UNA DENUNCIA EN EL DESIERTO RIOJANO
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Por Cledis Candelaresi Los principales terrenos riojanos que serán beneficiados con la construcción del Canal Federal, emprendimiento anhelado por Carlos Menem cuyo costo total está estimado en 1200 millones de pesos, fueron comprados en 1994 por Skycab, empresa postal entonces propiedad de Angélica Yabrán, que el Exxel Group compró semanas atrás. La información surge de los registros catastrales de La Rioja y Catamarca y fue denunciada ante este diario por el diputado nacional del radicalismo Neme Sheij y el concejal tucumano José Azcárate. También beneficiará a tierras propiedad de las familias Yoma y Menem. Tal como Página/12 consignó ayer, la Secretaría de Recursos Naturales abrirá el lunes las ofertas para las tres primeras obras del acueducto, a pesar de las objeciones formuladas en estudios ambientales y por algunas de las jurisdicciones involucradas. Su costo, además, es desproporcionado en relación a su beneficio, que consistiría --básicamente-- en revalorizar desérticos lotes privados de la provincia natal del Presidente. Skycab es una de las firmas postales sindicada como del grupo del fallecido Alfredo Yabrán. Aunque él siempre negó esa relación propietaria, abundan datos que la confirman: su hermana Angélica fue la principal accionista y presidente de la empresa, acompañada por el socio gerente Víctor Hugo Dinamarca, ex represor y principal responsable de la agencia de seguridad Breedes, que trabajaba para Yabrán. Según aseguran Sheij y Azcárate, en 1994 la firma postal compró 38 mil hectáreas en el noreste de la Rioja (departamentos de Arauco y San Blas) y otras 40 mil en el noroeste de Catamarca, al irrisorio precio de 25 centavos la hectárea. Se trata de terrenos desérticos, sin valor comercial en la medida que le falte agua. Pero el destino de estos áridos lotes promete cambiar drásticamente cuando a ellos llegue ese vital fluido gracias al Canal, que llevará ese recurso desde Tucumán, pasando también por Santiago del Estero (en Río Hondo habrá una estación de bombeo) y Córdoba. Skycab es una de las últimas adquisiciones del Exxel Group, que a fines del año pasado también compró las principales compañías adjudicadas a Yabrán: Inversiones y Servicios (accionista privado en los depósitos fiscales y el free shop) y Oca, que previamente había comprado Ocasa. No está claro aún si los lotes que Skycab tuvo en las provincias norteñas pasaron a propiedad del fondo inversor como parte de la misma operación. Los beneficiados en la provincia natal del presidente Menem (que gracias a este emprendimiento se transformará en receptor de las aguas de la cuenca de los ríos Salí y Dulce) pueden ser muchos más. Los canales de riego que luego se deriven también podrían mejorar el precio de propiedades que corresponden a otros terratenientes, "entre ellos los propios Yoma y Menem, que tienen grandes extensiones", especula Azcárate. "Hasta dónde hacer llegar agua después, es una decisión política", asegura el concejal opositor al gobernador Antonio Bussi. Uno de los puntos débiles del proyecto es que su costo resulta desproporcionado en relación al beneficio previsto. Según el diseño original del canal su precio llegará a 1200 millones de pesos, en tanto que el trío de obras licitado ahora por María Julia Alsogaray le costará al Estado nacional los primeros 300 millones. Se trata del Tramo 1 del Canal (Santiago del Estero), para el que se dispuso 69 millones de pesos; la estación de bombeo, en la misma provincia, de 55,8 millones; y la presa catamarqueña El Bolsón, que el estado nacional presupuestó en 154 millones. Otra de las cuestiones controvertidas es que esta megaobra --que Menem incluyó en el Plan Quinquenal de 1995 y que el gobierno prevé financiar con fondos de la venta del Hipotecario-- es que está motorizada por un acuerdo que el 25 de marzo último firmaron sólo La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, omitiendo la participación de Tucumán y Córdoba. Estas últimas provincias objetan duramente la construcción del Canal, por el escaso rédito que les proporcionaría. Tucumán se resiste porque debería ceder gran parte de un recurso importante para su economía, y por esta razón el gobernador Bussi en agosto pasado reclamó al gobierno postergar la firma de aquel acuerdo interprovincial. Córdoba se opone porque el acueducto amenaza con alterar el equilibrio ecológico de Mar Chiquita, quitándole a esta zona su condición de reserva natural, y perjudicando la ganadería del norte cordobés. Estos riesgos fueron advertidos por un trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba y otro de la Fundación Para la Defensa del Ambiente (Funam), estudios que María Julia aparenta desconocer.
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