulación de material descartable en el centro médico. Como no le pagaron ordenó la detención compulsiva de los propietarios del establecimiento.

* Carlos Branca, titular del Juzgado Criminal Nº 2 ahora está preso. Fue encontrado culpable de los cargos de asociación ilícita y contrabando agravado. Branca regenteaba una banda que contrabandeaba mercadería robada en el marco de la causa que se denominó "aduana paralela".

* Otro que ahora está preso es Francisco Trovato, quien en realidad se llama Miguel Angel. Fue acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad exacciones ilegales, extorsión y cohecho agravado en dos ocasiones. Trovato fue procesado haber recibido un placard de 20 mil dólares por parte de Almagro Construcciones a cambio de que el juez archivara una causa en la que una adolescente perdió la vida. Y la archivó.

* Carlos Wowe se vio obligado a renunciar luego de que el periodista Bernardo Neustadt denunciara públicamente que el magistrado le había pedido varios cientos de miles de dólares para beneficiarlo en una causa por calumnias e injurias. Ahora es vecino de celda del ex dictador Jorge Rafael Videla.

* Hernán Bernasconi. Pese a que su juicio político está pendiente de sentencia en el Senado de la Nación, sigue a cargo del Juzgado Federal de Dolores, donde habría llevado adelante los delitos que se le adjudican. Entre ellos fabricar pruebas falsas para procesar a personas inocentes.

* Norberto Oyarbide, juez federal ahora de licencia. Su vida íntima se mezcló peligrosamente con sus funciones. Está acusado de amenazar de muerte a un ciudadano argelino que habría sido su amigo íntimo, de ser parte de una red de protección policial y judicial de prostíbulos, y de favorecer al Gobierno con sus dictámenes, tal como la resolución de desprocesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet en la causa que investiga el atentado en Buenos Aires que le costó la vida a ex jefe del Ejército de Salvador Allende, Carlos Prats.

* Esperan su turno de juicio político: Roberto Marquevich, Guillermo Tiscornia, Jorge Ballesteros, Susana Córdoba, Julio Speroni, Carlos Liporace, Ana Sotomayor, Fernando Galán, Gustavo Literas, Juan José Galeano, María Romilda Servini de Cubría, Mariano Bergés, y siguen los nombres de una Justicia temible en la Argentina.



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