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A DEFENDER EL INDULTO
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Granillo Ocampo mocionará en favor de que la Corte actúe sólo en delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del estatuto de ese organismo internacional. Esta visión jurídica tiene una clara intencionalidad política. Impediría, por ejemplo, al juez Baltasar Garzón juzgar a los militares genocidas argentinos (porque violaría el principio del "juez natural") o a Marquevich condenar a Videla por la apropiación de cinco hijos de desaparecidos (que vulneraría la irretroactividad de la ley). Sobre este punto, gran parte de los 120 países que enviarán sus representantes plantean que la Corte pueda sentar en el banquillo en caso a los responsables de genocidios y asesinatos masivos que no hayan sido juzgados porque ostentaban el poder en su país y contaban con el respaldo de alguna potencia. Para ejemplo, basta un botón: bajo la óptica del gobierno argentino, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, que juzgó y condenó a los serbios que participaron de un genocidio racial y religioso contra musulmanes y croatas, no tendría validez jurídica. Además, Granillo Ocampo se alineará con Estados Unidos y tres miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Gran Bretaña, que buscan que la Corte actúe sólo bajo la autorización de ese órgano mundial, donde tiene derecho a veto, para impedir que los jueces se involucren en países en conflicto donde haya cascos azules o una fuerza multinacional actuando. Granillo se manifestó a favor de que la Corte "intervenga sólo cuando los estados nacionales no hayan podido, o no hayan querido, perseguir penalmente los hechos que constituyen un crimen de competencia de la Corte". En ese sentido, agregó que tendrá competencia "para juzgar los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y su jurisdicción será, en principio, complementaria". Para el Departamento de Estado estadounidense, "la Corte no debe esposar a los gobiernos implicados en operaciones de mantenimiento de la paz". Basta otro botón de muestra para el saco de fuerza que pretenden colocarle a este organismo que aún no fue creado: militares belgas que formaban la fuerza de paz en Ruanda fueron acusados de violar los derechos humanos de las dos etnias en conflicto, hutus y tutsis. Pero esta posición choca justamente con la alta comisaria de Naciones Unidas, Mary Robinson, quien prometió a los grupos defensores de derechos humanos que las víctimas de genocidios podrían presentarse en los tribunales, más allá de cuestiones de bandera. En sintonía con el pedido que Menem lanzó en la reciente Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas, Granillo solicitará que los delitos vinculados con el narcotráfico estén comprendidos en el campo de acción de la futura Corte. A lo largo de 30 días, los representantes intentarán redactar un texto final de la convención que permita a la Corte Internacional ponerse a actuar apenas se designen a sus miembros, que tendrán la autoridad de juzgar a jefes de Estado, altos jefes militares o simples soldados.
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"Principios garantizadores básicos como el de la irretroactividad de la ley penal y
el de juez natural deben resultar claramente respetados." Con esa premisa, que
implica defender fuera del país los efectos de los indultos presidenciales, Raúl
Granillo Ocampo partirá hoy a Italia para participar de una conferencia en la cual se
buscará colocar los pilares y las bases para la creación de una Corte Internacional
Permanente que castigue las violaciones a los derechos humanos.